Con la publicación del Decreto 463/2025, el Ejecutivo eliminó tres instrumentos financieros fundamentales: el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). La decisión se fundamenta en informes de la SIGEN, que señalan deficiencias en la gestión, falta de rendición de cuentas y escasa planificación.
Sin embargo, estos fondos cumplían funciones estratégicas: desde financiar obras públicas provinciales hasta sostener la prevención de incendios forestales o facilitar créditos para sectores productivos. La eliminación deja un vacío de herramientas de intervención estatal que, hasta ahora, eran clave para el desarrollo regional.
INTI, INTA y el Instituto del Cannabis Medicinal: una reconfiguración con impacto
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) fue reestructurado como una unidad dependiente del Ministerio de Economía. Aunque mantiene su nombre y su rol técnico, la medida recorta su autonomía operativa y busca una gestión “más racional”. Con más de 2.300 trabajadores y 250 dependencias, el INTI ha sido un actor relevante en innovación y desarrollo tecnológico, especialmente para pymes industriales.
En el caso del INTA, la transformación implica un cambio de paradigma: se dejará de priorizar el trabajo con agricultura familiar y agroecología, y se enfocará en la transferencia tecnológica para el sector agroindustrial. Con más de 6.000 empleados y un presupuesto anual superior a los $229.000 millones, su rol en el territorio ha sido central. El Gobierno cuestiona su orientación política en los últimos años, pero la redefinición despierta preocupación sobre qué actores quedarán fuera del nuevo esquema.
Además, se eliminó el Instituto del Cannabis Medicinal, una estructura que venía articulando avances científicos y sanitarios con creciente legitimidad social. Su cierre deja en suspenso políticas públicas que requerían continuidad institucional para consolidarse.
Sistema de salud bajo revisión: ¿reordenamiento o retroceso?
El ajuste también alcanzó al área de salud. El Instituto Nacional del Cáncer fue reducido a una unidad técnica dentro del Ministerio de Salud, mientras que el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares directamente fue eliminado. Se creó, en paralelo, la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de cinco hospitales nacionales, y se eliminaron las Delegaciones Sanitarias Federales.
Aunque el Gobierno sostiene que estas reformas no afectarán la atención médica, las decisiones implican un achicamiento institucional en un contexto de alta demanda sobre el sistema público. La centralización y la eliminación de estructuras intermedias pueden generar cuellos de botella en la gestión sanitaria.
Vialidad Nacional: el símbolo del ajuste en infraestructura
Uno de los anuncios más controversiales fue la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico responsable de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. El Gobierno justifica la medida como parte de la lucha contra la corrupción en la obra pública, y proyecta la privatización de grandes tramos de la red vial.
Los gremios advierten por la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo y el posible deterioro del mantenimiento en zonas alejadas, donde la presencia de Vialidad garantiza servicios básicos. La nueva Agencia de Control de Concesiones, dependiente del Ministerio de Economía, asumirá el rol regulador.
Las últimas medidas del Ejecutivo muestran que el ajuste no es sólo numérico. Implican un rediseño profundo del rol del Estado, con impactos que ya se sienten en sectores clave. Bajo el argumento de “ordenar lo que está mal”, se disuelven herramientas que, aún con falencias, eran fundamentales para sostener políticas públicas en salud, ciencia, producción y obra pública.
