Según denunciaron desde ATE Río Tercero, los últimos 45 trabajadores de Embalse quedaron fuera de funciones. Quince empleados contratados fueron despedidos de manera inmediata y otros 30 trabajadores de planta permanente pasaron a disponibilidad, una figura que establece un plazo de entre seis y doce meses antes de una desvinculación definitiva si no son reubicados en otra dependencia estatal.
David Salto, secretario general de ATE Río Tercero, calificó la situación como “histórica” y aseguró que “por primera vez desde la década del 40 se despide a todo el personal” de las unidades turísticas. El dirigente gremial viajó a Buenos Aires para solicitar una audiencia urgente con Jefatura de Gabinete luego de denunciar la falta de respuestas por parte de la Secretaría de Turismo encabezada por Daniel Scioli.
El proceso de vaciamiento se profundizó tras la publicación del Decreto 322/2026, que habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender, concesionar o transferir propiedades estatales consideradas “innecesarias”. Entre ellas se encuentran las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal, dos complejos históricos construidos durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón como parte de la política de turismo social.
El predio cordobés ocupa más de 600 hectáreas sobre la costa del Embalse del Río Tercero y cuenta con siete hoteles, decenas de bungalows, piscinas, edificios administrativos y espacios recreativos. Mientras algunos sectores se encuentran deteriorados, otros hoteles habían sido recientemente remodelados. Desde el gremio aseguran que dejar los edificios sin personal incrementa el riesgo de saqueos y destrucción.
El intendente de Embalse, Mario Rivarola, expresó preocupación por el impacto económico que genera el cierre definitivo del complejo. Según afirmó, desde la paralización de la actividad turística estatal ya son cerca de 300 las familias afectadas en la localidad. El jefe comunal cuestionó la falta de diálogo con Nación y aseguró que el municipio incrementó la asistencia social ante la pérdida de empleos.
Rivarola también confirmó que existen conversaciones para avanzar en esquemas mixtos de gestión público-privada y señaló que algunos sectores podrían convertirse en desarrollos inmobiliarios o barrios cerrados. Al mismo tiempo, planteó la posibilidad de que el municipio administre el Hotel 7 para actividades deportivas, recreativas y de turismo social destinadas a jubilados y contingentes.
Desde ATE sostienen que el cierre de las unidades turísticas no responde a una cuestión presupuestaria sino a una decisión política e ideológica. El gremio denuncia que el Estado Nacional continúa cobrando impuestos específicos destinados al turismo social mientras abandona el sostenimiento de los complejos. En paralelo, trabajadores y autoridades locales esperan definiciones sobre el futuro de un emblema histórico del turismo popular argentino.
