Por Mía Zarra*
El miércoles 1 de abril, la explanada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) dejó de ser un lugar de paso para transformarse en un estudio de radio a cielo abierto. Bajo un sol que sostenía los 33 grados, la I° Jornada Abierta en Defensa de la Universidad Pública se puso en marcha no como un espacio de confrontación, sino como una instancia de visibilización y trabajo mancomunado. Organizada por Arcilla (conducción del Centro de Estudiantes), la coalición Estudiantes al Frente y el gremio docente ADIUC, la actividad buscó tender puentes entre los distintos claustros para abordar el sostenimiento del sistema universitario nacional.
Desde cables, consolas y el sonido de los micrófonos que capturaban la atención de quienes transitaban por la Ciudad Universitaria, hasta el ejercicio del periodismo universitario, se empezó a tejer una narrativa de convicción y compromiso compartido.
Números que abrazan el derecho
La radio abierta funcionó como el centro de gravedad de la jornada. Acá la palabra se volvió una herramienta de diagnóstico para situarnos frente al escenario actual y definir el horizonte común
Las intervenciones en el micrófono buscaron darle una escala humana a la realidad presupuestaria, traduciendo las partidas en el sostenimiento cotidiano de la institución. Paula Abate, Secretaria adjunta de ADIUC, expuso la delicada arquitectura que permite el funcionamiento de las aulas, una estructura donde la mayoría de los recursos se destina a garantizar el trabajo de quienes enseñan y habitan la facultad, dejando un margen mínimo para la operatividad básica de cada día. En ese escenario, el desfinanciamiento dejó de ser una cifra técnica para entenderse como un desafío vital para la permanencia del sistema.
La profundidad de la situación se analizó también desde las políticas de permanencia, un pilar fundamental de la universidad pública. Pablo Gonzalez, Secretario Gremial de ADIUC, aportó cifras contundentes que marcaron el pulso del último bloque. Explicó que la Ley de Financiamiento, lejos de representar un riesgo para las arcas del Estado, supone apenas un 0,2% del PBI; una inversión que la justicia ya ha señalado como razonable y necesaria para asegurar el derecho a la educación. Lo que muchas veces se simplifica como una demanda salarial, tiene en realidad su mayor impacto en el estudiantado: dos tercios de los fondos que prevé la ley están destinados específicamente a becas. Esto permitiría transformar los actuales 35 mil pesos de una beca Progresar —que hoy no alcanzan para cubrir el costo de los apuntes mensuales— en montos que rondeen entre los 150 y 200 mil pesos. De este modo, la prioridad se desplaza hacia la permanencia, el objetivo es que estudiar sea una posibilidad real y que ningún estudiante deba abandonar las aulas por falta de recursos básicos. Defender la universidad es, esencialmente, garantizar las condiciones materiales para que el derecho a estudiar sea efectivo.
Memoria viva y activa
El análisis no se limitó a la coyuntura. Se buscó comprender el presente a través de una lectura de las continuidades en la historia argentina, rescatando la masividad alcanzada desde mediados del siglo XX como un proyecto de desarrollo soberano. La defensa de la institución se planteó como una responsabilidad democrática, donde el diálogo entre los gremios y el estudiantado es la clave para renovar el compromiso con una educación de calidad.
Jimena Massa, delegada de ADIUC, enfatizó desde el público, la importancia de habitar la universidad y dotarla de contenido pedagógico. Para el cuerpo docente, estas instancias permiten compartir con el estudiantado que la sostenibilidad del sistema es lo que garantiza la validez y el prestigio de cada título alcanzado en nuestras aulas. Con la honestidad de quien pisa el aula todos los días, soltó que “la idea del paro no es ni cómoda ni feliz para nadie”. Porque al docente le gusta estar ahí, enseñando, pero con un sueldo que se desintegró un 50% en pocos meses, la vocación se vuelve una gimnasia de supervivencia.
Se hablaba de soberanía, no como una palabra de diccionario, sino como el derecho de un pueblo a generar su propio conocimiento, ese “conocimiento situado”, ese que permite investigar lo que a la comunidad le hace falta y no lo que al mercado le rinde.
