Cronología del conflicto
El lunes 5 de junio, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) de Jujuy inició un plan de acción en rechazo a la propuesta de actualización salarial. Al mismo tiempo, el gobierno provincial liderado por Gerardo Morales inició los trámites para reformar la Constitución de la provincia, incluyendo artículos que intentan regular el derecho a la protesta. Lejos de amedrentar a los maestros, la lucha social fue ganando cada vez más solidaridad de diferentes sectores.
El viernes 9, maestras y maestros se unieron en una masiva marcha de antorchas para expresar su descontento tanto con la propuesta de modificación constitucional como con la falta de mejoras salariales. Todos los gremios docentes se sumaron a la convocatoria, incluyendo CEDEMS, la Asociación Educadores Provinciales (ADEP), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y el gremio de docentes universitarios (ADIUNJu).
Ante la presión y las protestas masivas, Morales firmó el decreto 8464, que aumenta las multas y sanciones para aquellos que participen en manifestaciones. Sin embargo, posteriormente, dio marcha atrás, pero condicionó la revisión de las modificaciones constitucionales al regreso de las clases en la provincia. Fue el mismo 9 de junio que el gobierno amplió los montos de las multas por infracciones en manifestaciones públicas y también permitió el despido de empleados públicos que realicen protestas de forma reiterada.
En la medianoche del viernes 16, la Asamblea Constituyente aprobó el nuevo texto de la Constitución, lo que intensificó los reclamos en varias localidades.
¿Qué modificaciones se realizaron en la Carta Magna?
La Convención Constituyente de Jujuy, conformada por representantes del Frente Cambia y el Frente Justicialista, aprobó de manera general los dictámenes de mayoría de la reforma parcial de la Constitución jujeña. Durante las jornadas de discusión, ocho convencionales renunciaron: dos peronistas y seis del Frente de Izquierda Unidad. El rechazo popular en las calles iba en aumento.
La reforma constitucional contiene varios aspectos que cabe resaltar. Entre ellos, se encuentra el recorte a la libertad de expresión, la eliminación de las elecciones de medio término y el establecimiento de «vías rápidas y expeditivas» para favorecer a los titulares registrales en disputas de tierras con comunidades originarias. El punto más rechazado por los gremios, las organizaciones sociales y las comunidades originarias es el que prohíbe los cortes totales de calles y rutas, lo cual afecta el derecho a la libre circulación.
El gobierno provincial argumenta que la reforma constitucional es necesaria para modernizar la Carta Magna y fortalecer la institucionalidad en Jujuy. Asimismo, destacan que las modificaciones buscan agilizar la resolución de conflictos y promover el desarrollo económico y social de la región, justificando el avance represivo dentro del «marco de la ley para mantener el orden público».
Por otro lado, ante la aprobación de la reforma constitucional, las organizaciones sociales y políticas han presentado acciones legales y recursos de amparo con la intención de impugnar la reforma y cuestionar su legalidad. Argumentan que esta vulnera garantías fundamentales, ya que la protesta y la huelga son derechos laborales reconocidos por nuestra Constitución, respaldados también por acuerdos internacionales de jerarquía constitucional.
Jornadas de lucha y represión policial
Diversas organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y comunidades originarias fueron plegándose a los docentes protagonizando movilizaciones y protestas contra la reforma constitucional en toda la provincia.
En este proceso de luchas contra la reforma, se organizó el «Tercer Malón de Paz», impulsado por comunidades originarias de Jujuy, quienes caminaron durante tres días desde distintas localidades hasta San Salvador. La medida buscaba cancelar la las modificaciones en la Carta Magna.
A la par de las manifestaciones en la capital provincial, las rutas empezaron a ser el escenario de grandes protestas y brutales represiones de la mano de la policía de Jujuy, principalmente en La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Volcán, Palpalá y San Pedro. Uno de los enfrentamientos más violentos tuvo lugar en Purmarmarca, represión registrada por decenas de videos que se volvieron virales en las redes sociales.
Después de la represión violenta del sábado, manifestantes de diversas localidades de Jujuy han retomado los cortes de ruta, esta vez también exigiendo la renuncia del gobernador Gerardo Morales. Los bloqueos están siendo sostenidos centralmente por comunidades de los pueblos originarios, que de un día para el otro, en medio del avance de la extracción de litio, se encontraron con que un artículo de la Constitución reformada impulsa el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad.
La nacionalización del conflicto y su continuidad
El gobierno de Morales no parece dar tregua con su decisión de criminalizar la protesta social y avanzar, a como dé lugar, en la represión de las manifestaciones. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales y políticas piden la renuncia del Gobernador, principalmente después del accionar policial en Purmamarca y otras localidades.
En este marco, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a un paro nacional en solidaridad con la situación en que se encuentra la provincia norteña. El gremio explicó que la convocatoria se debe a «la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño» y que reclamará por el cese de la represión, un «aumento salarial a los docentes» y el rechazo a la «reforma constitucional» de esa provincia aprobada el viernes.
Al mismo tiempo, diversas organizaciones de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales han expresado su solidaridad con el pueblo de Jujuy y su rechazo a la represión policial y llamaron a la defensa de los derechos fundamentales y a la necesidad de buscar soluciones pacíficas y dialogadas para resolver el conflicto.
Mientras las protestas y movilizaciones continúan, se esperan vías de diálogo y negociación para encontrar una solución que respete los principios democráticos y los derechos fundamentales de los ciudadanos, además de que contemple las demandas de los docentes.
Morales convocó a una reunión informativa para el martes y la multisectorial gremial a un banderazo.
Imágenes: Agencia Presentes
