Graciela fue secuestrada el 15 de octubre de 1976 cuando tenía 27 años. Apodada “Negrita” por sus compañeros de militancia, fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en donde le borraron la identidad para pasar a ser la “544”, números con el que los represores identificaban a sus víctimas.
Su tormento no solo fueron los golpes, las torturas y las picanas, sino que la “Negrita” tuvo que soportar reiteradas violaciones perpetradas por Jorge “Tigre” Acosta. Represor conocido por haber conducido el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA y encargado de tomar las decisiones de vida o muerte de las victimas, dentro del ex centro clandestino de detención y tortura.
La primera denuncia que realiza Graciela en la justicia data del año 2005. La víctima relató, en más de una oportunidad, que durante su cautiverio sufrió violencia diferenciada por su condición sexual: “el objetivo era aniquilar a esa mujer que éramos, una mujer autónoma, un modelo diferente, que había -de alguna manera- desobedecido. Autónomas, politizadas y que, a través del abuso sexual y la violación, buscaban nuestro deterioro, nuestro quiebre, nuestra desintegración”.
En los juicios por delitos de lesa humanidad del año 2017, el TOF 5 condenó a 48 genocidas, de los cuales 29 recibieron prisión perpetua, entre ellos Jorge Acosta. En dicha causa los delitos sexuales no fueron considerados de forma diferencial, sino que estuvieron inscriptos bajo “tormentos generales”. Por lo que no se contempló las denuncias previamente realizadas por Graciela Garcia Romero.
Cabe resaltar que desde el año 2010 los tribunales argentinos reconocen los delitos contra la integridad sexual en las víctimas de la última dictadura cívico-militar, como delitos independientes a los tormentos generales.
El año pasado la exdetenida-desaparecida volvió a solicitar que se declarara culpable al genocida, por las violaciones sexuales reiteradas a las que había sido sometida mientras estuvo secuestrada.
Luego de 18 años de realizar la primera denuncia, esta semana la justicia ratificó las condenas impuestas por el TOF 5 para los represores de la ex ESMA y agravó la acusación en contra de Acosta al encontrarlo culpable de “abuso sexual con acceso carnal cometido en perjuicio de Graciela Beatriz García Romero».
