A principios de 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de la República de El Salvador con apenas 37 años, convirtiéndose en el presidente más joven en la historia salvadoreña. Nayib es hijo de Armando Bukele, un intelectual destacado de ese país de origen palestino, quien también había sido amigo del histórico líder izquierdista Schafik Handal.
Su primera aparición en la política fue en 2012 cuando ganó las elecciones por la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un municipio de la periferia de San Salvador. Se presentó como candidato de un partido de izquierda llamado frente “Farabundo Martí para la Liberación Nacional” (FMLN); ya en 2015, se convirtió en alcalde de San Salvador apoyado por el mismo frente.
Con la gestión de la alcaldía capitalina, su aspiración a la presidencia en las elecciones de 2019 era un hecho, apoyado en su creciente popularidad y una la fuerte campaña mediática. Bukele es un amplio conocedor de lo mediático, ya que antes de ingresar a la función política, fue empresario de diversas agencias de publicidad. En su trayecto comenzó a apartarse del frente partidario por el cual se había presentado a las elecciones. El cisma con el FMLN se produjo cuando despidió a varios funcionarios que eran del partido, como así también cuando vertió expresiones violentas ante una síndica municipal, lo que le valieron sendas denuncias ante la Justicia ordinaria y el Tribunal de Ética de su partido, que finalmente lo expulsó en octubre de 2017.
En esa situación, compitió por la presidencia en las elecciones internas del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, surgido del fraccionamiento del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Su eje de campaña estuvo en prometer un combate contra la corrupción y en la ejecución de grandes obras de infraestructura para el país. Al estar al tope de las encuentras, no participó de los debates de candidatos y apenas dio entrevistas periodísticas.
El 3 de febrero de 2019 arrasó con su victoria en primera vuelta y se convirtió en Presidente de El Salvador, rompiendo con treinta años de gobierno de los dos partidos mayoritarios del país (el FMLN y ARENA), motivado por el hartazgo de la ciudadanía que buscaba nuevas referencias que dejen atrás la imagen de la clase política tradicional salvadoreña: corrupción, evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico.
El nuevo presidente inició su mandato con medidas que lo podían ubicar dentro de aquellos mandatarios considerados como progresistas en el continente. Uno de sus primeros actos de gobierno fue retirar el nombre del Coronel Domingo Monterrosa a uno de los cuarteles militares del ejército. Este militar fue denunciado por la Comisión de la Verdad como el autor de una de las masacres más impactantes de América Latina con casi 900 asesinatos, entre ellos, mujeres y niños. Por lo que, en un país donde la guerra civil dejó alrededor de 75 mil muertos, esta acción fue recibida con beneplácito por la gran mayoría de la población que busca justicia por los crímenes cometidos en los doce años que duró el conflicto armado interno.
Otro importante hecho fue el voto de la delegación salvadoreña en la Asamblea General de Naciones Unidas en contra del histórico bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba, siguiendo la política exterior de los gobiernos de izquierda que habían gobernado el país. Asimismo, rompió relaciones diplomáticas con Taiwán reconociendo la política de una sola China, como consecuencia de un acercamiento a la administración de Xi Jinping.
Sin embargo, también comenzó un acercamiento con la administración estadounidense de Donald Trump, con quien intercambiaban elogios vía Twitter. Además, firmó un acuerdo por el cual El Salvador recibiría en su territorio a personas extranjeras que soliciten asilo al gobierno de Estados Unidos y que éste no quiera aceptar, en especial, asiáticos, africanos o latinoamericanos. Posteriormente, su gobierno rompió relaciones con Venezuela, expulsando a su embajador y reconociendo como “presidente interino” a Juan Guaidó.
Es por eso que, tanto antes como ya iniciado su mandato, la posición ideológica de Bukele es tan difícil de definir. Dentro de la política doméstica salvadoreña, Bukele se ha valido de la división interna del FMLN y de distanciarse ideológicamente del partido de derecha ARENA. La fragmentación opositora le permitió aumentar y afianzar su poder interno, lo que se vio reflejado en las elecciones legislativas de 2021 cuando obtuvo la mayoría parlamentaria al hacerse con 61 de las 84 bancas. Con esta mayoría empezó una serie de recortes en gastos sociales, desarticuló organizaciones destinadas a combatir la corrupción gubernamental, destituyó al Fiscal General y a la Sala Constitucional del máximo órgano judicial que investigaban a su gobierno y, además, comenzó a destinar cada vez más presupuesto a la acción militar.
