Este jueves, a las 9:30 horas, comenzará en el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba el 15° juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia. En esta ocasión, el proceso judicial tiene como único imputado al ex secretario penal Carlos Otero Álvarez, acusado de 94 delitos cometidos durante la última dictadura militar. Estos crímenes, cometidos en el marco del terrorismo de Estado, incluyen abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia ante autoridades competentes.
Otero Álvarez fue inicialmente absuelto en 2017 en el marco del «Juicio de los Magistrados», proceso en el que se lo acusaba, junto a otros jueces, de complicidad con el régimen militar. Sin embargo, en 2021 la Cámara de Casación Penal anuló dicha absolución, argumentando falta de fundamentos y sesgo en la valoración de las pruebas. Según los camaristas, el ex secretario penal no actuó conforme a su deber y omitió intervenir ante la evidente tortura y maltrato hacia los detenidos políticos en las cárceles de Córdoba, donde se cometieron numerosos crímenes, incluyendo fusilamientos y torturas sistemáticas.
Las audiencias del juicio se llevarán a cabo en diferentes fechas a lo largo de los próximos meses: el 14 y 25 de noviembre, el 5 de diciembre, y los días 18 y 23 de diciembre, así como el 10 y 18 de febrero de 2025. El tribunal estará presidido por Facundo Zapiola, acompañado por los vocales Mario Martínez, José Escobar Cello y Cristina Giordano. Por el Ministerio Público Fiscal, participarán Carlos Gonella y Facundo Trotta, quienes presentarán los cargos en representación de las víctimas, mientras que Adriana Gentile y Patricia Chalup liderarán la querella por parte de las familias afectadas.
Este juicio constituye un hito relevante en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Córdoba, una provincia que ha sido testigo de múltiples procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad desde el primer juicio en 2008, cuando se condenó a cadena perpetua a Luciano Benjamín Menéndez. El caso de Otero Álvarez destaca por la cantidad de evidencia documental existente, firmada por el propio imputado, lo que permitirá a las querellas y la fiscalía profundizar en el análisis de su rol durante la dictadura, cuestionando su responsabilidad no solo como fedatario sino como partícipe activo de las decisiones del régimen militar.
