La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la elevación a juicio de una megacausa por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978 en Córdoba. La acusación alcanza a 24 exmilitares, exmiembros de fuerzas policiales provinciales y federales, incluyendo nombres ya condenados como Carlos “Tucán Grande” Yanicelli y Miguel Ángel “El Gato” Gómez, y abarca hechos ocurridos principalmente en Río Cuarto.
La causa reúne 62 hechos vinculados a secuestros, torturas, asesinatos y delitos sexuales perpetrados contra 70 víctimas. Las acciones ocurrieron en centros clandestinos que funcionaban bajo apariencia legal, como delegaciones policiales, unidades militares, la cárcel de barrio San Martín y centros notorios como La Perla y Campo de la Ribera. Según la fiscalía, en muchos casos se trató de estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, perseguidos por su militancia en espacios como la Juventud Universitaria Peronista y el Peronismo de Base.
Uno de los casos emblemáticos es el del militante comunista Gabriel Braunstein Maiden, desaparecido desde 1976. Fue secuestrado en Río Cuarto por fuerzas estatales armadas y su cuerpo nunca fue hallado, aunque se presume que podría haber sido enterrado como NN en el Cementerio San Vicente. Otro caso destacado es el del matrimonio de docentes Ernesto Silber y Juana Josefa Chessa. Él fue asesinado bajo tortura tras ser delatado por un funcionario universitario; ella fue privada de su libertad durante más de una semana.
La fiscalía subrayó que muchas de las víctimas fueron torturadas incluso tras quedar a disposición judicial. A pesar de que denunciaron lo ocurrido ante los jueces de la época, no hay registros de que se haya investigado a los responsables. Según el MPF, esto evidencia un accionar encubridor por parte del Poder Judicial, aunque los funcionarios involucrados no fueron imputados por haber fallecido.
El requerimiento se basa en documentación del archivo de la Policía Federal, testimonios y pericias médicas. La acusación incluye delitos aberrantes cometidos por personal del Ejército, la Policía de Córdoba, la Policía Federal y la Unidad Penitenciaria N°1. Se espera ahora la decisión del juez federal de Río Cuarto sobre la elevación a juicio oral, que marcaría un nuevo paso en el largo proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Córdoba.
