El argumento oficial del traslado es la necesidad de liberar espacio en el penal de Ezeiza, que sería destinado a mujeres privadas de su libertad y detenidos de “alto perfil”. Sin embargo, en Campo de Mayo los represores alojados cuentan con comodidades que no se encuentran en cárceles comunes: canchas de tenis, talleres de teatro y celdas individuales con televisión y heladera.
La Unidad 34 había sido cerrada en 2013 tras la fuga de dos represores y reabierta durante la gestión de Mauricio Macri como centro exclusivo para detenidos por crímenes cometidos en dictadura. En 2021, un informe de la Secretaría de Derechos Humanos expuso las condiciones especiales del lugar.
Entre los trasladados se encuentran nueve exmarinos que actuaron en la ESMA, como Astiz, Cavallo y Donda, y otros represores del circuito ABO. Algunos, incluso, exigieron mantener el uso de Skype y celdas individuales. El TOF5 no se opuso a sus pedidos. A ellos se suman represores como Manuel Cordero Piacentini y Marcelo Cinto Courtaux, este último con vínculos directos con funcionarios cercanos a Victoria Villarruel.
Organismos como H.I.J.O.S. Capital y la Mesa de Derechos Humanos consideraron el traslado como un beneficio indebido. “No se trata de venganza, se trata de justicia”, expresaron. También advirtieron que la medida no resuelve la sobrepoblación carcelaria sino que refuerza privilegios para quienes aún se niegan a revelar el destino de sus víctimas.
