El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de desprendimiento de tierras públicas en Ushuaia. A través de la Resolución 101/2026, la Agencia de Administración de Bienes del Estado desafectó un sector de 2.939,35 metros cuadrados bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa y de la Armada.
El predio está ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, dentro de un inmueble de mayor extensión vinculado a la Base Naval Ushuaia. La medida no implica una venta ya concretada: no hay precio base, subasta publicada ni comprador informado. Sin embargo, el expediente oficial señala que tramita un estudio preliminar del inmueble “del cual se prevé su enajenación”.
Según la documentación oficial, Defensa puso el terreno a disposición de la AABE en agosto de 2025 por considerarlo prescindible. El argumento fue que no es utilizado por la Armada y que tampoco se prevé su utilización en el futuro. El informe de ocupación agregó que el lugar está en desuso y sin ocupaciones permanentes, aunque registra una ocupación transitoria de Camuzzi Gas del Sur como acopio de caños.
La decisión vuelve a poner bajo discusión el destino de las tierras estatales en una ciudad estratégica. Ushuaia no es un punto más del mapa: es puerta de entrada a la Antártida, enclave del Atlántico Sur y sede de infraestructura militar vinculada a la presencia argentina en la región. Por eso, más allá de ordenar bienes ociosos, la pregunta política es qué lugar ocupa la soberanía cuando terrenos asociados a la Armada pasan a ser tratados como activos inmobiliarios.
El caso se suma a otro antecedente: un predio de más de 91 mil metros cuadrados sobre Hipólito Yrigoyen, también en Ushuaia, que ya figura en la web oficial de AABE como “venta futura”. En ambos casos, el Gobierno sostiene que se trata de racionalizar el patrimonio estatal. La discusión de fondo es si esa racionalización fortalece el interés público o reduce la presencia del Estado en una zona clave del país.
