Rubén Amadeo Palazzesi, José Jaime Blas García Vieyra y Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso fueron secuestrados por miembros del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército y llevados a lo que se conocía como «La Casa de Guiñazú»: una casa apropiada ilegalmente donde funcionó un centro clandestino de detención, detrás del predio del Liceo Militar General Paz. Palazzesi y Cavigliasso eran militantes de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y del Peronismo de Base, y este último también era delegado sindical de SMATA.
En la casa quinta, los tres hombres fueron brutalmente torturados durante varios días. Después de algún tiempo, dos miembros no identificados del Grupo de Tareas de la ESMA llegaron al lugar para interrogar a Palazzesi, quien falleció a causa de los tormentos infligidos. Posteriormente, García Vieyra y Cavigliasso fueron trasladados a diferentes lugares de detención y liberados entre finales de 1980 y principios de 1981.
Para encubrir el crimen, el Tercer Cuerpo del Ejército -comandado por el general Luciano Benjamín Menéndez- montó la versión de que, cuando era trasladado hacia Campo de Mayo, Palazzesi tomó el control del vehículo, huyó y en una mala maniobra sufrió un accidente vial que lo mató.
Los ex militares Barreiro, Villanueva y Díaz están siendo acusados de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos e imposición de tormentos seguidos de muerte. Los tres ya han sido condenados por su participación en los grupos de tareas de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio La Perla y La Ribera.
El abogado querellante Eugenio Biafore destacó que “la importancia de este juicio radica en que estamos ante un homicidio cometido posteriormente a reiteradas sesiones de torturas aplicadas a una víctima en el año 1979, no en los años de la Triple A del 1974 y 1975; o de inicios de la dictadura de 1976 y 1977. La Quinta de Viotti o Quinta de Guiñazú, en inmediaciones del Liceo Militar General Paz, fue uno de los últimos centros clandestinos de detención que operó en Córdoba, en 1979, el aparato represivo ilegal seguía funcionando. También queda claro que hubo un conocimiento explícito de la Justicia federal sobre la represión ilegal, incluso le blanquean oficialmente a los familiares de Palazzesi, que las víctimas estaban bajo responsabilidad del Ejército; pero también está acreditado a través de las propias víctimas y de sobrevivientes, de la participación en este caso de grupos de tareas de la ESMA”.
Cabe destacar que Barreiro afronta el nuevo juicio privado de su libertad en una cárcel común, ya que el Tribunal Federal I de Córdoba dispuso el cese del beneficio de prisión domiciliaria. En el histórico juicio de la megacausa La Perla fue condenado a prisión perpetua por 28 crímenes de lesa humanidad.
En nuestro país se están llevando adelante 14 juicios orales abiertos en siete provincias. Desde el retorno de la democracia ya se realizaron 316 juicios, de los cuales 12 tuvieron lugar en Córdoba. A la fecha, se condenaron por delitos de lesa humanidad más de 1100 genocidas.
