El Gobierno de Javier Milei oficializó una prórroga de 15 días para avanzar en la privatización de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia. A través del Decreto 263/2025, se habilitó el llamado a un concurso público nacional e internacional para vender el paquete accionario mayoritario de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Las concesiones originales, otorgadas en los años ’90, vencieron en 2023 y fueron prorrogadas de manera provisoria a comienzos de este año. La nueva prórroga extiende el proceso hasta el 25 de abril, aunque desde las provincias señalan que el tiempo sigue siendo insuficiente para un análisis profundo del impacto económico, ambiental y social que tendría el traspaso al sector privado.
Río Negro y Neuquén, donde se encuentran estas centrales, cuestionaron el apuro del Ejecutivo nacional. A través de un comunicado conjunto, los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa remarcaron que cualquier decisión sobre estas infraestructuras debe contemplar el rol protagónico de las provincias, por tratarse de territorios estratégicos y titulares de los recursos naturales involucrados.
El proceso de privatización está siendo coordinado por la recientemente creada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, junto con la Secretaría de Energía. Ambos organismos elaborarán los pliegos y condiciones del llamado a licitación. Para el Gobierno nacional, la medida forma parte de una política más amplia orientada a reducir el tamaño del Estado y aumentar la participación del sector privado en áreas clave.
Sin embargo, desde las provincias advierten que el control de las represas no puede pensarse únicamente en términos de eficiencia. Las centrales hidroeléctricas no solo generan energía: son también pilares del desarrollo regional y herramientas de gestión del recurso hídrico en zonas de alta sensibilidad ambiental.
En agosto de 2024, Weretilneck y Figueroa habían acordado con la entonces Secretaría de Energía participar activamente en el diseño del proceso licitatorio. Hoy, denuncian que ese compromiso no se está cumpliendo. “El protagonismo de las provincias no puede limitarse a una consulta formal”, advirtieron.
La situación expone una vez más el dilema entre el plan de ajuste del Ejecutivo nacional y las demandas del federalismo. Mientras se acerca el nuevo plazo límite, la tensión entre Nación y provincias crece en torno a un recurso estratégico para el futuro energético del país.
