El 20 de octubre de 1993, María del Carmen Senem de Buzzi se presentó en un juzgado de familia buscando de manera desesperada ayuda para su hijo, quien tenía problemas de adicción por consumo de drogas. El Estado no sólo le denegó esa posibilidad, sino que, a través de una jueza de la Nación, se ordenó la realización de una pericia psiquiátrica, y posteriormente se dispuso su internación, siendo engañada por las autoridades del juzgado. Inmediatamente la trasladaron a una clínica psiquiátrica de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo ilegalmente detenida por casi cinco meses.
Durante su internación tuvo que soportar diferentes formas de violencia, sin recibir ninguna una explicación sobre los motivos de su detención. Permaneció completamente aislada los primeros días, sin contacto con el mundo exterior, privada de comunicarse con su familia, y en condiciones sumamente precarias. Allegados afirman, además, que no recibió nunca información sobre el tratamiento médico al cual fue sometida.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad encargada de asesorar y representar a la familia de María del Carmen, afirman que “durante todo ese tiempo, los defensores públicos no se contactaron con ella ni realizaron presentaciones judiciales adecuadas en defensa de sus derechos. El juzgado no controló la internación ni veló adecuadamente por su libertad e integridad. Cuando María del Carmen finalmente salió del centro psiquiátrico, presentó un recurso judicial que tardó casi 14 años en ser resuelto y que fue rechazado. Le negaron la posibilidad de tener justicia y reparación por los daños sufridos. Ella murió en febrero de 2019, y su hijo Maciel continúa su legado.”
La violencia estatal ejercida sobre María del Carmen da cuenta de una visión de época en torno a la salud mental, y las prácticas coercitivas que se ejercían con las víctimas. En diálogo con Tiempo Argentino, Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de Salud Mental del CELS, comentó que “lo que ocurrió fue la patologización del comportamiento de una mamá que estaba desesperada pidiendo tratamiento para su hijo. Lejos de escuchar ese pedido, se interpretó que esa reacción era una manifestación psicotagológica”.
Reparación histórica
Con la firma de un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y la familia de María del Carmen, tras la denuncia realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino aceptará su responsabilidad internacional por la violación de distintos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de María del Carmen Senem de Buzzi. El encuentro será el próximo lunes 6 de junio a las 11.30hs en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA.
Dentro de los acuerdos, el Estado se compromete, entre otras medidas, a realizar:
-La promoción de la implementación en las provincias de la Ley Nacional de Salud Mental.
-La presentación de planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la Provincia de Buenos Aires.
-La adopción de las normas de habilitación y supervisión para el funcionamiento de los efectores de salud mental y consumos problemáticos en la provincia de Buenos Aires.
-Capacitaciones y formación en salud mental y derechos humanos para funcionarios y magistrados del ámbito judicial.
Foto de portada: Tiempo Argentino
