El epicentro del reclamo es la demora en los pagos y el congelamiento de los aranceles para los servicios esenciales. Prestadores denuncian que no cobran desde hace meses, que los valores no se actualizan desde 2024 y que trabajan con insumos que ya no pueden cubrir. En la provincia, el Apross es el blanco de múltiples críticas por demoras que en algunos casos superan los cinco meses.
La situación también afecta directamente a las personas con discapacidad, que quedan sin atención médica, terapias ni transporte. El recorte de pensiones no contributivas, junto a la falta de cobertura de obras sociales, agrava un escenario que los propios profesionales califican como de “abandono”. Hogares y centros de día han advertido que no logran cubrir sueldos ni insumos básicos.
Frente a esta crisis, el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad toma centralidad. Impulsado por el diputado Daniel Arroyo, propone declarar la emergencia nacional, establecer un presupuesto específico y actualizar honorarios. También contempla mejoras en los procesos de auditoría y la agilización de las solicitudes de pensión, que hoy se aprueban a cuentagotas.
La protesta en Córdoba forma parte de una jornada nacional que busca visibilizar el deterioro progresivo del sistema de cuidados para personas con discapacidad. La consigna de la marcha apunta a frenar lo que describen como una política regresiva del gobierno nacional, que desmantela un entramado que durante años sostuvo la inclusión y el acompañamiento en uno de los sectores más sensibles del país.
