En primer lugar, hay que decir que este país que forma parte del MERCOSUR, tiene un contexto bastante particular en el ámbito sudamericano: aún subsisten lugares inexplorados a su interior donde el Estado prácticamente no llega; es un país mucho más agrario que el resto de la región; y tiene altísimos índices de inequidad social, especialmente en lo relativo a la distribución de la tierra. Todo esto hace que Paraguay viva en forma constante inestabilidades políticas y sociales.
Paraguay tiene una fuerte estructura oligárquica con una gran concentración de la riqueza en pocas manos, lo que contribuye a qué la política sea incapaz de responder a las demandas sociales.
La existencia de un poder real y conservador puede explicarse desde el proceso de industrialización. A diferencia de la mayoría de los países de la región, que vivieron dicho proceso en algún momento del siglo pasado, el Paraguay no tuvo esa profundidad y continúa teniendo un modelo de producción dependiente de las materias primas, que hoy en día es especialmente la soja. Así, el poder se concentra en espacios como la Asociación Rural del Paraguay (ARP) o la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO). La misma falta de industrialización hizo que no se viviera un proceso de urbanización o migratorio de una clase obrera, como sucedió en casi todos los países sudamericanos.
La guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX enfrentó a Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay, y dejó como saldo un país destruido. Esto se reflejó en una población -especialmente la masculina- diezmada, la tierra en manos extranjeras y una economía basada en actividades primarias como la explotación de madera, ganadería y los yerbales. Esa fue la base de la concentración de la propiedad rural que aún persiste en amplios sectores del país. Recién a mediados del siglo XX hubo algunos atisbos de cambiar esa base desigual con la llegada de Alfredo Stroessner al poder: confiscó latifundios, los dividió y se los vendió a pequeños productores, especialmente aquellos que se apiñaban alrededor de su capital, Asunción. El General Stroessner gobernó el país el período 1954-1989, etapa que se caracterizó por el autoritarismo, la represión, la corrupción, la falta de la libertad de expresión y una legitimidad disfrazada con procesos democráticos falsos. A pesar de ese autoritarismo, su política no fue suficiente para cambiar en forma radical la matriz de concentración pero fue un avance significativo y logró en pocos años cambiar la principal actividad económica de la explotación maderera y yerbal hacia la agricultura, el algodón y, posteriormente, la soja.
Pero detrás de esa decisión estaba la intención de sofocar los focos guerrilleros que existían en esos momentos al interior de Paraguay, especialmente en el este, en tiempos donde la guerrilla revolucionaria se había extendido por toda América Latina al calor de la revolución cubana.
A pesar de las reformas, los grandes terratenientes volvieron a ganar preponderancia especialmente durante la década de los ’70, y se consolidó en la última década del siglo XX, con el ingreso de grandes capitales extranjeros. Así, la tierra ha sido desde la guerra de la Triple Alianza el elemento más significativo que marca el posicionamiento social y la riqueza y, como consecuencia, el ejercicio del poder político en ese país.
Stroessner consolidó su poder mediante la persecución de líderes políticos -incluso del mismo Partido Colorado-, de sindicalistas, de organizaciones sociales y estudiantiles opositores a su gobierno y la consolidación de una jerarquía en las fuerzas armadas absolutamente incondicionales al líder. Su legado fue y sigue siendo muy profundo en Paraguay, ya que los líderes militares y civiles fueron premiados por su “lealtad” mediante tierras, cargos, posiciones comerciales favorables y concesiones en diferentes ramas económicas como transporte, medios de comunicación y contratistas del Estado, entre otras.
Su posición dominante en las actividades comerciales hizo que los empresarios saltarán al ámbito público y se convirtieran en dirigentes políticos, parlamentarios y hasta algunos llegaran a la presidencia del país
En este viaje al interior de Paraguay hay que agregar otro ingrediente: el narcotráfico. La presencia de estas redes ilícitas también se consolidaron con el gobierno de Stroessner, que les facilitó insumos para la producción de cocaína en Bolivia o Colombia y luego para la implementación de los cultivos de marihuana en el país, como asimismo la posibilidad del lavado de dinero proveniente de esas actividades. Ya para cuando Stroessner dejó el poder el narcotráfico se había convertido en uno de los poderes económicos del país controlando la mayor parte del territorio del noreste paraguayo.
