El debate por la Ley de Glaciares volvió al centro de la escena esta semana. El Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba presentó una declaración en las audiencias públicas realizadas en la Cámara de Diputados y pidió rechazar el proyecto de reforma. Según planteó, la iniciativa debilita la protección ambiental y pone en riesgo reservas estratégicas de agua.
La ley vigente, sancionada en 2010, protege a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes de carácter público y restringe actividades que puedan afectarlos, entre ellas la minería y la explotación de hidrocarburos. El eje de esa norma es preservar estas áreas como reservas hídricas clave, además de resguardar su valor ambiental y científico.
Uno de los puntos más cuestionados es que la reforma propone limitar la protección a los cuerpos de hielo con aporte hídrico “relevante” y dar mayor margen a las provincias para decidir qué zonas quedan alcanzadas por la ley. Para sectores académicos, ambientales y jurídicos, ese cambio implicaría un retroceso en los niveles de protección ya establecidos.
La discusión no es menor: los glaciares cumplen una función clave en la regulación del agua en zonas de montaña, sobre todo en períodos secos. Por eso, el debate no se agota en lo técnico ni en lo jurídico: también abre una discusión sobre el acceso al agua, la gestión de los bienes comunes y los límites de las actividades extractivas en territorios sensibles.
Mientras el Congreso avanza con el tratamiento del proyecto, desde la UNC sumaron una advertencia concreta al debate nacional: modificar la ley en estos términos podría afectar la protección de ecosistemas estratégicos y abrir un nuevo frente de conflicto ambiental.
Fuente: UNCiencia
