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35 años de la masacre del Banco Popular Financiero

La mañana del 16 de septiembre de 1987 la Ciudad de Río Cuarto fue testigo de uno de los hechos más brutales de los que se tenga registro: un asalto en el Banco Popular Financiero terminó con un fusilamiento a sus trabajadores. A 35 años de aquel evento trágico, En Cuchá repasamos algunos ejes de este caso cuyo entramado aún no está totalmente resuelto.

16 de septiembre de 2022
en Informes Especiales

Las primeras horas de ese miércoles gris de Septiembre del 87 transcurría con normalidad para los pocos trabajadores de la sucursal número 2 del Banco Popular Financiero encargados de abrir las puertas del local. La entidad se ubicaba en una de las esquinas más tradicionales de la ciudad del sur provincial: sobre el Bulevar Roca y San José de Calasanz, a pocas cuadras de la estación del Ferrocarril y frente al edificio de la Escuela Pías. Cerca de las 7 de la mañana los primeros empleados bancarios fueron arribando al interior del edificio. La historia cambió cuando, pocos minutos después, asomó por la puerta pidiendo ingresar un viejo conocido: el cabo Miguel Ángel Salinas, quien cumplía horas de trabajo en el Banco meses atrás. Junto a él ingresó Francisco “Pancho” Nievas.

La historia a continuación es la ya conocida: los asaltantes se hicieron con un botín de un equivalente en australes de 15 mil dólares (mucho menor del que imaginaban, posiblemente porque desconocían que el camión de caudales se había llevado gran parte de lo acumulado en la bóveda durante la tarde del día anterior), y antes de abandonar el banco dispararon en la cabeza a los 7 trabajadores que se encontraban como rehenes durante el robo. Jorge Garay (44), José Rubén Bianco (37), Ángel Angellini (68), Alejandro Ángel Muzzio (26), Víctor Meynet (44) y Ricardo Ferreira (29) murieron en el acto. Roberto Vicente Denner, el gerente de la entidad, sobrevivió de milagro, y fue fundamental para la reconstrucción de los hechos.

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Poco después de los fusilamientos ingresa al banco a cumplir sus horas de servicio el cabo Guillermo Ireno Torres, convirtiéndose en el primero en llegar al escenario de la masacre. Su reconstrucción de los hechos fue clave para conocer algunos aspectos del caso: esa mañana salió desde la sede de la Unidad Regional N°9 con otro policía para hacer el adicional en la sucursal número 2 del Banco Popular Financiero, donde tenían que ingresar a las 7.50 de la mañana. En su declaración, Torres señaló que los cuerpos estaban boca abajo y esposados, dentro de la oficina de la gerencia, y que al menos tres de ellos se encontraban aún con vida.

El proceso judicial del caso arrojó más silencios que certezas. Fueron condenados Miguel Ángel Salinas, el policía que, al hacer adicionales en el banco, era conocido por los trabajadores, motivo por el cual lo dejaron ingresar pensando que retomaba sus funciones allí. Salinas cumplió su condena y recuperó la libertad en 2007, tras 20 años de prisión. Por otro lado, fue condenado también Francisco Nievas, señalado como cómplice, quedando en libertad en 2013 (actualmente se encuentra detenido por otro hecho delictivo).

Nievas, Boni y Salinas durante el jucio.

Sin embargo, uno de los aspectos más dolorosos de este caso tiene que ver con las incógnitas que aún hoy, a 35 años, perduran. En primer lugar, son pocos los que creen que este asalto pudo haberse llevado adelante sin complicidad de terceros. De hecho, el propio Denner, único sobreviviente de la masacre (fallecido en 2013), aseguró haber escuchado una tercera persona. La justicia nunca pudo acreditarlo, y llegaron a realizar un reconocimiento de cerca de 200 policías que cubrieron adicionales en ese banco desde enero de 1986 hasta el 16 de septiembre de 1987. Ninguno de los policías fue reconocido por testigos.

Además, la justicia llevó al banquillo de los acusados a otros presuntos partícipes, entre ellos Carlos “Garganta” Lucero, quien resultó absuelto; la esposa de Salinas, María Rosa Boni, condenada por “robo argavado”; y Miguel Ángel Coy, otro efectivo policial quien no llegó a juicio.

Otra de las hipótesis que circulan sobre este caso tiene que ver con que parte del poder político y policial estuvo implicado en el hecho. En una entrevista con el periódico local Puntal, Nievas deslizó complicidades para llevar adelante el asalto: “una parte del gobierno estuvo metida en lo que pasó en el Banco Popular”. Sin embargo, evitó dar detalles sobre la organización de la masacre y no mencionó a otras personas involucradas en el hecho.

A 35 años de aquella trágica mañana los familiares de las víctimas aún reclaman el esclarecimiento total del caso y justicia para los trabajadores asesinados en el Banco Popular Financiero.

Las imágenes pertenecen al archivo fotográfico del Diario Puntal

Etiquetas: CordobaDerechos humanos
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