Pedro Castillo Terrones, es un profesor rural, sindicalista, hijo de una familia campesina y que portando el sombrerochotano como marca de identidad, llegó a la presidencia de Perú en junio de 2021 en una reñida segunda vuelta de las elecciones del bicentenario de la independencia de ese país con el 50,12% de los votos. Su plataforma electoral consistía en procurar “no más pobres en un país rico” y es así, que una gran cantidad de peruanos y peruanas depositaron sus esperanzas en él.
La posibilidad de su posible elección, comenzó a ganar crecimiento en las últimas semanas de la primera vuelta electoral, ya que no había tenido mucha presencia a nivel nacional durante la campaña. Esto teniendo en cuenta que es un país donde la prensa tiene una visión capitalina limeña sin tener mucha consideración por las realidades regionales del tercer país más extenso de Sudamérica. Enfrente a Pedro Castillo estaba Keiko Fujimori, la hija del expresidente y dictador, Alberto Fujimori y que representaba como candidata al poder constituido y oligárquico peruano.
La llegada de Castillo a la presidencia tuvo de antesala una serie de crisis institucionales que se sucedieron en los últimos años, con presidentes investigados, procesados y condenados por actos de corrupción, relacionados al escándalo de Odebrecht: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino (que sólo estuvo diez días en el gobierno), Francisco Sagasti, a los que se suman Ollanta Humala y Alan García (que se suicidó antes de que la policía lo detuviera en su casa). Esta gravedad ha hecho que Perú haya tenido seis presidentes en los últimos cuatro años.
Sumado a ello, el constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento, en un sistema de gobierno que es semipresidencialista, es decir, en donde el ejercicio de la función ejecutiva del gobierno está compartido entre quien ejerce la presidencia y el Poder Legislativo, ya que este cuerpo debe aprobar una serie de cuestiones de la vida institucional.
Como condimento extra, la pandemia hizo estragos en este país. La falta de financiamiento de la salud pública, como la falta de oxígeno en los hospitales para atender a la ciudadanía, especialmente en las regiones más pobres, producto de la aplicación de políticas neoliberales, llevó al Perú a tener una de las tasas de muertes más altas a nivel mundial. Además, las políticas de confinamiento hicieron eco en una población en donde el 70% no tiene un trabajo formal y vive del día a día, sin ayudas sociales por parte del estado.
Es por eso que Perú ha afrontado diversas crisis: sanitaria, económica social e institucional. Lo llamativo es que todo esto contrasta con los números del “milagro peruano”. Nombre con el que la prensa hegemónica suele denominar a los resultados de la economía peruana, que se refleja a nivel macro pero que no llega a la gran mayoría de la población.
En lo que respecta a la contienda electoral, Castillo sólo obtuvo un 15% de los votos en la primera vuelta, mientras que Fujimori apenas el 10%. Es decir, se trató de una elección extremadamente polarizada y con un nivel de abstencionismo que rozó el 30% del electorado. La derecha, en sus vertientes centristas y de extrema, apoyaron a la hija de Alberto Fujimori, incluyendo al nobel de literatura Mario Vargas Llosa, otrora enemigo acérrimo del fujimorismo. La campaña de Keiko hizo foco en la libertad, la democracia y en frenar “al comunismo”.
Por su parte, Castillo se alió con Verónika Mendoza, candidata de la izquierda peruana, con la cual llegaron a un acuerdo para tener una plataforma de gobierno basado en la lucha contra la corrupción, la institucionalidad, la igualdad de género y los Derechos Humanos.
La derrota de Fujimori fue por apenas 44.000 votos, pero los números arrojaron que la candidata de derecha ganó ampliamente en las grandes ciudades. En las ciudades del norte y en zonas donde habitan los sectores acomodados, la victoria fue por más del 60%, mientras que Castillo, el candidato de Perú Libre, lo hizo en forma amplia en los sectores rurales y vulnerables, llegando en algunos al 90% de los votos.
Pero la alegría de la llegada, por primera vez, de un presidente del Perú profundo, no tardó en esfumarse. Las divisiones al interior de la alianza Perú Libre empezaron a florecer. Incluso desde el mismo día de la asunción de Pedro Castillo, cuando aún no se sabía quienes serían las y los integrantes de su primer gabinete.
Esas divisiones internas en el partido gobernante fueron aprovechadas por la derecha peruana, quienes luego de fracasar con su idea de instalar la victoria mediante un fraude electoral, empezaron a buscar la vacancia presidencial: Método que está plasmado en la Constitución. Un tipo de juicio político que exige reunir el voto de 34 parlamentarios para elevar y presentar la moción y 87 que voten a favor de destituir al presidente.
En el año y medio que ha estado al mando de la presidencia, Castillo enfrentó tres mociones de vacancia. La última, logró los votos suficientes para la destitución del Presidente, luego de las declaraciones de cerrar el Parlamento y convocar a una Convención Constituyente para dictar una nueva Constitución.
Esta permanente crisis institucional hizo que aparecieran en público fuerzas de extrema derecha, cada vez más fundamentalistas. Una de ellas, es la denominada Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga, alias “Porky”, quien ganó la alcaldía de Lima en octubre con solo 26% de los votos. Este empresario y político, confesó que se autoflagela para unirse a “la pasión de Cristo”, un militante del Opus Dei, deudor moroso al fisco peruano, en contra del enfoque de género, los Derechos Humanos, el cambio climático y con vínculos con Vox de España y otras fuerzas de extrema derecha regionales y mundiales.
