A finales de agosto se perpetró un nuevo golpe de Estado en África. En Gabón, militares tomaron el poder al derrocar al presidente reelecto Alí Bongo, poniéndolo bajo arresto domiciliario junto con su familia. El hecho se enmarca en un eslabón más en la cadena de sucesos en el continente africano, en un contexto de un rechazo cada vez mayor a la intromisión de las potencias occidentales en los países excolonias europeas, especialmente de Francia. En los últimos años han ocurrido ocho golpes de Estado, siendo la mayoría de ellos en países que sufrieron la colonización francesa: Malí en 2020 y 2021; Chad, Guinea y Sudán en 2021; Burkina Faso en 2022 y, este año, Níger en julio y el recientemente de Gabón.
Brice Oligui Nguema, quien tomó el poder, es hijo de un militar gabonés. También es primo del presidente depuesto y fue su guardaespaldas desde 2018. Fue acusado de intentar un golpe de estado en 2009 que fracasó y por el cual fue enviado a juicio, pero salió declarado inocente por no encontrarse suficientes pruebas de su participación en aquel hecho. No obstante, luego de ello, fue trasladado como agregado militar a la embajada de Gabón en Marruecos y regresó para hacerse cargo de la Dirección General de Servicios Especiales, el servicio de inteligencia de la Guardia Republicana gabonesa. Desde allí acumuló poder en la esfera militar, lo que le permitió darle el golpe de gracia al régimen de Alí Bongo.
Bongo es hijo del dictador Omar Bongo, quien estuvo al frente del gobierno del país por más de cuarenta años, desde 1967 hasta su fallecimiento en 2009. El desgaste del régimen de la familia se acrecentó en los últimos años, especialmente por los resonantes hechos de corrupción que fueron una constante. Se calcula que los hijos del dictador tienen propiedades en Francia por casi noventa millones de euros. Del régimen también se beneficiaron los más cercanos colaboradores, tanto del gobierno como del poder judicial local.
El estado de Gabón, un pequeño país de sólo tres millones de habitantes en el África ecuatorial, es un importante productor de petróleo y de manganeso, minerales que generan un 60% de los ingresos del país, convirtiéndolo en uno de los estados africanos más ricos. Pese a esto, el Banco Mundial advierte que la mayoría de la población vive bajo la línea de pobreza, con ingresos promedios de 5,50 dólares por día.
Al igual que en los demás casos de golpes de Estado, la injerencia y la importancia de las grandes potencias es la posibilidad de extraer esos recursos naturales para su beneficio, con la complicidad de las élites locales, que solamente buscan el interés propio y de sus allegados.
En este contexto de corrupción, el presidente Alí Bongo y su familia fueron acusados de alta traición al país, malversación de fondos públicos y contrabando de estupefacientes y de recursos naturales. Alí siguió la política de su padre y fue un aliado muy cercano de los diversos gobiernos franceses durante los catorce años que estuvo al frente del país. Con el apoyo de Francia, los Bongo establecieron un régimen político de partido único, de la misma forma que se desarrolló en las excolonias francesas de la región.
El desencadenante de la crisis fueron las últimas elecciones que tuvieron lugar en agosto. Allí resultó ganador Alí Bongo por tercera vez, con un 64,27% de los votos, pero fue un proceso electoral enmarañado por la poca transparencia de los comicios, la escasa participación, la falta de observadores internacionales. Incluso se suspendieron los servicios de internet.
El golpe de estado fue condenado por toda la comunidad internacional. El Secretario General de Naciones Unidas fue muy crítico sobre la situación en el país y llamó a un diálogo entre todos los sectores para lograr una solución pacífica al conflicto. Asimismo, desde Estados Unidos y la Unión Europea también salieron a repudiar el golpe de Estado, aunque reconocieron que el proceso electoral gabonés estaba enmarcado con vicios de nulidad.
Los demás países africanos también se sumaron a analizar la situación del Gabón. La Unión Africana activó la carta democrática y suspendió provisoriamente al país en sus actividades de la organización. Mientras que el presidente de la República Centroafricana Faustin Archange Toudéra fue designado por la Comunidad Económica de los Estados Centroafricanos (CEEAC) como mediador de un proceso político que permita la transición y se produzca un “rápido retorno al orden constitucional”. La CEEAC está conformada por Gabón, República Democrática del Congo, Congo, Burundi, Ruanda, Camerún, Chad, Santo Tomé y Príncipe, Guinea Ecuatorial, Angola y Ruanda.
El general Brice Oligui Nguema recibió a Toudéra en el Palacio Presidencial de la Renovación para iniciar conversaciones. El encuentro se produjo luego de que Nguema prestara juramento ante los jueces del Tribunal Constitucional como Presidente de “transición”, cuya duración no se precisó, pero con la promesa de devolver el poder a los civiles mediante elecciones libres, transparentes y justas. «Juro ante Dios y ante el pueblo gabonés preservar con toda fidelidad el régimen republicano y preservar las conquistas de la democracia» declaró ante un salón repleto e incluso con miembros del gobierno depuesto como el Vicepresidente y el Primer Ministro mientras manifestaciones de apoyo al nuevo gobierno tenían lugar en los alrededores del edificio.
El Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones (CTRI), como se hace llamar la junta militar, señalaron que se reunirán con los partidos políticos para crear instituciones fuertes y activar reformas democráticas, antes de convocar a nuevos comicios. Sin embargo, no precisaron ninguna fecha en concreto ni establecieron alguna hoja de ruta para lograrlo. En ese sentido, se destacó la promesa de sancionar una nueva Constitución, que sería validada por la población a través de un referéndum, como así también la promulgación de nuevos códigos electorales y penales. Finalmente, aseguró que dispondrá de medidas para el desarrollo económico del país, aprovechando los valiosos recursos naturales del país. Además, tendió puentes con los exiliados y prometió una amnistía para los presos políticos del país.
Los casos de Gabón y de Níger son consecuencia de la injerencia política, económica, financiera y cultural que las potencias europeas y Estados Unidos intentan realizar, especialmente en los países del África subsahariana, una región muy inestable y con la población más pobre del mundo, pero muy rica y necesaria para occidente por su incalculable valor de recursos naturales que poseen.
Tampoco es casualidad que, salvo en Sudán, la gran mayoría de los golpes de Estado que han ocurrido en las últimas décadas hayan sido en países que fueron colonias de Francia, que a pesar de la independencia formal, sigue manteniendo profundos vínculos económicos, financieros y culturales con esos países, siempre en búsqueda de sus propios intereses. Y es por esa razón que el sentimiento antifrancés siempre ha estado presente en los alzamientos golpistas, representado por la quema de la insignia francesa en las protestas civiles, con el objetivo de sacarse definitivamente el yugo francés de su vida cotidiana, más allá de la formalidad de la independencia política con Francia.
A pesar de ser un golpe militar, grandes manifestaciones de la población civil de Libreville, la capital, y de las principales ciudades del país apoyaron la caída de un régimen familiar y autoritario con más de sesenta años en el poder.
En definitiva, la sucesión de golpes de Estado en el África ponen en evidencia que la democracia al estilo occidental no tiene correlación con la idiosincrasia de la región, especialmente en el área subsahariana. El caso de Gabón es un ejemplo más de las recurrentes crisis que atraviesa el continente africano. Es por ello que una gobernanza global más amplia y multipolar, como lo propone el bloque de los BRICS+, es necesaria para poder lograr, desde la cooperación y la colaboración en igualdad de condiciones, la construcción de un modelo de vida mucho más digno para los estados africanos.
