La Conferencia sobre Cambio Climático es una cumbre internacional organizada por las Naciones Unidas en la que gobiernos, organismos internacionales, empresas y activistas tratan de acordar políticas nacionales, con el objetivo de mitigar las consecuencias del cambio climático. En estas semanas se está llevando a cabo la edición número XXVII, denominada COP27, en Sharm el-Sheij, Egipto. Se busca presionar a los gobiernos nacionales para lograr un acuerdo sustancial que combata el cambio climático que sufre el planeta.
En ese sentido, científicos de todo el mundo vienen advirtiendo que es necesario reducir la cantidad de gases de efecto invernadero a la mitad -por lo menos- antes de 2030, para cumplir con las metas acordadas en la Conferencia de París de 2015. Este pacto estableció una objetivo ideal de limitar el aumento de la temperatura anual en 1.5°C hasta el final del siglo, pero tuvo como punto más débil dejar que los gobiernos nacionales establecieran cómo alcanzar esa meta. Ese acuerdo fue objeto de críticas por especialistas por las inconsistencias que tenía en su redacción y objetivos, ya que las negociaciones solamente pretendieron llegar a un convenio general que comprometiera a todos los estados.
Los impactos del cambio climático que se están sintiendo en todo el planeta, con sequías extremas, inundaciones, aumento del nivel del mar, derretimiento de glaciares y eventos meteorológicos, cada vez más severos. Por eso, han aumentado las presiones para que las principales potencias mundiales adopten políticas más profundas para reducir el impacto ambiental y generar energía limpia. Año tras año, los niveles de la temperatura están subiendo a escala global y el camino planteado hacia la sostenibilidad es más complicado y exigente en términos técnicos, económicos y políticos.
Si bien las principales naciones contaminantes han celebrado acuerdos en miras a reducir los efectos de los gases contaminantes, las políticas estatales adoptadas en la realidad distan mucho de esos compromisos. Los antecedentes más próximos son el Protocolo de Kioto de 1997, las conversaciones sobre el clima en Copenhague de 2009, el Acuerdo de Durban en 2011 y el mencionado Protocolo de París de 2015. En todos ellos, las naciones más contaminantes -China, Estados Unidos, la India y el bloque de la Unión Europea- se comprometieron a aplicar políticas en torno a la reducción de gases contaminantes, energías renovables y compensaciones económicas. Pero todo quedó en letra muerta, especialmente en el caso de China, que es el país más contaminante en la actualidad, y Estados Unidos, como el mayor emisor de polución histórico.
En el caso norteamericano, el expresidente Donald Trump negaba los efectos del cambio climático y lideró una coalición con los países más reticentes a la hora de la lucha contra el cambio climático. Tanto es así que propició la salida de su país del Acuerdo de París, apoyado incluso por la política interna de ese Estado, cuyo Senado nunca ratificó ese tratado. Lo mismo les había sucedido anteriormente a Bill Clinton y Barack Obama, a los cuales el establishment les bloqueó todo intento de aceptar cualquier tratado internacional vinculante sobre el clima. La misma situación acontece con la administración de Joe Biden. Esto demuestra la debilidad de la diplomacia climática estadounidense.
Y si bien China no se ha retirado del Acuerdo de París, con los signos de desaceleración económica producto de la pandemia, la escala de tensiones con Estados Unidos y la política de reducción de carbón y energía fósil por parte de Beijing, se ha debilitado, contrariando a los primeros años de la presidencia de Xi Jinping en los que fue un activo defensor de políticas energéticas limpias y de eliminación gradual de sus centrales térmicas de carbón. No obstante, la transición energética en el gigante asiático continúa a buen ritmo, afianzando su hegemonía en tecnología solar y vehículos eléctricos.
Las críticas a los países desarrollados han aumentado en las últimas semanas, en el contexto de esta nueva reunión de la COP en Egipto. A pesar de que todos los países están representados en la ONU y tienen el mismo peso en esa reunión, los efectos que pueden llegar a tener las conclusiones a que se arriben allí pueden ser escasos sin la aprobación de esos acuerdos por parte de los mayores emisores del mundo. China suspendió los diálogos formales con Estados Unidos sobre el clima propiciados por la administración Biden, luego de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, lo que aumentó las tensiones entre ambos gobiernos.
El representante estadounidense John Kerry señaló en la cumbre que sólo mantuvo reuniones de carácter informal con su colega chino Xie Zhenhua. Kerry dijo que están esperando a ver cómo los hechos suceden en la reunión del G-20 y espera que puedan retornar el diálogo formal.
