El Concejo Deliberante de Villa Carlos Paz aprobó la ordenanza que permite avanzar en la urbanización de la zona conocida como El Pantanillo, un humedal de la zona oeste de la ciudad clave para la regulación hídrica en esta cuenca del lago San Roque. El proyecto contó con 10 votos a favor, los siete concejales oficialistas más tres de la oposición, y dos en contra. Días antes, durante la audiencia pública, numerosos expertos y organizaciones ambientales se habían manifestado en contra y advirtieron sobre los riesgos de urbanizar sobre el humedal.
El Pantanillo está atravesado por el arroyo El Sauce, el cual desemboca en el río #LosChorrillos que es a su vez uno de los afluentes del lago San Roque. Según la investigación de Andy Ferreyra para Perfil Córdoba, un informe técnico geomorfológico realizado en enero de 2020 por el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Centro de la Región Semiárida (CIRSA), identificó múltiples riesgos, incluyendo la pérdida de la regulación hídrica natural. El documento destacaba la importancia de preservar redes de drenaje naturales para evitar erosiones y la alteración de comunidades biológicas y vegetales.
Desde el 2018, alumnos del IPEM Colinas y la escuela Grimberg, trabajan en proyectos de recuperación del humedal, tal como sugieren los expertos, quienes afirman que el predio debería ser remediado en lugar de urbanizado. El humedal, además de ser un corredor biológico natural, actúa como una «esponja» capaz de filtrar agua, recargar acuíferos y prevenir inundaciones.
El abogado Fabrizio Prado es el propietario de las tierras. Él, junto a Ezequiel Córdoba, Martín Alejandro Settecasi y Sergio René Verdú fueron los socios fundadores de la firma Quattro Pilares S.R.L. El periodista Andy Ferreyra señala que en diciembre de 2018, el por entonces presidente Mauricio Macri se reunió a solas con los miembros de la constructora en Carlos Paz, y que un año antes los había recibido en la residencia de Olivos. Desde su creación, la empresa obtuvo sucesivas adjudicaciones de obras públicas durante las gestiones de Esteban Avilés en Carlos Paz, y en numerosas localidades del departamento Punilla. Sin embargo, Prado se alejó de la constructora a fines del 2019. En la actualidad el vínculo entre los socios fundadores sigue por la titularidad de las tierras de El Pantanillo.
El Concejo Deliberante de Villa Carlos Paz cuenta con 12 concejales. El proyecto requería una mayoría agravada en el Concejo, por lo tanto, ocho votos. Finalmente, contó con el aval de los siete oficialistas de Carlos Paz Unido que son Alejandra Roldán, Raquel Merlino, Sebastián Guruceta, Juan Claudio Bocchetti, Leonardo Villalobos, Laura Gallardo y Marcela Bosch. También dieron su voto Noelia García Roñoni y Fernando Revello, de Juntos por Carlos Paz, espacio que tiene como referente a Emilio Iosa, hasta hace poco director de la cuenca del Lago San Roque del Ministerio de Ambiente e histórico rival de Avilés. Se supo que hace algunos días fue desplazado de su puesto y ahora cumplirá funciones en el Ministerio de Producción. Algunos atribuyen esto a un acuerdo para disminuir roces entre el gobernador y el intendente de Carlos Paz. En la misma línea señalan el voto de los concejales que responden a él. Finalmente, Carlos Quaranta, concejal de Carlos Paz Inteligente, el espacio político que lidera Mariana Caserio, también votó por la positiva al proyecto.
Daniel Ribetti y Pía Felpeto fueron los únicos que votaron en contra del proyecto. Entre otros fundamentos, indicaron que en el mapa de catastro de la ciudad de Carlos Paz, en la solapa de “peligrosidad geomorfológica”, advierte que el cauce del arroyo El Sauce es una zona inundable de “alto” riesgo.
Las tierras fueron compradas en el año 2016. Es un territorio de aproximadamente 22 mil metros cuadrados atravesado históricamente por el arroyo El Sauce, dentro de la Reserva Hídrica Los Gigantes. Pagaron apenas 600 mil pesos, según la escrituración. En aquellos años el municipio aceleró el trámite ante la Provincia para ampliar el ejido de la ciudad, lo que finalmente se aprobó en la Legislatura de Córdoba en diciembre de 2018. En ese mismo 2018 comenzaron con los movimientos de tierra, que fueron denunciados por los vecinos. Buscaban construir una hormigonera y un corralón. Intervino Policía Ambiental y la obra estuvo parada unos meses, sin embargo al tiempo reanudaron los trabajos en horario nocturno para no despertar sospechas. Durante la pandemia, aprovechando los meses más duros del confinamiento, concluyeron el corralón y la planta hormigonera, que se abastecieron del agua del arroyo para producir. Desde entonces los vecinos insisten con presentaciones ante distintos organismos provinciales y municipales pero sin obtener respuestas.
Hoy los ciudadanos autoconvocados planean recurrir a la justicia y presionar a las autoridades provinciales y nacionales para revertir esta decisión. «No podemos permitir que en una provincia semiárida como la nuestra se destruya un recurso hídrico vital para construir más lotes», afirma María Mancuello, activista y vecina de Carlos Paz.
