Netanyahu fue Primer Ministro por cinco períodos consecutivos, entre marzo de 2009 y junio de 2021, donde asumió su sexto mandato en diciembre de 2022, luego del fallido gobierno de alternancia. El cual no cumplió con las expectativas que despertó por las evidentes diferencias ideológicas entre los ocho partidos que la componían, que incluso tenía por primera vez a un partido árabe en su seno, lo que había permitido un acercamiento a los gobiernos musulmanes de la región.
El rumbo del gobierno anterior fue rechazado en forma amplia por el electorado a fines de 2022 en las elecciones parlamentarias. Es así que en el nuevo Parlamento la representación de los partidos de centroizquierda y progresistas se vio reducida a los partidos de derecha, ultraderecha y ultranacionalistas. Quienes obtuvieron una victoria que estaba lejos de ser prevista. Gracias a ello, Benjamín Netanyahu pudo volver nuevamente al poder, apoyado en 64 de los 120 diputados.
En este nuevo período, el controvertido Primer Ministro, está buscando perpetrar un proyecto ideológico ultranacionalista junto a su partido Likud: convertir a Israel en un régimen nacionalista judío autoritario, en marcada oposición a la visión democrática que tenían Theodor Herzl, Vladimir Zeev Jabotinsky y David Ben Gourion, los padres fundadores del sionismo. El primer paso lo logró en 2018, en su anterior administración, al adoptar el Parlamento israelí (llamado Knesset) la denominada ley “Israel: Estado-nación del pueblo judío”, la cual trata de excluir a toda minoría árabe presente en el país.
Mientras que el objetivo del nuevo gobierno es avanzar aún más en dicho plan: restringir el Estado de Derecho, llevar adelante reformas educativas (como ser dejar de enseñar inglés en las escuelas y que sólo se enseñe hebreo), aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, excluir a los partidos de centro y centro izquierda, imponer el nacionalismo judío como identidad nacional, como así también, avanzar en la anexión de territorios en Cisjordania para los colonos israelíes. Esta nueva coalición de gobierno se caracterizar por la presencia del partido Fuerza Judía, que es liderada por Itamar Ben-Gvir (abogado y defensor de terroristas judíos y autores de crímenes de odio), quién ha ganado espacios de poder con su visión abiertamente racista, violenta, xenófoba y supremacista del judaísmo, al pretender la aniquilación de la población árabe.
Bombardeo a Naplusa, Cisjordania.
Como telón de fondo se encuentra la constante avanzada en las zonas palestinas de Cisjordania en donde los colonos israelíes pretenden establecer nuevos asentamientos judíos. Uno de los puntos más álgidos se vivió en febrero cuando en la ciudad de Naplusa, la cual, según los Acuerdos de Oslo, son de administración y seguridad palestina, un grupo del ejército israelí ingresó por la fuerza asesinando a once ciudadanos palestinos, los cuales fueron acusados de pertenecer a una nueva organización guerrillera llamada “La Guarida de los Leones”. Luego se comprobó que sólo siete de ellos pertenecían a ese grupo mientras que el resto eran ciudadanos comunes. Este ataque perpetrado a plena luz del día y en la ciudad más grande de Cisjordania, despertó una vez más la ira del pueblo palestino sobre el accionar del ejército de Israel.
A los pocos días de asumir el nuevo gobierno, el Parlamento unicameral de Israel, comenzó el proceso de aprobación de las polémicas leyes que impulsó Netanyahu sobre el plan de reforma judicial. El arquitecto fue el jurista y diputado Yariv Levin, quien desde el 2009 dirige la embestida contra la justicia y los jueces.
A inicios de este año Levin es nombrado como Ministro de Justicia. Una de sus primeras medidas fue presentar el proyecto de “revisión radical”, según el cual el “pueblo otorga a la mayoría elegida en las elecciones la legitimidad para gobernar sola, sin interferencias de magistrados, quienes no han sido electos por las urnas”. Es así que una mayoría simple de diputados puede anular cualquier decisión de la Corte Suprema de Justicia. Además el nombramiento de los miembros de la Corte debería, también, pasar a estar bajo el control de quienes detentan el poder político.
Otra de las medidas que impulsa Levin es la modificación en el Código Penal para que las acusaciones de corrupción contra dirigentes políticos sean reducidas. Este punto es el que le interesa en mayor medida a Netanyahu que busca, con esta reforma, ganar inmunidad judicial. Cabe resaltar que está siendo procesado por tres cargos de corrupción, malversación de fondos y fraude en su anterior período al frente del Poder Ejecutivo israelí. Causas que podrían llevarlo a prisión.
Luego de un arduo debate en el parlamento, se aprobaron las dos leyes por 63 votos afirmativos contra 47 votos negativos. Una vez avanzado el proyecto, Esther Hayot, presidenta de la Corte Suprema, se manifestó abiertamente en contra de la reforma judicial y afirmó que “se trata de una ofensiva contra el sistema judicial como si se tratara de un enemigo que hubiera que atacar y controlar. Esta reforma conlleva un golpe mortal a la democracia”.
En ese momento comenzaron las protestas en las calles de Israel, donde la oposición y la sociedad civil consideran que se trata de un cambio de régimen político e interno para instaurar un verdadero sistema de corte autoritario. A esto se suma la intención de uno de los partidos de la alianza de gobierno, “Sionismo Religioso”, quienes representan a los colonos judíos que ocupan Cisjordania y piden restringir el poder de la Corte Suprema que limita el avance de nuevas colonias. Según la postura partidaria, señala que el poder judicial: “bloquean la ocupación. No es que tengan una postura anti-ocupación. Simplemente siempre interfieren”.
