El decreto establece que las actividades se desarrollarán entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025. El texto argumenta que el objetivo es “intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales” y mejorar la cooperación multinacional.
La medida se implementa sin el aval del Congreso, pese a que la Constitución argentina exige autorización legislativa para la entrada de fuerzas extranjeras. El Gobierno sostiene que se trata de una situación “excepcional” que impide cumplir con los trámites ordinarios.
En este contexto, el Decreto de Necesidad y Urgencia 697/2025 asigna más de 60 millones de pesos del presupuesto argentino para financiar la estadía, logística y operación de las tropas norteamericanas. La Armada Argentina será la encargada de cubrir los gastos con fondos de su jurisdicción.
La decisión genera críticas por el costo económico y por las implicancias que puede tener en materia de soberanía. Mientras el Ejecutivo recorta partidas en educación, ciencia y defensa nacional, destina recursos públicos a cubrir los gastos de una potencia extranjera.
Desde el Gobierno se defiende la medida como una “oportunidad estratégica” que fortalece la cooperación internacional y la capacidad operativa de las fuerzas locales. El decreto sostiene que el intercambio permitirá “mejorar la reputación de Argentina como socio regional”.
Sin embargo, el contexto económico y político del país vuelve más aguda la controversia. La autorización se firma pocos días después del anuncio de un supuesto apoyo financiero de Donald Trump a la administración Milei. En ese marco, la “Operación Tridente” profundiza el debate sobre soberanía y dependencia.
