El Gobierno nacional desmanteló el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer. La medida se basó en suspender las compras de opioides (morfina y metadona) con los que se trata a las personas enfermas de cáncer y en echar a 6 de los 8 integrantes del equipo. Las consecuencias de esta decisión son alarmantes. Sin la provisión de opioides, los pacientes con cáncer avanzado enfrentan un aumento del sufrimiento físico.
El Programa Nacional de Cuidados Paliativos no solo se encargaba de proveer medicamentos esenciales para aliviar el dolor severo, sino que también formaba recursos humanos interdisciplinarios y ofrecía apoyo a equipos de atención en todo el país.
El programa era un pilar fundamental para garantizar la atención integral de pacientes con cáncer avanzado, especialmente en las provincias más vulnerables. El recorte ha generado una ola de indignación entre profesionales de la salud y familiares.
Según denuncias de profesionales como la doctora Mariana Pechenik, referente del programa, el recorte ha dejado al programa sin capacidad operativa, con solo dos de integrantes. Esta reducción drástica pone en riesgo el acceso a cuidados paliativos, un derecho humano fundamental reconocido por la Organización Mundial de la Salud, afectando directamente la calidad de vida de miles de personas que enfrentan enfermedades terminales.
El desmantelamiento se enmarca en un recorte presupuestario más amplio: el INC sufrió una subejecución del 55% de su presupuesto en 2024. Este ajuste no solo compromete la atención actual, sino que también hipoteca el futuro de las políticas oncológicas en el país.
Organizaciones como la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) han expresado su preocupación por la falta de respuestas oficiales del Ministerio de Salud, que encabeza Mario Iván Lugones (foto) que hasta ahora no ha desmentido las denuncias ni ofrecido un plan alternativo.
Mientras tanto, trabajadores de la salud han convocado a una marcha el 27 de febrero para visibilizar el descontento frente a lo que consideran un abandono estatal.
Cabe recordar que en Argentina el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muertes.
