Por Agustín Arzamendia
Hablar de seguridad es complejo y toca la sensibilidad social. Entiendo que es difícil hablar de seguridad desde casos individuales, desde el dolor de las familias que sufren la pérdida de un familiar. Por eso escribo para iniciar un debate necesario, que aborde el problema de la inseguridad desde una perspectiva social, colectiva. Que atienda las individualidades, pero, sobre todo, que nos oriente como sociedad hacia un cambio en la forma de resolver este conflicto.
Estamos hablando en términos donde el Estado no llega de la forma en la que entendemos debe estar presente, con la contención de esos pibes y pibas que no encuentran en la escuela o en el club de barrio la posibilidad de desarrollarse en la sociedad. Con derechos vulnerados desde temprana edad, con las dificultades de familias rotas por la difícil situación social que se agrava producto de la crisis económica en la que se encuentra el país.
Planificar la esperanza debería ser nuestra bandera, como sociedad que busca cambiar el paradigma de la seguridad. Planificar desde la alegría, desde la certidumbre que es necesario un país justo e igualitario para todos, donde cualquier hijo de vecino pueda acceder y permanecer en la escuela, pueda desarrollarse laboral y profesionalmente, después.
Hay mucho que se puede hacer para prevenir la situación de las y los jóvenes. Un ejemplo invisibilizado es el trabajo que llevan adelante las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en nuestra provincia y en todo el país. Las CAAC, dispositivos del SEDRONAR junto a organizaciones sociales y religiosas enclavadas en diferentes barriadas populares, llevan adelante trabajos a destajo para dar vuelta el viento.
Mientras en los medios hegemónicos hacen énfasis en la inseguridad, sostenida en la descripción de casos individuales que involucran a niños y jóvenes, en las CAAC se contiene a jóvenes que buscan cambiar su realidad, realzando la importancia de un Estado presente que debe tener las herramientas necesarias para contener ciertas individualidades. Por eso, no hay que permitir que el árbol tape el bosque.
Las CAAC brindan atención en salud mental, se dictan talleres de oficios, clases de deportes, emprendimientos, talleres culturales y en algunos casos también funcionan comedores o merenderos. Al mismo tiempo, algunas están organizadas para dar refugio a situaciones de jóvenes en proceso de rehabilitación.
Todo este trabajo hoy en día se ve amenazado debido a la decisión gubernamental de no destinar más presupuesto que facilite un mejor trabajo de los profesionales de la salud y de los encargados de garantizar con su trabajo el funcionamiento cotidiano de las CAAC.
Mencionar el trabajo que llevan adelante estos dispositivos nos sirve como ejemplo de que el Estado tiene herramientas para poder contener a las y los jóvenes. Por supuesto que es el camino del salmón, vamos contra corriente ya que el trabajo colectivo o el encontrarnos con pares para resolver las dificultades en conjunto no es el discurso que hoy predomina, pero, sin dudas, estoy convencido que es el camino que más satisfacciones nos brinda.
Ver estos espacios llenos de niños y niñas jugando, de jóvenes ilusionados con cambiar la realidad en la que viven, son la bocanada de aire fresco que nos permiten seguir trabajando por este objetivo, de seguir planificando la esperanza.
¿Cómo estamos?
En un país donde más del 50% de la sociedad se encuentra bajo la línea de la pobreza, jóvenes e infancias se ven obligados a ser parte del eslabón que sostiene girando la rueda del grupo familiar, ayudando en los trabajos de los padres o siendo vendedores ambulantes, recolectores de cartón y la parte que nadie quiere decir… soldaditos de los narcos, vendedores al menudeo.
Así como hay jóvenes que sueñan con triunfar como futbolistas o influencers en las redes, hoy también ven como salida a su oscura realidad ser parte de alguna red de menudeo.
En Córdoba hay 171 mil adolescentes que tienen 13, 14 y 15 años (censo 2022). De este número se desprende que en 2024 hubo 181 con causas por la supuesta comisión de delitos y quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia provincial (Senaf). De ellos, 3 estarían involucrados en homicidios.
Mucho escuchamos acerca de la baja de la edad de imputabilidad. Ministros de Seguridad que formulan la centralidad del tema como eje fundamental para resolver los graves problemas con los que convivimos en los grandes conglomerados de las ciudades.
Se repiten en los medios de comunicación los casos de robos, asesinatos o violencia juvenil y que nada se puede hacer sobre eso: nada más que destinar a los niños, niñas y jóvenes a sitios de reclusión, lugares donde, más que ayudar a la reinserción y contención, se profundizan las desigualdades sociales y ahondan los prejuicios y estigmatizaciones.
En esta realidad tan dura como compleja, es muy necesario poder discutir cómo vivimos.
Debemos discutir acuerdos mínimos que respondan a las necesidad y aspiraciones de la juventud. ¿Por qué las pibas y pibes no se encuentran en los clubes, en la escuela o realizando alguna actividad en espacios culturales? Hoy pensar esto viene siendo un privilegio para pocos.
