Grupos bolsonaristas radicales invadieron las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en Brasilia. Miles de personas provocaron destrozos y saqueos en el Palacio del Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo, en un claro intento de golpe de estado contra el flamante presidente Lula da Silva, quien asumió el 1 de enero. Los atacantes rechazaron los resultados de la elección presidencial en la que ganó Lula da Silva y demandaron la intervención de las fuerzas militares. Actualmente, ya hay más de 1200 detenidos. Las imágenes que se vieron son muy similares a las de la ocupación del Capitolio de Washington en 2021.
Cabe destacar que los acontecimientos llevaban semanas de preparación y fueron muy bien financiados. Se pagaron cientos de colectivos para trasladar a los partidarios de Bolsonaro a Brasilia. La falta de seguridad en las instituciones fue clave. Lula decretó la intervención federal en Brasilia. El secretario general del Ministerio de Justicia, Ricardo Capelli, está a cargo de los órganos de la Policía y responde directamente al presidente. En conferencia de prensa, Lula calificó los hechos como una barbarie, dijo que los vándalos fascistas fueron estimulados por Bolsonaro y que pagarán con toda la fuerza de la ley por los disturbios provocados.
En una nota firmada por Lula, los jefes del Congreso y la presidenta de la Corte Suprema, se hizo un llamado a mantener la serenidad y defender la paz y la democracia. Mandatarios y líderes de la región y del mundo rechazaron el ataque, mientras manifestaron su apoyo y respaldo al presidente. Por su parte, Bolsonaro -desde Estados Unidos- condenó el hecho y repudió las acusaciones, pese a haber fomentado los movimientos de ultraderecha durante los últimos años.
