En el año 1453 el Imperio Otomano se alza con la victoria de Constantinopla, por lo que pasa a gobernar territorialmente las regiones del Cáucaso. Lugar donde estaba asentado el pueblo armenio desde tiempos ancestrales.
Durante los siglos posteriores, los armenios fueron considerados ciudadanos de segunda clase. Con accesos restritos tanto a la religión, a la educación y a la construcción de viviendas, como así también a contar con milicia armada para su defensa territorial.
En el marco de la Primera Guerra Mundial y tras las derrotas frente al Imperio Ruso en las regiones del Cáucaso, el Imperio Otomano culpabiliza al pueblo armenio por lo sucedido en la región. En este contexto, el 24 de abril de 1915 el gobierno Otomano capturó a casi 300 intelectuales y líderes políticos con el objetivo de crear una campaña para presentar a la minoría étnica armenia como una amenaza para la seguridad nacional.
En la misma línea, el 29 de mayo de 1915, el gobierno otomano aprobó una ley de deportaciones con la finalidad de desterrar a cualquier persona que fuese una “amenaza para la seguridad nacional”. Esto permitió deportar deliberadamente a los armenios de la región del Cáucaso hacía el desierto de Siria.
A este proceso se lo llamó “Las marchas de la muerte”. Una travesía de miles de armenios hacía el desierto sirio sin alimentos ni agua. Esto culminó en la muerte de más de un millón y medio de personas. Mientras las caravanas humanas se dirigían hacia la muerte, los turcos tomaron posesión de las pertenencias y los territorios pertenecientes al pueblo armenio.
Cabe resaltar que tanto Argentina como Uruguay fueron de los primeros paises en el mundo en reconocer el genocidio y condenar al estado turco por la masacre perpetrada. Masacre que hasta el día de hoy, 109 años después, la actual República de Turquía no reconoce, adjudicándose que no existió un plan sistemático desde el estado para asesinar al pueblo armenio.
