El origen del negocio
A finales del 2018 Buenos Aires fue la sede de la Cumbre del G20, evento que reunió a los presidentes más poderosos del mundo. La presencia de los principales líderes globales en el país movilizó a un sector del oficialismo, principalmente a Patricia Bullrich, quien por entonces estaba a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Con la excusa de posibles protestas violentas que podrían suceder en contra de la realización de la Cumbre, el gobierno decidió comprar, con muchos meses de anticipación, un gran arsenal con objetivo de estar preparados para contener las protestas sociales. En total, entre equipamiento y logística, el Estado gastó cerca de 27 millones de dólares.
El informe destaca también que durante el gobierno de Mauricio Macri, todas las licitaciones que implicaban la adquisición de armamentos estaban digitadas para determinadas empresas, y fueron un mecanismo para enriquecer la caja de jefes operativos y dirigentes políticos de turno, detalló un gendarme cuyo testimonio fue clave para la reconstrucción de los hechos. Estas compras fueron, en muchos casos, ejecutadas bajo maniobras que evadieron los controles administrativos. Los informes detallan, además, que se realizaron contratos con empresarios denunciados por corrupción y crímenes de lesa humanidad.
Buena parte del aprovisionamiento se utilizó a finales del 2017, durante las movilizaciones en contra de la reforma previsional que buscaba modificar el sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina. No hubo en los días siguientes una manifestación que les permitiera poner en uso el arsenal obtenido. Incluso la Cumbre del G20, que sirvió de excusa para acelerar la adquisición de estos equipamientos, no generó mayores complicaciones para las fuerzas represivas.
Abandonados durante meses en galpones sin uso, ese armamento encontró destino un 12 de noviembre de 2019, cuando la cúpula del gobierno argentino decidió enviarlos a la ciudad de La Paz, donde se estaba gestando el golpe de Estado contra Evo Morales.
La colaboración del gobierno de Macri con el reciente golpe en Bolivia
Tras la destitución de Evo Morales las calles de las principales ciudades bolivianas se convirtieron en verdaderos campos de enfrentamiento. Militares y policías reprimieron con ferocidad las movilizaciones populares que luchaban en contra del reciente golpe. A medida que la violencia crecía en las calles, las fuerzas de seguridad iban agotando su capacidad de fuego, lo que obligó al nuevo gobierno boliviano de facto a pedir suministros a otros países. Macri, en el tramo final de su mandato, no dudó en colaborar.
Durante el mediodía de 12 de noviembre de 2019, estuvieron presentes en la Casa Rosada el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, junto con Jorge Faurie, quien por entonces ejercía como Canciller. Marcos Peña (Jefe de Gabinete) se encontraba en su despacho junto con Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad), Gerardo Otero (Director Nacional de Gendarmería), Néstor Roncaglia (jefe de la Policía Federal), Eduardo Scarzello (Prefectura Nacional Naval) y Alejandro Itzcovich Griot (Policía de Seguridad Aeroportuaria), entre otros. Dos hechos importantes se estaban discutiendo: por un lado, se acordaban los mecanismos para proteger la integridad de los diplomáticos presentes en Bolivia; por otro, se decidía el envío de armamento a las fuerzas represivas que tomaron el poder en el vecino país.
Ese mismo día, en el Aeropuerto de El Palomar, once gendarmes del grupo de élite Alacrán subieron al Hércules C-130, el avión más grande de la Fuerza Aérea, con la misión de proteger la embajada argentina en La Paz. No viajarían solos. A último momento se agregó un cargamento no previsto de 70.000 cartuchos antimotines, 100 spray gas pimienta y 700 granadas de gas, con una nota firmada por Rubén Yavorsky, director de Logística de Gendarmería Nacional, indicando el contenido y destino de aquellos “empaques”.
El destino de los gases y las balas
Tras el arribo a La Paz, el grupo élite desplegó su fuerza en las sedes diplomáticas para proteger a la comitiva argentina. Pero el cargamento extra tenía otro destino: fortalecer a las fuerzas represivas bolivianas que, días más tarde, regaron de sangre el suelo de Sacaba y Senkata.
En territorio boliviano, dos figuras fueron fundamentales para que la operación se lleve a cabo con éxito. Por un lado, la presencia de Normando Álvarez García, quien por entonces ejercía de embajador en La Paz, fue central para garantizar la entrega del armamento a las Fuerzas Armadas Bolivianas. Por otra parte, la participación de Héctor Adolfo Caliba, comandante con funciones de agregado militar en Bolivia, fue clave para la evacuación del personal de la Embajada Argentina, pero también para coordinar la entrega del material antidisturbios con la Policía.
Si bien no hay certezas de que el material enviado se haya utilizado, la confirmación de la complicidad del gobierno de Macri con los sectores golpistas en Bolivia, toma visibilidad tras la aparición de la carta que Jorge Terceros Lara, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, enviara al embajador argentino. Allí decía: “a tiempo de hacerle llegar el más cordial saludo, tengo bien a dirigirme a su distinguida persona a objeto de agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”.
Hoy, Jorge Terceros está detenido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. También está formalmente imputado -junto al excomandante de la Policía, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, y al exdirector de Ceremonial del Estado, Álvaro Guillermo Tapia Solares- del delito de tráfico ilícito de armas por su participación en la recepción del armamento argentino. En nuestro país, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el ex Ministro de Seguridad Oscar Aguad, se encuentran imputados por el envío de material represivo a Bolivia, bajo el posible delito de «contrabando agravado».
