La explosión en el polo industrial de Ezeiza, que se viralizó en redes sociales, volvió a poner en primer plano a Iron Mountain, la empresa dedicada a custodiar documentos sensibles de bancos, grandes compañías y organismos públicos. El nuevo episodio reabrió una discusión conocida: quiénes almacenan información crítica del Estado y bajo qué controles lo hacen.
La explosión registrada en el polo industrial de Ezeiza dejó decenas de heridos, daños en viviendas y una secuencia de imágenes que se multiplicó en redes sociales. El hecho tuvo lugar en un predio donde funcionan varias empresas, entre ellas un depósito de Iron Mountain que, según autoridades municipales, se había mudado hace poco al lugar y resguardaba documentación de la administración pública.
Iron Mountain es una compañía estadounidense especializada en el almacenamiento y gestión de documentos físicos y digitales. Brinda servicios de archivo, custodia y destrucción de información para bancos, grandes grupos económicos y organismos estatales. En sus depósitos se concentran contratos, balances, legajos, expedientes y otros papeles que pueden resultar relevantes en investigaciones administrativas y judiciales.
El nombre de la empresa ya había quedado asociado a una tragedia en la Argentina. En 2014, un incendio en un depósito de Iron Mountain en Barracas provocó el derrumbe de una pared y la muerte de diez bomberos y rescatistas. La Justicia calificó aquel siniestro como intencional y elevó a juicio a directivos de la firma y a exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad, en una causa que también analizó la pérdida de documentación de bancos y grandes compañías y el rol de los organismos de control.
Con ese antecedente, la explosión en Ezeiza reinstaló a Iron Mountain en la agenda pública y volvió a concentrar la atención sobre la custodia de documentos sensibles. Las pericias deberán determinar el origen del siniestro y el alcance de los daños en cada planta, incluido el depósito de archivos. Mientras avanza la investigación, se reabre la discusión sobre las condiciones de seguridad de estos centros, el tipo de información que guardan y la responsabilidad del Estado a la hora de supervisar a las empresas que administran datos críticos.
