La gestión de Juan Schiaretti está llegando a su fin, y se avecina un cambio de nombre en el ejecutivo provincial. Durante el próximo mandato el gobierno de Llaryora deberá hacer frente a vencimientos de deuda por 2.033 millones de dólares. Estos datos reveló el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) al analizar la composición y evolución de la deuda de la provincia, agregando que esto significa “destinar 6 meses de los 4 años de recaudación de su mandato al pago de las obligaciones de deuda”.
Lo cierto es que en términos reales, la deuda provincial ha ido fluctuando desde el 2005 (límite temporal del análisis) hasta la actualidad. Desde OTES señalan 3 momentos claramente identificados.
- En primer lugar, un proceso de desendeudamiento de diez años, que duró desde el 2005 hasta el 2015, período donde el stock de deuda se redujo en un 67%.
- La segunda etapa inicia en 2016 con un nuevo ciclo de endeudamiento hasta 2020, con el stock de deuda creciendo un 150% en términos reales. “Un análisis per cápita muestra que la deuda por habitante, medida en pesos de 2023, pasó de $108.612 en 2015 a $243.378 en 2020”, explica el informe.
- El tercer período se identifica desde el 2020, cuando el stock vuelve a caer en términos reales: «a pesar de esta reducción, el stock de deuda en términos reales para junio de 2023 es un 54% más elevado que el de diciembre de 2015, cuando se inició la nueva etapa de endeudamiento», se menciona en la publicación de OTES
Desde el observatorio alertan que esta caída corresponde a dos razones. Por un lado, a causa del pago y cancelación de créditos que fueron adquiridos para la realización de obras de infraestructura. En segundo lugar, es consecuencia del proceso que implicó que el tipo de cambio oficial aumentara por debajo de la inflación.
El proceso de desendeudamiento, explica el informe, “también se refleja en los compromisos de pago en relación con los ingresos recaudados. En 2005, el stock de deuda representaba más de un año y medio de recaudación provincial, equivalente a 18,26 meses. Este indicador experimentó un descenso constante hasta 2015, cuando alcanzó su valor mínimo de 3,28 meses de recaudación. A partir de ese punto, comenzó a aumentar gradualmente, llegando a 8,43 meses en 2020. El declive en el stock de deuda en términos reales a partir de 2020 permitió reducir este valor hasta 4,96 en 2023”.
¿Qué sucede con la recaudación en la Provincia durante el mismo período?
En términos de la recaudación el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad destaca un proceso similar al que sucede con la deuda en la provincia: “En 2005, el stock de deuda representaba 18,26 meses de recaudación provincial. Esa relación cayó hasta 2015, cuando alcanzó su mínimo en 3,28 meses. Luego llegó a 8,43 meses en 2020, para descender nuevamente hasta 4,96 en 2023”, explicita el informe recientemente publicado por el organismo.
Sin embargo, uno de los puntos más alarmantes que destacan durante el período 2005-2023, se centra en el cambio progresivo del tipo de moneda en que fueron asumidas las deudas: de pesos a dólares. En tanto que en 2005 el 19,20% del total estaba denominada en moneda extranjera, para 2015 era el 65,40%, llegando al 98,3% en junio de 2023. Es decir, de casi ser el 20% en dólares, en la actualidad casi la totalidad es corresponde a obligaciones en moneda norteamericana.
¿A quién le debe la Provincia?
Una de las tendencias que se acrecentó entre 2005 y 2015, es progresivo abandono de las obligaciones con el Estado Nacional a la par de la toma de deudas a través de títulos públicos con acreedores privados. A partir de 2015, la emisión de dichos títulos denominados en moneda extranjera se convirtió en la principal herramienta de endeudamiento, representando tres cuartos del total en 2022.
Desde OTES destacan que la combinación de una deuda en moneda extranjera y con acreedores privados conlleva muchos riesgos. En primer lugar, la provincia recauda en moneda local, haciendo que dependa de la disponibilidad de dólares la posibilidad de cumplir con las obligaciones. Por otro lado, “existe una pérdida de soberanía, dado que los términos de estos títulos generalmente se resuelven en tribunales extranjeros”, explican desde el observatorio, “dado que los términos de estos títulos generalmente se resuelven en tribunales extranjeros, lo que requiere la negociación con actores privados para posibles renegociaciones o canjes, llevando a una exigencia mínima de aceptación”.
Además, destacan que no puede obviarse las dificultades que puede significar la negociación con entidades privadas, en moneda extranjera y bajo la jurisdicción legal extranjera. Las opciones de refinanciación con el Estado Nacional suelen ser más favorables para las provincias.
Después de los desembolsos de los años 2022 y 2023, el gobierno provincial en su próximo período (2024-2027) tendrá que afrontar compromisos de pago por un total de 2.033 millones de dólares. Esto representa aproximadamente el 95% de la cantidad recaudada por la provincia hasta junio de 2023. Esto no toma en cuenta la posibilidad de un aumento en la tasa de cambio que supere los ingresos, lo cual, dado que la mayoría de la deuda provincial está denominada en moneda extranjera, podría incrementar la carga de los pagos de deuda en relación a los ingresos.
¿Para qué sirvió la toma de deuda?
Según la información recuperada desde OTES, las deudas asumida en los últimos años tuvieron principalmente tres objetivos
- El destino por categoría de la deuda fue en su mayor parte para Obra Pública, representando un 67,5% del total.
- Un 21,1% de la deuda estuvo destinada al Desarrollo Productivo, fundamentalmente infraestructura necesaria en las zonas de producción.
- Para Servicios Sociales, principalmente obras asociadas a escuelas y hospitales, se destinó un 8,7% de la deuda.
Al respecto, y a modo de conclusión el informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad destaca: “Respecto a cuál fue el uso de estos fondos obtenidos vía endeudamiento, la gran mayoría han sido destinados a obras de infraestructura provinciales, destacando los gasoductos troncales, distintas obras viales y construcción de edificios públicos. En menor medida, menos del 10%, ha sido utilizado para invertir en servicios sociales como son la construcción de escuelas y hospitales”.
