Trabajan la tierra, cuidan vehículos, reciclan, fabrican productos, limpian domicilios particulares, elaboran alimentos… La economía popular se despliega desde los barrios ofreciendo un abanico diverso de productos y servicios, agrupando a millones de trabajadores que, organizados en cooperativas o desarrollando emprendimientos como autónomos, van lentamente conquistando algunos derechos, y potenciando sus emprendimientos.
Para comprender la lógica desde donde el Estado mira a este sector, conversamos con Pablo Chena, quien en sus primeras intervenciones no duda en destacar de qué hablamos cuando nos referimos a la “economía popular”:
-Lo primero que hay que entender es que la economía popular implica otra forma de producir, que tiene su eje puesto en el trabajo.
-¿Otra forma con respecto a qué?
-Con respecto a la economía de mercado. Bajo esta mirada todo empieza en el consumo, en el sentido de que, como dicen los economistas, es el consumidor el que manda. Después viene la producción y al final vemos la cantidad de trabajo que hace falta. Para decirlo más claro: viene un inversor, coloca el capital para vender a un cierto mercado que ya tiene estudiado, y en función del consumo y las maquinarias que tiene determina la cantidad de trabajo que necesita. La economía popular tiene otra lógica.
-¿Cuál es esa lógica?
-Decimos que la economía popular implica otra forma de producir porque el punto de partida está puesto en los trabajadores, sean independientes, organizados en cooperativas o en pequeños emprendimientos. Primero se juntan con una idea a partir de la cual ven las posibilidades que tienen en relación con los medios de producción disponibles. En base a eso se determinan los productos que luego comercializarán. Algunos los colocan en mercados informales más cercanos a los barrios, y otros llegan un poco más lejos. Es una economía diferente, no-capitalista, porque no se rige por las relaciones sociales y productivas del capitalismo. Pero al mismo tiempo no es anti-capitalista, ya que puede convivir, y de hecho lo hace, con la economía de mercado.
-Hay una vinculación de este sector con la informalidad ¿Es así? ¿Cómo se trabaja para combatirla?
-En cierta manera, buena parte del sector con el que trabajamos hoy está en la informalidad, porque no está registrado en el Estado. Tradicionalmente se lo estudiaba como un desprendimiento particular de la economía capitalista: pequeños emprendimientos de baja productividad, urbanos, de poca intensidad de capital, etc… Lo que nosotros decimos es que se trata de una economía que efectivamente esta informatizada, pero que hay que formalizarla con otros mecanismos que no son los de la economía de mercado. Porque un trabajador y una trabajadora de la economía popular generan otras relaciones sociales que son distintas a las del mercado. Son otras las relaciones productivas y de acceso al capital. Esto nos muestra que efectivamente estamos hablando de otra economía.
-Esa mirada es entonces la que los lleva a trabajar en la “formalización”, más que en la inserción a la economía de mercado “tradicional”.
Claro. Nosotros decimos que hay dos granes concepciones de la justicia social. Una tiene que ver con darle a la persona oportunidades para que se inserten en el mercado. Esto responde a la visión tradicional de creer que, quienes están fuera, tienen que tener oportunidades dentro de la economía. La otra visión, que es con la que nosotros trabajamos, implica que los trabajadores sean reconocidos y tengan derechos donde están, para así lograr la igualdad vinculada a lo laboral. Es decir, no creemos que haya que esperar a que esos trabajadores vayan a la economía de mercado para tener derechos, sino que la economía popular debe darle los derechos que les corresponden.
En los últimos años el Estado fue construyendo herramientas para lograr identificar y reconocer a aquellas personas que estaban por fuera de los registros formales de trabajo. Una de las políticas fundamentales para estos propósitos tiene que ver con la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), el cual busca reconocer, formalizar y garantizar derechos. Por otro lado, la creación del “monotributo social”, se convirtió en una de las propuestas más importantes para el desarrollo económico del sector. Le preguntamos a Pablo Chena sobre estos puntos, para conocer qué balance hacen sobre estas políticas públicas desde la gestión.
-¿Cuál es el rol que tiene el ReNaTEP frente a este propósito que mencionabas vinculado a la importancia de “formalizar” a los trabajadores?
El camino para formalizar la economía popular, y generar una forma productiva nueva, empieza por registrarlos en el Estado. Registrarlos implica un paso clave para formalizarlos. Y a través de una estadística detallada uno puede conocer mejor al sector que, como dijimos antes, tiene la particularidad que el trabajo y la producción van unidos en un circuito productivo, donde los medios de producción vuelven a estar en mano de los propios productores. Esto es importante y lo diferencia de la economía de mercado, que en su proceso de instalación separó a los productores de los medios de producción. La economía vuelve a unir esto en un solo circuito. El ReNaTEP lo reconoce así, y lo registra.