El poder que amasó estuvo respaldado por su uso sostenido de las redes sociales. Declaraciones en Twitter, videos en Tik Tok y en YouTube son sus ejes de propaganda y, cada vez que se expide, sus funcionarios y un ejército de trolls, se convierten en caja de resonancia de sus mensajes. Uno de los momentos más tensos se vivió en febrero de 2020 cuando el mismo Bukele, rodeado de militares en la Asamblea Legislativa, intentó un autogolpe. Acusó a los legisladores de no querer sesionar en forma extraordinaria con el fin de aprobar un préstamo por más de 100 millones de dólares para financiar la tercera etapa del plan de seguridad gubernamental.
Otro signo distintivo de su gestión fue convertir a El Salvador en un paraíso de las bitcoin. En 2021, el país adoptó a las criptomonedas como dinero de curso legal. “Todo agente económico” debe aceptar las bitcoin como forma de pago, incluso los impuestos y “todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares previas a la emisión de la ley”. Con una aprobación exprés del Poder Legislativo, la normativa comenzó a funcionar en un país donde la pobreza es extrema, las desigualdades son profundas y no todos los ciudadanos tienen acceso a internet.
Lo cierto es que esta apuesta se ha realizado en busca de inversiones extranjeras, y para pagar la deuda externa del país sin depender de las remesas que los salvadoreños envían desde Estados Unidos, lo que constituye una quinta parte de la economía nacional. Un verdadero laboratorio de las bitcoin que aún no está claro cuál será su destino final ni cómo le irá al país con la nueva moneda.
Sin embargo, lo que más trascendió de Bukele fueron sus políticas para erradicar un profundo problema social salvadoreño y de otras naciones centroamericanas: las maras. Se trata de grupos de pandilleros que asediaban a la población desde principios de la década de los ´80 y que se habían constituido en un cuasi Estado paralelo en diversas zonas del país. El enfrentamiento entre las dos facciones más grandes, denominadas Mara Salvatrucha y la del Barrio 18, llevaron a que El Salvador tenga uno de los índices de asesinatos más altos del planeta.
Bukele empezó una “guerra contra las maras” que bajó, sin precedentes, la tasa de homicidios. Esto fue posible gracias a una ley promovida por el Presidente que permite un Régimen de Excepción por 30 días (y que fue prorrogándose) que dispone la restricción de las libertades civiles y el debido proceso, dándole grandes potestades a las fuerzas de seguridad. Bukele expresó que este régimen permitió “desaparecer a gran parte de las estructuras terroristas de las maras” y que fueron arrestados “64.111 terroristas e incautaciones de municiones, vehículos, teléfonos y dinero que manejaban”.
En contrapartida, organizaciones de Derechos Humanos locales e internacionales han criticado este accionar, denunciando la militarización del territorio, las detenciones arbitrarias, la concentración del poder público y unas cuatro mil denuncias por violaciones a los Derechos Humanos. Muchas personas fueron detenidas por denuncias anónimas o simplemente por tener tatuajes, ya que, en la modificación al Código Penal, se tipificó como delito a los tatuajes alusivos a pandillas, una acción que puede implicar 15 años de prisión. Asimismo, entre las personas arrestadas hay aproximadamente 2 mil menores de edad.
En las últimas semanas, comenzó el traslado de unos 2000 presos al flamante Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un centro penitenciario de máxima seguridad con una capacidad para 40 mil personas. Es considerado el mayor presidio de América Latina. «Aquí terminarán los días de todos los terroristas que durante años aterraron a El Salvador. Serán el ejemplo del castigo que recibirán aquellos que pretendan atentar contra la población. Si un terrorista intenta escapar del CECOT tendrá que enfrentarse a 19 torres de vigilancia, dos cercos perimetrales de malla ciclón totalmente electrificados y otros dos cercos de concreto que garantizan que nadie pueda salir del recinto», anunció la Presidencia salvadoreña en una publicación oficial.
Toda esta política de represión a las bandas criminales, la baja en la tasa de homicidios y una nueva sensación de seguridad en la población, ha hecho que la popularidad de Nayib Bukele haya ascendido a casi un 87%. No obstante, también ha sido objeto de críticas por el creciente autoritarismo, la falta de respeto al Estado de Derecho y la separación de poderes. Recientemente Bukele anunció que competirá por la reelección cuando la Constitución del país lo prohíbe. No obstante, una Sala de magistrados, impuesta por el presidente, ya falló en su favor y podría sellarse en caso de aprobarse una reforma impulsada en el Parlamento por un equipo liderado por el vicepresidente Félix Ulloa.
En definitiva, la población salvadoreña por ahora parece perdonarle todo a Bukele, a condición de mantener la seguridad ciudadana interna lograda por la desarticulación de las bandas pandilleras que asolaron al país durante décadas. La popularidad del Presidente salvadoreño, estará sujeta a que las condiciones de seguridad, económicas y sociales, sigan por el curso de que la ciudadanía entienda que las mismas son efectivas, de lo contrario el poder siempre estará en manos del pueblo ante un posible avance autoritario o de que las condiciones socioeconómicas retrocedan.