Así planteado, el esquema del poder real en Paraguay está constituido por la oligarquía agrícola-ganadera, el narcotráfico, los empresarios del poder y las grandes multinacionales presentes en el país. Luego de la caída de Stroessner, la democracia paraguaya y quienes se sucedieron en el gobierno, han estado siempre al servicio de uno, varios o todos estos sectores de una u otra manera. Tal vez como única excepción se pueda mencionar al gobierno de Fernando Lugo, que terminó con su destitución parlamentaria en una farsa de juicio político. Su figura emergió de una diócesis muy pobre, donde desarrollaba una fuerte labor social entre los campesinos y las comunidades indígenas.
La centralidad del Partido Colorado en la política paraguaya se extendió de manera contundente hasta finales del siglo pasado, cuando el presidente Raúl Cubas Grau debió dimitir en el cargo por las denuncias de haber mandado asesinar a su vicepresidente, Luisa María Argaña. Cubas Grau fue candidato a presidente con motivo de retirar la postulación a ese cargo por parte del ex general del ejército, Lino Oviedo, envuelto en múltiples causas judiciales. El hecho de que un presidente del Partido Colorado renunciara, produjo un importante cisma al interior de esa fuerza política ya que los partidario de Oviedo formaron su propio partido político. Gracias a esa división y por su alianza con el Partido Liberal, una parte de la izquierda y partidos independientes, el ex obispo Fernando Lugo llegó al poder en 2008 con aproximadamente el 40% de los votos. El final de su gobierno tuvo que ver con el rechazo que despertó su figura en las élites que lo acusaban de ser portador de los principios de la Teología de la Liberación. Debió lidiar con ataques personales, medios de comunicación que boicotearon permanentemente su gestión, un Poder Judicial que trabajó a favor de los intereses oligárquicos y, especialmente, con un Parlamento absolutamente en contra.
En definitiva, el sistema político de Paraguay en la actualidad es consecuencia de más de sesenta años de poder del Partido Colorado, con una matriz que se conserva desde entonces. En las últimas semanas la política paraguaya se vio sacudida por las acusaciones por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de que el ex-presidente Horacio Cartes es “significativamente corrupto” y pasó a ingresar la denominada Lista Engel, la cual integran actores corruptos y antidemocráticos, según la visión estadounidense. Así, el ex-mandatario y su familia no podrán ingresar al país norteamericano y se les suspendieron sus visas. La medida se basó en que Cartes, según lo que dice EEUU, utilizó sus influencias como presidente para obstruir investigaciones relacionadas a crímenes internacionales que involucran a personas allegadas a su figura, con una red de lavado de activos y contrabando de cigarrillos. El Grupo Cartes está compuesto por empresas de distintos rubros, entre las que se destacan Tabacalera del Este, Unicanal y Cementos Concepción, así como la Fundación Ramón T. Cartes. Según el documento estadounidense, Brasil sería uno de los destinos de las principales transferencias actuadas por la tabacalera más grande de Paraguay. A comienzos de este año, una diputada liberal le pidió explicaciones por el cargamento de 16.800 kilos de droga encontrados en su propiedad en el año 2003.
Vale recordar que en plena pandemia, Mauricio Macri -íntimo amigo de Cartes- viajó a Paraguay para reunirse a solas con él supuestamente con motivo de cuestiones vinculadas a la Fundación FIFA que dirige Macri, pero esa entidad desmintió con posterioridad que ese fuese el objeto de la fugaz visita a Asunción.
