La Quintana se encuentra ubicada a unos 60 kilómetros al sur de la capital provincial, en el departamento Santa María. A pesar de ser uno de los lugares más antiguos de la región (en el siglo XVIII formaba parte de la Estancia San José) y de su constante crecimiento demográfico (según el reciente Censo 2022, más de mil personas residen permanentemente allí), ninguna autoridad ha tomado la decisión política de elevar la categoría de este paraje serrano al rango de “comuna”.
Esta situación los ubica como “zona gris”, es decir, no hay jefes comunales, dispensarios, ni institución que vincule a este paraje de manera independiente con el Estado. Es en este marco que, retomando una lucha histórica, los vecinos llevan adelante una nueva iniciativa para lograr que los habitantes de La Quintana tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano cordobés.
Una problemática con historia
Según Matías Jaimovich, presidente del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de La Quintana y San Isidro, la raíz de esta problemática se encuentra en las disputas políticas que tuvieron lugar en la provincia en años anteriores. Explica: “en 1983-84, cuando se reorganiza el territorio cordobés tras la vuelta a la democracia, el Gobierno radical genera y distribuye comunas en el territorio, y acá, en La Quintana, no había una familia identificada con el radicalismo. Sí se le dió esa entidad al pueblo del lado, Villa San Isidro, donde había una familia con fuerte trayectoria partidaria radical”. Desde ese momento, transcurridos 40 años, los vecinos vienen intentando revertir esta realidad sin poder lograrlo.
En el año 2008, y debido a las presiones de los habitantes de La Quintana, se le exigió al gobierno provincial que brindara una respuesta a la problemática local. Como resultado, se logró la redacción de un acta de acuerdo con la localidad de Villa San Isidro, en la cual la comuna se comprometía a ampliar el radio y promover la integración de ambos pueblos en uno solo. Matías explica que, desde la provincia, argumentaron que «es la única forma jurídica y administrativa que tiene Córdoba. Ya no se crean comunas nuevas, sino que las ‘zonas grises’, como se denominan a estas localidades, deben ser integradas a la comuna más cercana para formar un nuevo radio comunal y permitir que toda esa población disfrute de las mismas condiciones y derechos constitucionales, con una representación por parte de un Estado local». Para Jaimovich, la falta de voluntades políticas de los sucesivos gobiernos fue la razón por la cual ese expediente quedó sin ejecutarse.
Desde 2019, los residentes de La Quintana han estado llevando a cabo gestiones con el presidente comunal de San Isidro con el objetivo de resolver la situación de exclusión. Se han llevado a adelante todas las acciones propuestas tanto por la comuna de San Isidro como por el Gobierno Provincial. Entre estas iniciativas se encuentra la creación de la Comisión Vecinal, un espacio donde se han explorado las posibilidades políticas, administrativas y legales, y ha quedado completamente claro que la solución más concreta es la integración de los pueblos de La Quintana y San Isidro.
¿Qué implicancias tiene estar en “zona gris”?
La principal problemática está relacionada con la ausencia de un gobierno local que organice y planifique en función de las necesidades de los residentes locales. Para los vecinos que están en esta situación, significa además la imposibilidad de acceder a derechos básicos de todos los ciudadanos y ciudadanas: “Esto sucede hace más de 30 años, a pesar de todos los esfuerzos de la gente de La Quintana”, explicaron en un comunicado emitido recientemente.
Jaimovich comenta que las consecuencias de encontrarse en una «zona gris» son diversas y se agravan debido a la falta de una administración propia. Según sus palabras: «En La Quintana, no hay servicio de recolección de basura para toda la localidad, no se realiza el mantenimiento ni la reparación de las calles. No hay una entidad a la cual acudir en situaciones de seguridad. Tampoco existe un centro de salud que pueda brindar atención adecuada. Para todas estas cuestiones, tenemos que recurrir a la comuna vecina: Villa San Isidro. Sin embargo, estas prestaciones de servicios a la comunidad de La Quintana son parciales y precarias, ya que se brindan con los recursos propios de la comuna vecina. Por lo tanto, es comprensible que no sean suficientes para cubrir las necesidades de este territorio», menciona Jaimovich.
El régimen de municipios y comunas (Ley Nº 8102) en su 5to artículo afirma que «serán reconocidos como comunas los asentamientos estables de hasta dos mil (2.000) habitantes». En esta regulación se amparan para poder avanzar con una solución definitiva para todos los vecinos.
La búsqueda de una solución
Si algo queda en evidencia con este reclamo, es que las soluciones a los problemas vinculados a la tierra en la provincia vienen siempre motorizadas por un proceso de reclamos y organización de los propios vecinos. El Estado, por el momento, sólo generó trabas administrativas que siguen dilatando la situación.
En la búsqueda de una solución, los residentes tienen una clara lectura que lo que debe realizarse: “los problemas de zonas grises se resuelven con la integración de territorios a través de ampliaciones de radios de comunas más cercanas, ya que son la referencia desde donde se gestionan cuestiones de lo público en los lugares excluidos”.
Según explican los propios residentes, para resolver este problema específico en La Quintana se requiere la participación de dos entidades: el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Comuna de Villa San Isidro. Ambos deben completar los procedimientos administrativos comprometidos en el expediente N° 0423-03225/2008. Una vez finalizados estos trámites, el caso debe ser elevado a la legislatura provincial para encontrar una solución a la situación de exclusión e incertidumbre legal.
En varias reuniones recientes, el presidente comunal de San Isidro se ha comprometido a resolver esta injusticia histórica antes de que finalice su mandato en diciembre de 2023.
En este contexto, los residentes de la zona están recopilando firmas en apoyo al proyecto de integración que finalmente solucionaría las problemáticas que enfrentan. Dichas firmas se presentarán al Ministerio de Gobierno y a la Comunidad Regional del Departamento Santa María.
