Con la publicación del Decreto 436/2025, el Gobierno nacional eliminó la obligación de realizar, al menos una vez por año, jornadas educativas de prevención de la violencia de género en todos los niveles del sistema escolar. La medida deja sin efecto el artículo 3 de la Ley 27.234 y transfiere la responsabilidad a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La ley, sancionada en 2015 y vigente desde entonces, establecía la jornada “Educar en Igualdad”, una herramienta pedagógica con perspectiva de género que permitía visibilizar y prevenir situaciones de violencia dentro y fuera del ámbito escolar. Desde organizaciones y docentes, advierten que su eliminación vulnera derechos adquiridos y compromete la continuidad de contenidos claves de la Educación Sexual Integral (ESI).
El decreto argumenta que esta responsabilidad no le corresponde al Estado Nacional y justifica la decisión en la necesidad de reducir el gasto público, evitar duplicaciones estructurales y «mejorar la eficiencia del Estado». La medida también disuelve el Observatorio de la Educación Vial y modifica normas vinculadas a la seguridad vial escolar.
Para especialistas, el impacto no es menor: sin un piso común de trabajo, las decisiones sobre cómo y si abordar la violencia de género quedarán libradas a cada jurisdicción. En un contexto de aumento de femicidios y crímenes de odio, advierten que la medida desarticula una política pública clave.
Docentes, estudiantes y organizaciones feministas denunciaron el retroceso y señalaron que este tipo de reformas deberían ser discutidas en el Congreso Nacional. Además, alertan que la eliminación de estas jornadas forma parte de un proceso más amplio de desfinanciamiento y desarticulación de políticas con perspectiva de derechos humanos.
Imagen: Presidencia de la Nación