Habitar la universidad: el compromiso de las nuevas generaciones
Mientras los datos y la historia se analizaban desde el micrófono, a pocos metros de la radio se manifestaba la vida misma de la facultad. Una estudiante celebraba su egreso como Licenciada en Comunicación entre los festejos tradicionales de harina y alegría. Fue un encuentro de sentidos, la satisfacción por la meta alcanzada conviviendo con el compromiso de garantizar que ese horizonte siga abierto para todos. Luna Albrichi, egresada de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y participante de la radio abierta, compartió su mirada sobre el valor de habitar estos espacios. Para ella, el sentido de la universidad pública es precisamente ese: asegurar que el egreso sea una posibilidad real basada en el derecho a la educación y no un privilegio reservado para unos pocos.
Esa misma convicción es la que moviliza a quienes recién inician su camino en la carrera, como Cata y Agustín, ingresantes de Comunicación Social. Para ellos, la realidad económica marca una agenda urgente; Cata señalaba con preocupación cómo el costo del transporte o el valor de los materiales de estudio –que hoy pueden alcanzar los 5 mil pesos– dificultan la permanencia de muchos compañeros. “Es un esfuerzo muy grande el que hace el estudiante que la viene remando”, explicaba. Agustín, como muchos, decidió estar presente en la explanada para interiorizarse y formar parte de esta construcción colectiva. Lejos de la pasividad de las redes sociales, prefirió sumarse al encuentro presencial, convencido de que la brecha entre el cuerpo docente y el estudiantado se acorta cuando el compromiso por defender la universidad es el mismo y se manifiesta de manera compartida.
Hacia el final de la tarde, una lluvia intensa marcó el cierre de la actividad, trasladando la charla hacia los pasillos de la facultad. Sin embargo, el clima no empañó el balance de la convocatoria, esta primera jornada dejó en claro que la defensa de la educación pública en la FCC se escribe en clave de acuerdos y unidad. El encuentro funcionó como la constatación de que, cuando el objetivo es común, la pluralidad de voces se convierte en la mayor fortaleza de nuestra comunidad. Entre el agua y las palabras, la universidad se reafirmó como un proyecto de futuro que se sostiene con datos, convicción y, sobre todo, con el rigor del trabajo colectivo
El valor de lo compartido
La importancia de esta primera jornada abierta en la Facultad de Ciencias de la Comunicación no radica solo en el encuentro en la explanada, sino en la recuperación de la palabra como herramienta de construcción colectiva. El calor de la tarde era apenas un recuerdo en la ropa húmeda, pero la sensación general era de una certeza renovada de que la Universidad sigue siendo el lugar por excelencia para el encuentro, el diálogo y la decisión compartida.
En un contexto que exige respuestas claras, lo que se vivió fue un ejercicio de memoria viva y compromiso ciudadano. Lograr que docentes, no docentes, estudiantes y egresados se sienten a pensar juntos la universidad —no como un servicio, sino como un derecho que se defiende con argumentos y presencia— en sí mismo, el motor que vitaliza una identidad construida desde la pluralidad y el compromiso político.
En la medida en que se sostengan los espacios para el diálogo y la pluralidad, el horizonte de una universidad pública de excelencia permanece intacto. El compromiso institucional no solo se traduce en la solidez de sus partidas presupuestarias, sino en la certeza de que el hecho educativo trasciende lo administrativo cuando se asume como una herramienta política de cambio y construcción colectiva.
Esta tarde terminó bajo el diluvio, pero lo que se puso en marcha tiene raíces profundas. Esta primera jornada fue un nuevo gran aviso de que, ante los intentos de desfinanciamiento, la respuesta de la comunidad será siempre más organización, más diálogo y más construcción. Porque no estamos pidiendo un favor; estamos defendiendo el suelo que pisamos.
La justicia ya fue clara y el fallo está sobre la mesa, los fondos existen y el Gobierno debe acatar la Ley de Financiamiento, la “falta de recursos” es una decisión política y no una fatalidad contable. Se agotaron las excusas técnicas y se terminó el tiempo de las dilaciones. Existe la certeza de que este horizonte va a cambiar porque la legitimidad de este reclamo es absoluta. La ley es una obligación, no una sugerencia de turno. Es momento de que la cumplan. Cumplan La Ley.
*Mía Zarra – Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba
