La eximición del pago aplica a usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro, siempre que sus autorizaciones no estén reguladas por normas de mayor jerarquía. La extensión de la vigencia alcanza también a fabricantes, talleres y verificadores. Sin embargo, trámites como la inscripción de importadores y el transporte comercial de armas continúan sujetos a renovaciones anuales bajo el Decreto 395/75.
Desde la Anmac han señalado que muchas de las exigencias de renovación surgieron de normativas internas del ex Renar, sin respaldo en leyes o decretos. En respuesta, se busca unificar criterios y reducir la superposición normativa acumulada en los últimos 50 años.
Desde el Inecip y la Red Argentina para el Desarme, se advierte sobre la temeridad de estas decisiones, en un país donde circulan más de 800.000 armas ilegales. Mientras tanto, sigue pendiente en el Senado un proyecto para extender el Programa de Entrega Voluntaria de Armas. La discusión sobre el control de armas en Argentina permanece abierta y sujeta a profundas tensiones políticas y sociales.
En paralelo, el Ejecutivo derogó una prohibición que regía desde 1995 y habilitó la compra y tenencia de armas semiautomáticas para civiles. Mediante el Decreto 397/2025, se establece un “régimen de autorización especial” para que legítimos usuarios puedan acceder a fusiles, carabinas y subametralladoras de uso civil condicional. La medida responde, según el Gobierno, a demandas históricas del sector deportivo y a la necesidad de regularizar situaciones preexistentes.
La flexibilización incluye un nuevo trámite digital denominado Tenencia Express, disponible para civiles y fuerzas de seguridad, y la baja de la edad mínima para obtener la Credencial de Legítimo Usuario, que pasó de 21 a 18 años. Desde el oficialismo, se afirma que estas medidas apuntan a “facilitar la regularización” de usuarios y evitar que el control estatal se vea limitado por la burocracia.
Las medidas resultan polémicas si se toma en cuenta que el presidente ha mirado como modelo a Estados Unidos, un país donde es posible adquirir un arma de fuego incluso en supermercados y que, al mismo tiempo, registra algunas de las tasas de violencia armada más altas de la región. Esta referencia no es menor: mientras el Gobierno argentino impulsa una flexibilización progresiva del acceso y la tenencia de armas bajo el argumento de simplificación administrativa y seguridad individual, la experiencia estadounidense pone en evidencia los riesgos de una regulación laxa en un contexto donde el uso civil de armamento de alto calibre se ha vuelto parte de una problemática estructural.
