Hace un año y medio asumía Xiomara Castro, la primera presidenta de la historia de Honduras. Llegó impulsada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) para dejar atrás doce años de gobierno del conservador Partido Nacional, que había tenido un rol preponderante en el golpe de Estado de 2009 que sufrió José Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria.
A un año y medio de asumir el poder, Zelaya es un actor clave de las decisiones que se toman en el país. Con despacho propio en el Palacio Presidencial José Cecilio del Valle, la figura de José Manuel “Mel” (como se lo conoce) es garantía de gobierno, y de escucha a los sectores desfavorecidos, que peregrinan a la casa presidencial en búsqueda de respuestas a sus reclamos. La presencia de Mel es fundamental para Xiomara: además de ser su esposo, es su principal asesor en los temas políticos que atañen al país. Tanto es así que antes de la ceremonia de juramentación como Presidenta, en un acto simbólico, le fue devuelta la banda presidencial que le habían arrebatado en el golpe de Estado de 2009, cuando en pijamas fue subido a un avión a punta de fusil.
El partido LIBRE controla el Congreso Nacional, en un sistema basado en alianzas entre este partido y el Partido Salvador de Honduras (PSH). Los ejes del gobierno de Xiomara, se basan en la implementación de una política alejada a los doce años anteriores en los cuales ese país se había convertido en un “narco-Estado”, controlado por el Partido Nacional bajo las directivas del ex presidente Juan Orlando Hernández, ahora extraditado a Estados Unidos donde enfrenta cargos y juicios por tráfico de drogas.
Sin embargo, también el gobierno de Castro ha tenido que enfrentar serias críticas de la población y de la prensa, al permitir la vuelta de ex aliados políticos acusados de hechos de corrupción durante el gobierno de Zelaya. El caso más resonante es el de Flores Lanza, quien fue acusado de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y la sustracción de 10 millones de lempiras (la moneda local) del Banco Central de Honduras, unos 500.000 dólares. A sólo una semana de la asunción de la Presidenta electa, este personaje y varios más, fueron beneficiados con una ley de amnistía nacional.
Lo concreto es que, con la vuelta de Castro al poder, el tradicional Partido Nacional no sólo perdió la presidencia sino también la mayoría en el Parlamento. El retorno de la familia Zelaya fue el resultado de negociaciones políticas que se extendieron durante casi una década y que permitieron el arribo al gobierno nacional, pero esta vez con las Fuerzas Armadas bajo su subordinación y con la premisa de lograr un “socialismo democrático”, como forma de superar los desafíos de una país altamente polarizado y empobrecido.
El gobierno de Xiomara es caracterizado como una izquierda moderada, limitada por la presencia de un conservadurismo muy profundo en las elites económicas y políticas de la oposición hondureña, especialmente en la capital, Tegucigalpa. Es por eso que cualquier acción orientada a la redistribución de la riqueza o que representen beneficios sociales, es vista como una amenaza a los beneficios heredados y consolidados de generación en generación.
El estilo de la gestión de Castro es similar al de su marido: sus principales baluartes se hallan entre las masas de la población y especialmente en los maestros, los campesinos sin tierras, y como novedad, también en la policía y los militares. Es decir, es un gobierno altamente popular, pero con las lecciones aprendidas producto del golpe.
Párrafo aparte merecen las relaciones con el Ejército, que ahora son mucho mejores y han redundado en el incremento de su presupuesto anual, a expensas del gasto social en salud. El pacto con las Fuerzas Armadas tiene por objetivo garantizar la gobernabilidad, ya que los militares hondureños siempre han estado pendientes de la política local, en constante consulta con la alta oficialidad castrense y con Estados Unidos. La relación con Washington eximió, en las investigaciones del narcotráfico, a los altos oficiales militares y policiales, pese a haber pruebas de su complicidad.
