La propuesta modifica la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que actualmente establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% del territorio nacional, provincial ni municipal. También fija límites de superficie por titular y restringe la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua permanentes o de importancia estratégica.
El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales, aunque habilita un régimen más flexible para empresas con participación estatal extranjera. En esos casos, la autorización dependerá de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional, incorporando el mecanismo de «silencio administrativo positivo», mediante el cual la falta de respuesta oficial dentro del plazo previsto equivale a una aprobación.
La iniciativa también incorpora disposiciones para impedir que compradores extranjeros utilicen sociedades pantalla, testaferros u otras figuras destinadas a ocultar la identidad de los verdaderos propietarios. El texto considera esas prácticas como una simulación ilícita y fraudulenta.
El debate legislativo se desarrolla en un escenario de negociaciones permanentes. El proyecto acumuló más de una decena de versiones desde su paso por comisiones y aún existen diferencias entre el oficialismo y algunos bloques dialoguistas. Mientras La Libertad Avanza busca reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa, sectores de la oposición impulsan mantener los límites actuales e incorporar mayores protecciones para zonas consideradas estratégicas.
Entre las principales críticas aparece la preocupación por el impacto que podría tener la eliminación de los topes sobre regiones con recursos naturales estratégicos, como reservas de agua, áreas de frontera, minerales críticos y territorios de alto valor ambiental. Diversos especialistas y legisladores sostienen que el problema no radica únicamente en el porcentaje actual de tierras extranjerizadas, sino en la ausencia de límites futuros.
El proyecto también modifica otras normas vinculadas al régimen de propiedad privada. Entre ellas, endurece las condiciones para las expropiaciones, acelera los procedimientos de desalojo y elimina restricciones que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por incendios, una medida cuestionada por organizaciones ambientales al considerar que podría favorecer procesos de especulación inmobiliaria y expansión de la frontera agropecuaria.
Según los últimos datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, Córdoba presenta uno de los niveles más bajos de extranjerización del país: el 1,21% de su superficie rural pertenece a propietarios extranjeros y ningún departamento supera el límite legal vigente. Sin embargo, la discusión que llegará al recinto excede la situación provincial y plantea un debate nacional sobre el alcance de la propiedad privada, la llegada de inversiones y la preservación de la soberanía sobre el territorio argentino.