Unas semanas después ingresó en esa misma acusación norteamericana, el actual vicepresidente del país, Hugo Velázquez, quien según EEUU, habría ofrecido un soborno de más de un millón de dólares a funcionarios públicos para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros. Si bien en un primer momento Velázquez anunció que renunciaría a su cargo y declinará su intención de presentarse como candidato a la presidencia, cambió de opinión porque al no existir una causa judicial abierta contra él en Paraguay ni en Estados Unidos. El vicepresidente explicó en un comunicado que aún no dimitirá: “He decidido no renunciar a la Vicepresidencia de la República debido a que, como a cualquier ciudadano paraguayo, me ampara el derecho constitucional al debido proceso y fundamentalmente la presunción de inocencia”. En su defensa, la senadora colorada Lilian Samaniego aconsejó a Velázquez que desistiera de su renuncia, ya que el embajador de EEUU «no puede en una conferencia de prensa decidir la vida política y también institucional del país»
Otro acontecimiento que sacudió la política interna fue el secuestro del exvicepresidente Óscar Denis -que ocupó ese cargo luego de la destitución de Lugo- en septiembre de 2020 por un grupo guerrillero denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), de corriente marxista-leninista. El dirigente aún continúa secuestrado y no hay noticias sobre él. También hay que destacar dentro de este turbulento panorama, el ataque a un intendente de la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, por parte de fuerzas del narcotráfico que dominan ese sector del país. El intendente finalmente murió en mayo luego de agonizar varios días en un hospital. Como si todo esto fuera poco, aparece en la escena José Luis Félix Chilavert. Sí, el ex arquero de Vélez y de la selección paraguaya se ha anotado en la carrera por la presidencia para el año que viene como candidato independiente, contando con el apoyo desde Argentina de Javier Milei, con quien comulga en su visión política y económica. Su anuncio fue a través de su cuenta de Twitter: «Tras reflexionar y sentir la responsabilidad de construir un mejor Paraguay, decido hacer formal mi candidatura a Presidente para que nuestro pueblo vuelva a sentirse #OrgullosoDeSerParaguayo». Unas semanas antes fue condenado a un año de cárcel con suspensión de pena por haber difamado al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, pero su abogado dijo que la decisión judicial no es un obstáculo para su candidatura.
Dentro de todo este contexto político y conflictivo, el 30 de abril de 2023 se van a celebrar las elecciones presidenciales y departamentales en Paraguay. El sistema electoral establece que sólo se celebra una única vuelta y resulta ganador quien obtenga simplemente la mayoría de los votos. Las fórmulas presidenciales se definirán en diciembre de este año.
La novedad de la futura elección es el surgimiento de una nueva fuerza política llamada “Concertación por un Nuevo Paraguay”, que es una confluencia multipartidaria de 23 partidos y 2 movimientos sociales opositores al Partido Colorado. La alianza opositora aglutina espacios como el Partido Liberal Radical Auténtico (con sectores de centro izquierda y de centro derecha), el Frente Guasu-Ñemongeta (fuerza progresista que se referencia en el expresidente Lugo), el Partido Encuentro Nacional, Patria Querida (fuerza conservadora) y el Movimiento Despertar (independientes). Con este variopinto mosaico de fuerzas, se han acordado puntos comunes en problemáticas como salud, educación, seguridad alimentaria, desarrollo social, etc.
El principal candidato de esta concertación es Efraín Alegre, que se perfila como el favorito a ganar las internas de fines de año y pretende que lo acompañe en la fórmula, una mujer, entre las que se destacan Esperanza Martínez, quien fue ministra de Salud de Lugo y es actualmente senadora, y Kattya González, actualmente diputada de centro izquierda con un perfil bastante alto en las redes sociales.
Mientras que por el lado de los colorados, se destaca un quiebre entre quienes apoyan al actual presidente Abdo y quienes se referencian en Cartes. No obstante, esa división más que ideológica, tiene que ver con disputas de poder interno. Del lado de Abdo, pican en punta Hugo Velásquez (actual vicepresidente) y el Ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. Mientras que del lado de Cartes, se posicionan Santiago Peña (ministro de Economía del expresidente) y Pedro Alliana, actual diputado y presidente del partido.
El CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) ha presentado algunas encuestas de cara a las elecciones y ha mostrado algunos resultados interesantes: “el 70% de los paraguayos consideran que se requieren cambios profundos en el país en los próximos años. Tan solo un 23% de la ciudadanía considera al Partido Colorado como el único que sabe gobernar mientras por el contrario el 50% de la población manifiesta que Paraguay nunca va a progresar mientras siga gobernando el Partido Colorado”. Respecto del actual presidente, su imagen negativa se eleva al 83%, a causa de los pobres resultados logrados en su gestión económica y en la lucha contra la corrupción.
En este viaje al centro de la política paraguaya, hemos podido ver que dentro de los análisis debemos tener en cuenta no sólo las características internas propias de los movimientos políticos, sino que también influyen otros ingredientes: las élites, el contrabando, el narcotráfico y las oligarquías. Por eso, y como la novela de Julio Verne, lo que descubrimos son situaciones extraordinarias que exigen a la población un verdadero cambio y esa posibilidad está a la vuelta de la esquina.
