A más de un año de la sanción de la Ley 27.642 de Etiquetado frontal, las empresas siguen buscando grises para eludir la obligatoriedad de informar el contenido de sus productos.
En el mes de febrero finalizó el plazo de prorrogas que muchas empresas solicitaron para añadir los octógonos en los envases de sus productos. A la fecha, esta en vigencia el primer plazo de prórroga para las PYME´s. La realidad marca que las grandes empresas ya están obligadas a cumplir con la implementación de la ley.
Es en este panorama, que algunas empresas han comenzado a buscar la manera de eludir con lo establecido. En dialogo con Laura Fons, miembro del área salud de la Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (FUNDEPS), nos comenta que: “Muchos de los sellos incumplen la ley: O son de un tamaño inferior al que dispone la ley o bien surgen estrategias como la de colocar los sellos en la parte posterior del envase. También hemos visto estrategias de generar dobles frentes”
A la par de estas practicas ilegales por parte de algunas empresas del rubro, se comenzaron a difundir discursos que buscan deslegitimar la importancia de informar el contenido de los alimentos procesados. Fons señala que esto es un retroceso en el plano discursivo, ya que la Ley de Etiquetado Frontal surgió como una demanda por parte de la sociedad civil.
¿Generó cambios en nuestro consumo?
Si bien es pronto para tener un estudio que pueda determinar posibles cambios en nuestros hábitos de consumo, desde FUNDEPS explican que en “países en donde la ley se viene implementando como en Chile, quedó claro que ha habido un cambio tanto en las elecciones de consumo de la población como en la reformulación de productos”.
La experiencia en estos países marca que “el consumidor ante dos productos de la misma línea, elige el que tiene menos sellos” Pero los cambios no se dan solo en el consumo. La ley invita a replantear la producción de alimentos a los propios empresarios. Ya que “también esta comprobado que las industrias, ante productos que podrían tener menos contenidos de nutrientes críticos, optan por eso para evitar los sellos” según declara la propia Fons. Las investigaciones señalan que hay casi un 50% de productos con potencialidad de ser reformulados.
¿Podemos comer más sano?
Uno de los objetivos que se plantea con la Ley es poner en evidencia la malnutrición que tenemos producto de los alimentos que se ofrecen desde el mercado. La ley es solo un punto de partida.
La referente de FUNDEPS está convencida de que “la ley de promoción de la alimentación saludable abre el juego a discutir otras políticas públicas que garanticen este acceso a productos más saludables” aunque no niega que esto abre nuevas problemáticas. Si bien “la ley adopta el criterio de las recomendaciones de la guía alimentaria argentina”, esto pone en evidencia las falencias del sistema productivo del país.
Para la Organización Mundial de la Salud, por día se debería consumir 400 gramos diarios o 5 porciones de frutas y hortalizas. La realidad marca que si todos quisiéramos cumplir con estos parámetros, no sería posible ya que producimos frutas y verduras para 20 millones de personas según estudios de la Universidad Austral.
Desde FUNDEPS confirman estos números y agregan que “de las tierras productivas de Argentina, lo que se destina a producir frutas y verduras es poco. No se está produciendo la cantidad de frutas y verduras para responder a las recomendaciones de consumo de las guías alimentarias”. Es por ello que ven necesario generar políticas públicas que atiendan esta problemática y fomenten la producción de alimentos más accesibles.
¿Qué se puede hacer desde Córdoba?
La ley no solo establece la implementación de octógonos en el frente del empaquetado de alimentos. Esto es solo el corazón del proyecto que viene acompañado de otras dos medidas: Se promueve que en las escuelas no se permita el acceso a alimentos que contengan octógonos en su empaquetado, para que ello promueva el consumo de alimentos saludables. A la vez que también se determina que todas las compras que haga el Estado deben estar reguladas y que ante la licitación de diversos productos, se debe elegir aquel que contenga menos sellos.
Son justamente estos dos apartados los que aún no están regulados. Fons explica que la reglamentación de los sellos tiene un carácter federal, le corresponden al poder central. Mientras que la regulación del acceso de alimentos a las escuelas y de la licitación de productos por parte del Estado son de injerencia provincial.
En lo que respecta a las escuelas, Fons cuenta que “tienen una obligatoriedad de no dejar entrar productos con sellos pero no se sabe cómo se debe implementar”. Desde FUNDEPS piden un compromiso por parte de los gobiernos provinciales para crear las condiciones de implementación ya que “Hay un estado de confusión generalizado y no existen lineamientos”
