Desde hace algunas semanas, Sudán se ve envuelto en una guerra civil, debido al enfrentamiento entre diferentes facciones del ejército que ya ha provocado cientos de muertos y miles de desplazados por los ataques. La reciente crisis, tanto política como humanitaria, se manifiesta en doce de las dieciocho provincias del país y amenaza con extenderse a los países de la región y a las principales potencias globales, que tienen grandes intereses en la zona debido a los recursos naturales que posee.
Sudán es uno de los países más pobres del mundo, cuenta con alrededor de 45 millones de personas y es el tercero más extenso de África, detrás de Argelia y la República Democrática del Congo. Es rico en recursos naturales, especialmente por sus yacimientos de petróleo y minas de oro, pero vive sumergido en interminables conflictos internos. El último explotó a mediados de abril por los intereses contrapuestos entre dos facciones militares que habían derrocado al gobierno de transición en 2021. Su carácter transitorio se debía a que había reemplazado a la dictadura de Omar Hasán Ahmad al Bashir, en el año 2019, luego de que este se perpetuara por más de treinta años en el poder. Al-Bashir fue acusado por la Corte Penal Internacional de delitos de genocidio contra su población, entre ellos, la matanza en la región de Darfur entre 2003 y 2008, y la guerra civil de 2011, que derivó en la secesión de Sudán del Sur, perdiendo la mitad de su territorio.
Tras su caída, se estableció un gobierno compartido entre militares y civiles, mediante un acuerdo para llegar a una transición democrática en un plazo máximo de dos años. El plazo se cumplía en octubre de 2021, pero llegado el momento las fuerzas militares detuvieron al Primer Ministro Hamdok, disolvieron el gobierno civil y tomaron el poder. Ante esto, las protestas civiles se multiplicaron por todo el país para denunciar el golpe de estado. Las manifestaciones se extendieron hasta diciembre y fueron violentamente reprimidas por el ejército. Duró hasta que se llamó a un nuevo proceso de transición, con los militares al mando del gobierno, que debía culminar en julio de 2023 cuando entregarían el poder a los civiles, con el compromiso de que las fuerzas paramilitares se incorporasen a las fuerzas militares regulares.
En las últimas semanas estalló una interna de los grupos militares cuyos bandos cuentan con un número considerable de combatientes, recursos armamentísticos y un apoyo importante desde el extranjero. La escalada entre los dos más altos generales explotó debido a la crisis económica y la falta de financiamiento internacional del régimen militar, y eso puso al país en un riesgo político, social y humanitario sin precedentes, a tal punto que las delegaciones extranjeras evacuaron a su personal diplomático y a civiles, entre ellos, los gobiernos de España, Francia, China, Estados Unidos y Canadá, entre otros.
El poder de este gobierno de transición está repartido entre Mohamed Hamdane Daglo, llamado Hemedti, un mercenario que tiene vinculaciones con los traficantes de oro y que además es el líder de las fuerzas paramilitares llamadas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR); y el General Abdel Fatah al Burhan, líder del Consejo Soberano de Sudán, que es quien tiene a su cargo el gobierno. Las diferencias surgieron por la cuota de poder de cada bando. Además, se acusó a las FAR de matanzas y violaciones, por lo que solicitaron su disolución. Ante ello, Hemedti y las fuerzas del FAR fueron declaradas como “rebeldes” y comenzó un enfrentamiento entre las facciones que derivó en la situación actual.
Ante los dramáticos hechos, ambos mandos se comprometieron a realizar una tregua durante la celebración musulmana del Ramadán, para frenar los enfrentamientos y establecer corredores humanitarios que provean a la ciudadanía de atención médica, alimentos, agua y traslado a lugares seguros, junto a las evacuaciones de las delegaciones diplomáticas presentes en Jartum, la capital del país. Sin embargo, la tregua no fue cumplida y los enfrentamientos continuaron con disparos, explosiones, saqueos y aviones de combate atacando población civil e infraestructura. La escalada de los acontecimientos tiene como resultados más de seiscientos muertos y alrededor de cinco mil heridos.
La respuesta de la comunidad internacional no se tardó y la propia ONU, por intermedio del Secretario General, Antonio Guterres, decidió enviar al emisario para los Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja envió embarcaciones con ayuda a la ciudad de Puerto Sudán, debido al cierre del espacio aéreo en el país. Por otra parte, miles de refugiados han huido a países vecinos, especialmente a la República Centroafricana, Egipto y Arabia Saudita.
La situación se ha tornado dramática por la posición geográfica de Sudán en una región que bordea al Mar Rojo, el Sahel y el denominado Cuerno de África, y comparte el Río Nilo con Egipto. A su vez, la situación de grupos rebeldes que operan en los países limítrofes como Libia, Chad, República Centroafricana, Eritrea y la propia Sudán del Sur, hace que esos grupos puedan aprovechar la situación de debilidad interna del país para seguir acaparando territorios al margen de los Estados.
Sudán ha tenido una historia turbulenta tras su separación del Reino de Egipto en la década de los setenta. Luego de la guerra civil, tomó el poder Omar Hasán Ahmad Al-Bashir y gobernó con mano dura por treinta años. Asimismo, en los noventa el país fue aislado internacionalmente al acoger en su territorio a Osama Bin Laden, ya que tenía un gobierno de corte islamista de línea dura. Ese aislamiento se intensificó a comienzos del presente siglo por el conflicto en la región de Darfur, hechos por los que Al-Bashir fue acusado de crímenes de guerra y genocidio.
La situación económica de Sudán se vio fuertemente afectada por la separación de Sudán del Sur en el 2011, luego de un referéndum en el que alrededor del99% de los votantes de Sudán del Sur aprobaron la secesión. La escisión territorial le quitó alrededor del 75% de los recursos petroleros del país que son clave para su subsistencia. La severa crisis económica influyó en la caída del gobierno de Al-Bashir.
Las grandes potencias tienen intereses en el país: Estados Unidos y la Unión Europea han apoyado el levantamiento popular y la transición democrática, son acusados de financiar uno de los bandos militares (las FAR); mientras que Rusia, que tiene intereses en el Mar Rojo por ser una ruta crucial para los envíos de energía hacia Europa, planea la construcción de una base naval en Puerto Sudán bajo la aprobación del gobierno militar.
Asimismo, países arábigos como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, tienen intereses en Sudán ya que han instalado negocios allí. Por su parte, Egipto necesita un cese del conflicto debido a su enfrentamiento con Etiopía, que ha construido una enorme represa río arriba en el Nilo y que amenaza el suministro de agua para sus cien millones de habitantes. En ese sentido, el gobierno de El Cairo ha intentado un alto al fuego entre los bandos militares.
La solución puede tener diferentes escenarios posibles: que uno de los bandos triunfe y su líder se convierta en presidente, enviando al otro al exilio, prisión o la muerte; que la guerra civil se prolongue por un tiempo considerable o que se produzca una partición del país en dos mitades. Lo cierto es que, por ahora, el final no está a la vista y el conflicto amenaza con expandirse al resto de la región e incluso puede ocasionar que se involucren las grandes potencias, en lo que sería un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el eje occidental, representado por Estados Unidos y la Unión Europea, y el eje oriental, al mando del gobierno ruso.
