Con esta resolución, la Corte avaló el reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ratificó la obligación del Poder Ejecutivo de actualizar los salarios del personal docente y nodocente desde diciembre de 2023, conforme lo establece la Ley 27.795 sancionada por el Congreso de la Nación.
El fallo también ordena la recomposición de programas y becas estudiantiles contemplados en la normativa. Entre ellos se encuentran las Becas Belgrano y Progresar, cuyos montos permanecen rezagados frente a la inflación acumulada durante los últimos años.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que los recursos presentados por el Ministerio de Capital Humano no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva, requisito indispensable para habilitar la intervención extraordinaria de la Corte. Por ese motivo, la apelación fue rechazada.
La causa se originó a partir de una acción judicial promovida por el CIN y distintas universidades nacionales luego de que el Gobierno se negara a aplicar la ley aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. Ante la demora en la resolución de fondo, las instituciones solicitaron una medida cautelar para garantizar el cumplimiento inmediato de los artículos vinculados a salarios y becas.
Los salarios universitarios perdieron más del 30% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Al mismo tiempo, las autoridades académicas denuncian un deterioro sostenido del presupuesto universitario y advierten sobre las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.
El fallo llega además en un contexto de negociaciones entre el Gobierno nacional, las universidades y los gremios docentes y nodocentes. A comienzos de este mes, las partes firmaron un acuerdo que contempla una recomposición salarial y actualizaciones en distintas partidas presupuestarias destinadas al sistema universitario.
Aunque la cuestión de fondo aún debe resolverse en los tribunales, la decisión de la Corte representa un respaldo institucional a la Ley de Financiamiento Universitario y al reclamo de las universidades públicas. Mientras continúa el proceso judicial, el Gobierno queda obligado a cumplir la cautelar vigente y avanzar en la actualización de salarios, becas y programas estudiantiles.
