El expediente denominado “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas” comenzó el pasado 4 de mayo y permite que empresas nacionales y extranjeras soliciten información, documentación y autorización para recorrer activos estratégicos administrados por la CNEA. Entre ellos aparecen plantas, complejos, sistemas, yacimientos y equipamiento tecnológico.
Según la documentación difundida, el procedimiento contempla tanto bienes materiales como inmateriales. Esto incluye documentación técnica, antecedentes operativos, capacidades institucionales y derechos patrimoniales vinculados al organismo científico-tecnológico. La amplitud del alcance genera preocupación en sectores vinculados al desarrollo nuclear y científico nacional.
Entre los puntos más sensibles aparecen los yacimientos de uranio bajo jurisdicción de la CNEA, como Sierra Pintada en Mendoza, Cerro Solo y Laguna Colorada en Chubut, y Don Otto en Salta. También se menciona el reactor de investigación AR10, considerado uno de los proyectos estratégicos del área nuclear argentina.
El avance sobre estos activos ocurre en un contexto de paralización de proyectos como el CAREM y de cuestionamientos por el retroceso en políticas de soberanía energética. Distintos sectores interpretan que la administración nacional busca reducir la participación estatal en áreas consideradas “rentables” para habilitar el ingreso de capitales privados.
La visita de funcionarios estadounidenses a los centros atómicos de Ezeiza, Constituyentes y Bariloche profundizó las críticas. La presencia de la comitiva coincidió con el inicio del expediente administrativo y se da en el marco de acuerdos previos entre Argentina y Estados Unidos vinculados al suministro de minerales críticos y recursos estratégicos.
La discusión en torno a la privatización de activos de la CNEA reabre el debate sobre el futuro del desarrollo científico y tecnológico argentino. El alcance de la medida, que incluye infraestructura, conocimiento técnico y recursos naturales, coloca en el centro de la escena la disputa por la soberanía energética y el control estatal sobre sectores considerados estratégicos.