Protestas contra el Primer Ministro Netanyahu
Ante tamaño avance sobre uno de los poderes del Estado, las protestas se multiplicaron por territorio israelí. Especialmente en la ciudad de Tel Aviv donde la policía reprimió a la multitud reunida disparando gases lacrimógenos. En el marco estrictamente político, sectores de poder que reúne a ex primeros ministros, ex jefes del ejército y el ex jefe del servicio secreto de Israel (Mossad), exigieron en una carta al Presidente convocar a una Asamblea Constituyente para proteger la democracia y evitar las acciones del gobierno que “amenaza con convertir a Israel en una dictadura de facto”.
El Estado de Israel desde su creación, en 1948, tiene la particularidad de que no posee una Constitución escrita en donde se plasmen los derechos y garantías de la ciudadanía, ni se garantice la independencia judicial. El país se rige por leyes sancionadas por el Parlamento, el cual tiene como último intérprete a la Corte Suprema. Esto deja en evidencia la fragilidad de la división de poderes, ya que una simple ley puede legislar sobre los cimientos más básicos del Estado de Derecho.
Además, el ala más conservadora de la coalición gobernante lo que intenta lograr es la plena ocupación de los territorios de Cisjordania. Llevando a una profundización de la ocupación y la colonización de esos territorios palestinos, para anexarlos definitivamente al dominio israelí. En el mismo sentido, grupos vulnerables al interior de Israel, también están bajo su mira con la idea de restringir derechos, especialmente las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
Es por eso que la pretendida reforma judicial no sólo persigue proteger al Primer Ministro de sus acusaciones por corrupción, malversación de fondos y fraude, sino también dejar de lado el último escollo que los grupos de extrema derecha tienen para lograr esa anexión ilegal de nuevos territorios en Cisjordania.
La Corte Suprema, el blanco apuntado por las leyes de la reforma, es quien debe juzgar en definitiva los procesos contra Netanyahu, como así también la que pone límites para ocupar las tierras palestinas para desarrollar el proyecto colonial en Cisjordania. Es por esa razón que la búsqueda de debilitar a la Corte Suprema se torna como vital para el régimen del Primer Ministro ya que es la única institución a la cual pueden recurrir la población palestina para defender sus derechos ya que frena el desarrollo de la colonización.
Incluso antes de su última investidura, Netanyahu, anunciaba el tenor de su nuevo gobierno al sostener que “el pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inalienable sobre la tierra de Israel. Mi gobierno expandirá los asentamientos por todas partes, incluyendo Judea-Samaria”.
Si bien es cierto que en las elecciones israelíes más de la mitad de la población vota por partidos que pretenden colonizar las tierras palestinas, gran parte de la comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas pretende para este histórico conflicto la solución de “dos Estados para dos pueblos”.
De ambos lados, tanto de Israel como de la propia Palestina, existen organizaciones fundamentalistas. Algunas legítimas (como el propio partido Likud) y otras ilegítimas como los grupos guerrilleros palestinos (Hamas), que hacen cada vez más difícil llegar a una solución a los enfrentamientos entre ambos pueblos.
La pretendida reforma judicial exacerbó aún más las protestas en contra de Netanyahu llevando a imágenes inéditas de Israel con manifestaciones de más de cien mil personas en las principales ciudades del país, siendo las más masivas las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv. Ante la presión social, mediática, internacional y de algunos miembros de su propio gobierno, como el Ministro de Defensa, Yoav Gallant (un militar condecorado y héroe de guerra), Netanyahu decidió aplazar temporalmente su polémica reforma judicial hasta luego de las pascuas judías, es decir, sólo por algunas semanas.
La crisis política en el país se ha visto menguada en los últimos días por este aplazamiento parcial, en donde la oposición y la ciudadanía entienden que es una estrategia para ganar tiempo y lograr alianzas que le permitan avanzar en su objetivo. Este contexto, ha llevado al gobierno del Primer Ministro a comenzar una nueva ofensiva contra sus vecinos para desviar la atención de la ciudadanía. En los últimos días se realizaron constantes bombardeos por parte del ejército de Israel sobre Siria, el Líbano y la Autoridad Palestina, especialmente la Franja de Gaza.
Benjamín Netanyahu comenzó su sexto mandato con la firme intención de avanzar y llevar a Israel a convertirse en un régimen de carácter autoritario para dejar de ser “la única democracia de Oriente”.
Las multitudinarias protestas en su contra, la reunificación de los partidos de oposición y una prensa que comienza a serle más crítica, se contrapone con el reagrupamiento en su seno de líneas de ultraderecha en su gobierno. Cabe resaltar el crecimiento de grupos paramilitares, como así también la movilización de una parte de los judíos más ortodoxos, que han comenzado a salir a las calles a manifestar su apoyo al plan del gobierno. Todo ello puede llevar a que la población israelí comience a resquebrajarse en dos bandos irreconciliables y cada vez más polarizados, siendo un paso más para terminar con el sueño del sionismo de antaño: un Estado judío y democrático. El último escollo que le queda a Netanyahu y a su corriente ultraderechista, es la Corte Suprema de Justicia. El siguiente capítulo está por escribirse.