En la ceremonia de apertura, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, solicitó a los Estados parte que el encuentro en Egipto sirva de una vez por todas para implementar medidas concretas, efectivas y eficaces para revertir el cambio climático. Señaló que “el Acuerdo de París nos dio un marco general, mientras que Glasgow (la anterior COP26), nos dio un plan. Esperemos que esta reunión nos encamine a su implementación”. En ese sentido solicitó, entre otras cuestiones, que los gobiernos nacionales graven a las empresas petroleras, en virtud de las ganancias extraordinarias e inesperadas que han tenido durante la pandemia.
Respecto a América Latina, esta reunión será la primera en la que participe Lula como presidente electo de Brasil y marcará el retorno de este país a las negociaciones por el clima y el medio ambiente, abandonadas por la política de destrucción medioambiental llevada a cabo por el gobierno de Bolsonaro. En el caso de Argentina, la comitiva encabezada por Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente de la Nación, lo hace en representación además de la presidencia Pro Tempore de la CELAC. Presentaron un informe preliminar del clima que ha sido elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, con las prioridades regionales que diversos países latinoamericanos han acordado, entre ellas, los mecanismos e instrumentos necesarios para impulsar el financiamiento climático y las agendas de adaptación y pérdidas y daños, que son centrales para los países en vías de desarrollo.
El representante egipcio, Wael Aboulmagd, expresó que tiene esperanzas de que se llegue a un acuerdo internacional intergubernamental para reducir las emisiones de gas, para poder llegar a la meta de no subir más de 1.5°C de la temperatura a nivel global. El punto donde se traban las negociaciones está en la eliminación total de los combustibles fósiles, algo que solicitan activistas climáticos y que los negociadores estatales no están dispuestos a llevar a cabo en el corto plazo, sino a través de diversas etapas. Todo ello teniendo en cuenta que, además, están presentes en Egipto miles de representantes de las grandes empresas transnacionales de energía, procurando lograr que esos acuerdos no avancen, a costa de que el planeta empeore aún más.
Asimismo, en reuniones y cumbres anteriores, los países más desarrollados se habían comprometido a indemnizar con más de 100 mil millones de dólares a los países en vías de desarrollo para que se implementen políticas ambientales, algo que no sucedió. La gran duda de la mayoría de los Estados no centrales es que las promesas que se logren en esta reunión queden en solamente palabras formales, sin pasar a la acción.
Una de las que ha puesto su voz en alto es la ministra de medio ambiente de las Maldivas, Aminath Shauna, que ha dicho que su isla precisa de alrededor 8 mil millones de dólares para adaptar su infraestructura al aumento del nivel del océano. Señaló que “es muy desalentador ver que puede ser demasiado tarde para Maldivas”, con el riesgo de que esas islas desaparezcan por la subida de los mares.
La enviada de Alemania y exjefa de Greenpeace, Jennifer Morgan, expresó que las negociaciones son “desafiantes” y declaró que “puede prometer que trabajaremos hasta el último segundo para garantizar que se pueda alcanzar un resultado ambicioso y equitativo”. No obstante, aclaró que el resultado de esta reunión es difícil.
La tarea de los gobiernos nacionales es lograr acuerdos y consensos para que la letra formal de los tratados y reuniones tengan efectiva vigencia en los hechos y no debamos elegir como humanidad entre cooperar o perecer. Está más que claro que las cumbres internacionales han perdido credibilidad por la ineficiencia de lograr acuerdos, la poca apertura hacia la sociedad civil y los casi nulos resultados concretos, lo que ha llevado a un desencanto generalizado de estos encuentros.
Los gobiernos deben comprender que las reuniones y posibles acuerdos que se obtengan en esta COP no alcanzan. Es hora de pensar en la humanidad, el medio ambiente y las generaciones futuras, tal como lo afirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero además del interés político de las organizaciones gubernamentales y de los gobiernos nacionales, es imprescindible que la sociedad civil se involucre en estas demandas, para que el consenso internacional político también se traslade al resto de la sociedad. Sin movilización pública, los acuerdos que se logren a nivel gubernamental serán difíciles de mantener.
La humanidad se encuentra en un punto de inflexión sobre su subsistencia en el planeta. Es hora de que los gobiernos, las empresas, las organizaciones sociales, la sociedad civil y la opinión pública lleguen a consensos mínimos para que no sea tarde y no suceda lo que señalaba Martin Luther King: “a veces se puede llegar demasiado tarde a la cita con la historia”. Mientras, el reloj del clima sigue corriendo.