Por su parte, el oficialismo ha tenido que lidiar con constantes crisis internas de gabinete, en donde ha debido cambiar más de ochenta veces a sus diferentes ministros y ministras. Cabe resaltar que las designaciones ministeriales se hacen vía Parlamento, las cuales deben ser aprobadas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Héctor Valer, quien fuera Jefe del Consejo de Ministros, que tuvo que renunciar cuando salieron a la luz las denuncias de violencia machista contra su esposa e hija. Otro de los escándalos que sacudieron al gobierno de Castillo, fueron los hechos de corrupción ligados a la empresa Petroperú, en donde diversos integrantes del gobierno beneficiaban a la empresa. Esto hizo caer la imagen del Presidente a solo un 25%.
Su imagen también se vio afectada por la falta de cumplimiento de sus promesas electorales como la “segunda reforma agraria”, nombre que hace alusión a la reforma que inició el Presidente Velasco de Alvarado en 1969. Esta idea que movilizó a los gremios agrarios en un primer momento, comenzó a tomar forma cuando el primer ministro de Agricultura realizó diversas medidas en pos de la reforma agraria. Ideas que sólo quedaron en promesas y un decreto presidencial que no tuvo operatividad.
Las últimas turbulencias de Castillo en el poder se iniciaron en abril pasado, cuando presentó un proyecto de ley para modificar la Constitución Nacional. Con la idea de forjar un nuevo pacto social, el Presidente convocó a una Asamblea Constituyente con el objetivo de dejar atrás la Carta Magna nacida bajo la dictadura fujimorista.
El capítulo final de Pedro Castillo se dio en estos días cuando visiblemente nervioso, el Presidente leyó un discurso en donde ordenaba, tal como lo hizo Alberto Fujimori tres décadas atrás, disolver el congreso, reestructurar el Poder Judicial, gobernar por Decretos Leyes, declarar toque de queda durante las noches y convocar a una Asamblea Constituyente para dentro de nueve meses. Pero, mal asesorado y sin el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, como así también de su propio partido político, las diferencias sociales y políticas para el interior del Perú profundo se incrementaron.
En ese momento, el Congreso liderado por tres partidos de ultraderecha y con un militar violador de Derechos Humanos como Williams Zapata ocupando el cargo de Presidente del cuerpo, sesionó para votar la vacancia presidencial. En este contexto, los parlamentarios lograron obtener 101 votos para derrocar al Presidente por “incapacidad moral permanente”, como reza la Constitución peruana de 1993.
El motivo para la vacancia presidencial, fue por un supuesto cobro de un millón de soles en coimas. Según la denuncia, Castillo habría cobrado por parte de una empresaria dicha suma de dinero. Esta investigación está a cargo de la Fiscalía de la Nación por cohecho activo y tráfico de influencias. Por su parte, la prensa peruana utilizó está denuncia para desgastar todos los días aún más la figura del Presidente y la supuesta corrupción gubernamental.
En este contexto, la familia presidencial, una vez consumada la vacancia, intentó refugiarse en la Embajada de México. pero el tráfico limeño hizo que la policía lograra interceptar la comitiva y a base de ametralladoras procediera a la detención del ya expresidente. Para luego ponerlo bajo disposición de la Fiscalía de la Nación y consumar su detención.
Inmediatamente consumado el golpe, el Parlamento nombró como su sucesora a la vicepresidenta Dina Boluarte, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Boluarte tomó juramento ese mismo día por la tarde y anunció que se quedaría hasta que finalice el mandato de Castillo en 2026, negando implícitamente una convocatoria a elecciones generales y menos a una Convención Constituyente como su ex partido Perú Libre lo había propuesto. Llega sin partido, sin bancada y sin pueblo que la respalde, es decir que su legitimidad está cuestionada desde el principio, ya que ella misma era investigada por el propio Congreso de la Nación por una acusación de corrupción en su contra.
En dicho marco, los seguidores de Castillo se lanzaron a las calles de Lima y del interior del país en protestas por lo sucedido. Más de 10.000 campesinos del departamento de Ucayali anunciaron que llevarán a cabo diferentes manifestaciones para exigir el cierre del Congreso, como así también, la vuelta de Castillo a la presidencia.
Estas medidas fueron expandiéndose a otras regiones peruanas como Loreto, Tacna, Cajamarca y Apurímac, donde también se han registrado múltiples movilizaciones, bloqueos de rutas y violencia de las fuerzas policiales. Con la creciente tensión, el saldo es de unas siete personas muertas en todo Perú. Asimismo, diversos sectores sociales convocaron a un paro nacional indefinido mientras se declararon en insurgencia popular frente al golpe de Estado ejecutado por la instancia congresista.
El 7 de diciembre fue el día final de una serie de hechos que, sumados a las indecisiones políticas, las luchas internas, las incompetencias y los ardides de la derecha, hicieran que se haya vivido un capítulo más de la eterna crisis de Perú. Crisis que está lejos de terminarse y que tendrá nuevos episodios en lo inmediato.