Es necesario volcar números concretos a esta discusión. ¿Cuántos son los menores involucrados en hechos delictivos? ¿Cuántos son los niños y niñas que no viven en condiciones mínimas para poder estudiar? ¿Cuántos padres, madres, tías, tíos tienen un trabajo capaz de sostener el núcleo familiar?
En el Complejo Esperanza, que hoy cuenta con una capacidad para alojar a 140 personas, se alojan un total de 87 jóvenes en conflicto con la ley penal.
Según datos aportados por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, en la provincia de Buenos Aires, de 131 victimarios de homicidios dolosos producidos en 2022, 6 de ellos tenían 16 y 17 años. También las cifras indican que, de 22018 investigaciones penales preparatorias, 61 son homicidios cometidos por adolescentes de 16 o 17 años: menos del 10 por ciento del total.
Además, del total de los adolescentes que la SeNAF tiene bajo su resguardo, el 65% de los menores no tienen cuidados parentales y el 13% están en conflicto con la ley penal juvenil.
De acuerdo al Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el primer semestre de 2023 había 2.407 menores en centros especializados de aprehensión, de los cuales 1.022 tenían menos de 16 años.
Debe haber reglas claras para cuidar y contener a las y los jóvenes e infancias que deben ser contenidas, darles resguardo para poder sacarlos de círculos de violencia, y brindarles los derechos necesarios para su crecimiento.
Es posible y necesario dar vuelta el viento
Hoy vemos como diferentes sectores agitan el símbolo de la libertad y se embanderan con el slogan “el que las hace las paga”, políticas que apuntan presupuestos gigantescos con auditorias no aprobadas por parte del Ministerio de Seguridad nacional para la compra de insumos y tecnología que refuerzan las políticas de represión con la que se busca enfrentar los diferentes conflictos políticos y sociales que se desarrollan en el país. Estas políticas no distinguen rangos etarios como vemos semana tras semana: jubilados o niños, niñas y jóvenes pueden ser víctimas de la represión.
Sin dudas que “el que las hace las paga” no aplica a toda la sociedad, dicha frase esconde bronca, división social, resentimiento frente a una situación de crisis que vivimos cotidianamente. Crisis que sufre un sistema incapaz de resolver las desigualdades de la sociedad, donde se esperan soluciones mágicas para las situaciones que nos hieren cotidianamente.
Es necesario un Estado que garantice políticas de cuidado a las y los jóvenes que fomenten el desarrollo humano integral. Por eso, entiendo a esta red de CAAC -que se extiende por todo el país- como una principal herramienta a desarrollar, como primer escudo de contención y prevención para que niños y niñas accedan al juego, a la recreación, cuidando derechos junto a sus pares.
Es necesario rediscutir partidas presupuestarias para estos espacios de contención.
Son muchos los sectores que pugnan por generar y mantener las CAAC para los y las jóvenes. Crece la preocupación de cómo mantener dichos lugares -que no están ajenos a la situación económica del país- con profesionales sobrepasados de tareas con pocas herramientas facilitadas por el Estado para contribuir con la contención y mantenimiento de los puestos de trabajo.
Necesitamos fortalecer los espacios comunitarios de trabajo Comunidad-Estado para profundizar el debate del trabajo colectivo como principal forma para resolver las problemáticas con las que vivimos a diario.
Es importante remarcar que en la provincia de Córdoba solo se cuenta con una decena de CAAC para el trabajo de prevención, contención y acompañamiento de niños, niñas y jóvenes, de los cuales 3 funcionan como casas convivenciales para rehabilitacion en casos necesarios.
Políticas claras para el funcionamiento de estos espacios de prevención ayudará a encontrar el rumbo para enfrentar la inseguridad, fomentando más espacios donde los niños, niñas y jóvenes puedan encontrarse entre ellos, con contención profesional y desarrollando sus aptitudes desde el juego; en síntesis, acompañamiento para los jóvenes que encuentran un espacio para rehabilitarse.
El programa que financia las CAAC tiene un presupuesto dividido en niveles de acuerdo al trabajo allí realizado. El nivel intermedio recibe presupuesto con dos meses de demora: $4 millones de pesos: dicho monto debe resolver el alquiler del espacio, pago a profesionales (psicólogos, trabajadores sociales), pago a trabajadores y talleristas, servicios (luz, gas, internet, seguro contra terceros, etc) como así también, cubrir las necesidades de las actividades allí realizadas.
Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Córdoba destina en promoción y protección de niños, niñas y adolescentes 60 millones de pesos sólo en ítems de pago a profesionales y técnicos. Sumado a este ítem debemos agregarle 4 mil millones de pesos en ítems varios que se destinan a alimentos, mantenimientos, insumos de limpieza, medicamentos etc.
Hay un camino que diferentes espacios vienen desarrollando para demostrar que es posible desarrollar política pública, con un Estado presente para la prevención, cuidado y acompañamiento a niños, niñas y jóvenes. Entendiendo que no hay soluciones mesiánicas aplicables a problemáticas de años que no encuentran respuestas, es necesario planificar desde la esperanza y la alegría, generando cientos de espacios de contención para niños, niñas y jóvenes que puedan encontrar allí la certidumbre para crecer y proyectar sus sueños. –