-¿Cómo se vincula con el “monotributo social”?
-El Monotributo es la segunda instancia. Nosotros necesitamos no solo registrar, sino formalizar al sector, para que tenga sus actividades económicas declaradas en la AFIP. Para eso estamos trabajando en un nuevo monotributo, que ya fue elevado al Congreso, donde se les reconocen derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras, como son los aportes jubilatorios. Como es un sector que está en la subsistencia, se le garantiza un primer período de gratuidad. Y en relación al componente impositivo se los mantiene exento de manera permanente. A medida que van subiendo de categoría hay un proceso de pago gradual en función de las posibilidades que pueda tener el trabajador. Lo importante de esto es que la persona puede facturar y se puede registrar, no solo en el fisco, sino también en los bancos a través de una cuenta. Esto no solo nos permite analizar el trabajo, sino también los flujos de ingresos que genera la economía popular para ponerla en su justa dimensión en relación a lo que le aporta a la sociedad.
¿Cuáles son los desafíos que tienen desde la Dirección hacia el futuro?
Los desafíos son enormes porque es una economía que hoy no está institucionalizada, y realizar esa tarea es un trabajo grande de visibilización, de reconocimiento y de institucionalización. Es una economía que tiene otros principios éticos. Prima, el compromiso y la reciprocidad. Y también la responsabilidad, con el otro, con el medio ambiente, con el barrio… por lo que desarrollarla implica un trabajo extenso. Nosotros decimos que es muy importante formalizarla pero también darle crédito, para que los trabajadores puedan acceder a los medios de producción. Al mismo tiempo, creemos fundamental que puedan acceder a canales de comercialización.
-¿Cómo sería eso?
-Por ejemplo, con la producción de alimentos se colabora para que los productos puedan llegar a un sector más amplio de la población. Pero también hay una comercialización pública. Para eso estamos impulsando una ley de compra estatal para la economía popular. El otro proyecto que está trabajándose tiene que ver con un programa de fomento, que tiene el eje puesto en el crédito bancario y no bancario. El no bancario sería a través de un fideicomiso para que a partir de allí se acceda al crédito para insumos, maquinaria y todo lo que haga falta. Todo esto lo estamos trabajando en leyes en función de esta mirada puesta sobre la economía. Para nosotros es muy importante, porque entendemos que los excedentes que genera el sector deben seguir circulando por la misma economía.
Las nuevas leyes que menciona Pablo Chena cuentan con el apoyo del Ministro de Economía, y esperan ser tratadas en el Congreso. Con esto, la economía popular tendría mayores facilidades para acceder a créditos que les permita desarrollar sus emprendimientos a mayor escala. La apuesta se centra en potenciar esta lógica productiva no sólo para darles posibilidades a los trabajadores que más lo necesitan, sino también porque entienden que puede ser una solución a los problemas que el mercado “tradicional” genera en la economía. Sobre el final de la entrevista le consultamos al Director de la Economía Social qué reflexiones hacen sobre uno de los temas que más preocupa a los argentinos, y cómo la economía popular puede ser una solución.
-Por último, y para pensar la importancia que tiene para el desarrollo del país darle incentivos a este sector. En Argentina viene siendo una constante el tema de la inflación, al menos en el debate público ¿Cómo se para la economía popular frente a este problema y qué tiene para aportar desde esta lógica no-capitalista?
-Lo primero que hay que decir es que el problema de la inflación es un problema de la economía de mercado. La economía popular no genera inflación, la sufre. Muchas veces intenta combatirla haciendo un esfuerzo particular por vender a bajo precio en los barrios populares, por ejemplo. Como hablamos de un sector que nace de lo popular, justamente intenta no perjudicar el tejido social. Entonces cuando la economía de mercado genera inflación, no sólo intenta generar alternativas, sino también busca combatir esa inflación a través de otros productos. Y ahí creo que juega un rol fundamental, porque da la posibilidad de desarrollar una economía estable. Un buen ejemplo es lo que sucede con la agricultura familiar, con la producción de alimentos a pequeña escala, que llegue a los barrios populares a precios razonables. Por lo tanto la economía social busca no solo estabilizar la estructura social, sino que también protege a los barrios de la inflación generada por la economía capitalista monopólica, que es el eje de la inflación.
Imagen de portada: Prensa MTE
