*Por Martina Peyran
En Traslasierra, una madre y su hije atraviesan peligro y desprotección estatal tras haber realizado una denuncia en contra del progenitor. Se mudaron de vivienda pero el acusado no respeta la perimetral y sigue sin imputación. En marzo, Suri le comentó a su madre que sufrió abuso por parte del agresor.
Suri (nombre ficticio para preservar la identidad de los involucrados) y su madre están atravesando una compleja situación de violencia e inseguridad. Salen de su casa únicamente para que le niñe asista a clases; así evitan correr todavía más riesgos. El acusado vive a tan solo tres kilómetros de elles y está libre.
Esta vulnerabilidad se ve agravada por un entramado institucional que no da respuestas, hace caso omiso tanto a las resoluciones judiciales que logran conquistar como a la necesidad de cuidado de Suri y su madre. El sistema está colapsado y el entorpecimiento judicial es crítico, lo cual complica aún más las circunstancias. La madre solicitó un botón antipánico que tarda semanas en llegar, y el Estado explica que no puede ofrecer acompañamiento terapéutico a ninguno de los dos por la falta de personal. Esta familia vive bajo la persecución y la revictimización constante.
En este marco distintas organizaciones acompañan el pedido de protección y justicia mediante la campaña Justicia por Suri. Los familiares, los vecinos, La Asamblea Ni Una Menos, el Coro Luna Verde y otros grupos emprendieron el proyecto de gestionar acciones para ayudar a Suri y su madre. Los comunicados del instagram oficial de la campaña (@justiciaxsuri) hacen hincapié en la importancia de difundir el caso. Sumarse y compartir permite ampliar la red de contención y, al mismo tiempo, generar presión en la justicia. Además, buscan juntar fondos suficientes para pagar abogadas, pericias y terapias mediante una rifa y la venta de pizzas.
El caso de Suri evidencia que el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género implica consecuencias de extrema gravedad. El gobierno nacional avanza con recortes que repercuten directamente en la vida de Suri, su madre y muchas otras mujeres e infancias. Desde 2023, el presupuesto destinado a atender esta problemática se redujo un 89% según Amnistía Internacional.
A su vez, estos casos exponen las profundas consecuencias que generan la demora judicial, la insuficiencia de recursos estatales y el debilitamiento de las políticas de protección. Mientras la causa continúa sin avances significativos y las medidas de resguardo resultan insuficientes, una madre y su hije permanecen en peligro y bajo una carga mental enorme. En este contexto, el reclamo de justicia trasciende el ámbito individual y pone en evidencia la necesidad urgente de garantizar respuestas institucionales eficaces, acompañamiento integral para las víctimas y el efectivo cumplimiento de los mecanismos de protección establecidos por la ley.
De querer colaborar económicamente con Suri y su madre, el alias es JUSTICIAXSURI. La cuenta es de Personal Pay y se encuentra a nombre de Melo, Jazmín.
*Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Integrante del Ancla – Centro de Medios
