El deterioro salarial es uno de los puntos más críticos. Según datos reconocidos por el propio Ministerio de Capital Humano, el poder adquisitivo docente cayó un 35 % en el último año. A esto se suma la salida de más de 10.000 trabajadores del sistema, un éxodo que impacta directamente en la calidad educativa.
Las universidades sostienen que la falta de recursos ya afecta el funcionamiento de carreras nuevas y que, en muchos casos, los ingresos docentes no alcanzan ni para cubrir los traslados. Aunque algunas vacantes fueron cubiertas, señalan que la urgencia no compensa la pérdida de experiencia y formación acumulada.
Desde el CIN apuntan que el Gobierno ha evitado el diálogo institucional y ha respondido a los reclamos mediante redes sociales. Las autoridades universitarias insisten en que la vía formal es necesaria para encarar soluciones de fondo ante una situación que califican como grave y urgente.
También rechazaron las acusaciones de falta de transparencia y celebraron que el Ministerio haya admitido contar con información detallada sobre docentes y no docentes. El dato contradice los señalamientos oficiales sostenidos durante más de un año sobre una supuesta falta de registros.
Mientras tanto, el Congreso de la Nación sigue sin definir el futuro del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, las universidades enfrentan una crisis abierta, sin certezas sobre cómo garantizar la continuidad académica tras el receso invernal.