A su vez, las relaciones con los movimientos sociales por ahora son correctas. Se llevó una llamada de atención con los defensores del medio ambiente y del patrimonio comunal, especialmente al interior del país. Mestizos, indígenas y afrodescendientes están en proceso de proteger vastas zonas del territorio hondureño en contra de la expansión minería, para preservar bosques, ríos e incluso las tierras de la costa caribeña por su potencial turístico. Estos sectores ya no son víctimas de persecución como lo fueron entre 2009 y 2021, cuando fueron castigados duramente, teniendo su corolario con el asesinato de la activista Berta Cáceres. Sin embargo, los reclamos no han obtenido, por ahora, una respuesta favorable del gobierno.
En Honduras la persecución contra la colectividad LGTBIQ+, los pueblos originarios, la violencia doméstica contra la mujer y los ataques a la libertad de expresión continúan a la orden del día. La autoría intelectual suele ser de poderosos personajes de la política y la economía local. Sin dudas, estos son los principales problemas a resolver por parte de la dirigencia actual.
En el plano internacional, Xiomara se ha apoyado en las buenas relaciones con presidentes Latinoamericanos, especialmente con Lula Da Silva y en su cercanía con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien viajó especialmente para el acto de asunción en 2022. En relación al gobierno norteamericano, la gestión de Castro ha tenido vaivenes. Por un lado, ha colaborado estrechamente con Washington para reducir la migración indocumentada hacia Norteamérica, y continuar con las investigaciones por narcotráfico en territorio hondureño, especialmente al interior del país, región con fuerte presencia narco. Pero, por otro lado, las tensiones con la administración Biden han emergido luego de la decisión de forjar lazos diplomáticos con China en búsqueda de inversiones.
El vínculo con Estados Unidos es fundamental para Honduras, por ser un país en el medio del istmo centroamericano, tiene un rol importante para contener las migraciones hacia el norte. Además, las principales exportaciones e importaciones hondureñas son con el mercado. Se estima que un millón de hondureños residen en Estados Unidos, lo que hace que las remesas que envían a sus familiares, sean una de las principales fuentes de divisas para el gobierno en Tegucigalpa. Por su parte, las elites y las clases medias locales están altamente influenciadas por la cultura norteamericana.
El narcotráfico en las últimas décadas ha convertido a Honduras en un narcoestado, donde regiones enteras están controladas por fuerzas ilícitas generando focos de violencia por comercio y rutas de transporte. Trascendiendo las regiones rurales, se ha dado un proceso de crecimiento en las zonas suburbanas, con la presencia de las “maras”.
La idea de Xiomara Castro es replicar lo que está haciendo Bukele en El Salvador, con leyes más represivas para con los hechos de violencia, pero esta política aún no ha tenido la repercusión que sí tuvo en la política salvadoreña, especialmente por hay grandes zonas del país donde es de difícil acceso para las fuerzas estatales y donde la influencia del narcotráfico es muy poderosa.
Por otro lado, la presencia de su marido en el gobierno como su principal asesor hace sombra a las habilidades políticas que la Primera Mandataria ha demostrado en su camino. Zelaya es un político de corte caudillista que, a pesar de su falta de habilidad oratoria, se abrió lugar en la política hondureña y centroamericana mediante negociaciones, con la habilidad de atraer lealtades a cambio de favores de diverso tipo. Así, el nombramiento de funcionarios y de los mandos medios se promueven por lealtad al caudillo y la facción dominante del partido, apoyándose más que en la capacidad, en ser leales a quien detenta el poder, con más razón luego del golpe de Estado.
Los desafíos que enfrenta Xiomara Castro hacia el futuro son enormes: Honduras es uno de los países más pobres de la región y, además de la miseria, es golpeado por el narcotráfico. Es por eso que, a más de un año de iniciar su mandato, no ha podido salir de la habitual política de asistencialismo a las clases populares. La oposición de las grandes elites económicas, mediáticas y religiosas impide realizar los profundos cambios que necesita el país para salir de la pobreza. La construcción de una correlación de fuerzas que permita torcer el rumbo, es el objetivo más importante que le espera a Xiomara Castro para lo que resta de su mandato.
