En Argentina, se estima que más de tres millones de trabajadores y trabajadoras forman parte de lo que se conoce como la «economía popular», es decir, individuos que se encuentran al margen del mercado laboral «convencional» y que han desarrollado una variedad de actividades con el objetivo de asegurar la subsistencia de sus familias. Se trata de ciudadanos que trabajan la tierra, cuidan vehículos, se dedican al reciclaje, fabrican productos artesanales, realizan tareas de limpieza en hogares particulares y elaboran alimentos, entre muchas otras actividades. En los últimos años, el Estado ha implementado políticas dirigidas a reconocer y otorgar derechos a este segmento de la población. Sin embargo, las condiciones sociales y económicas están lejos de ser las deseables para llevar adelante una vida digna.
En este contexto, ¿cómo subsisten quienes se encuentran al margen del mercado laboral formal? ¿Qué deben hacer y qué hacen los Estados frente a esta realidad? ¿Cómo resolver la vida social y económica de los sectores más vulnerables de la sociedad? ¿Cómo puede la economía popular constituirse como un sector económico funcional al sistema?
Para poder pensar y profundizar sobre estos asuntos, dialogamos con Lucas Bruno, abogado, Doctor en Ciencias Políticas, vocal de la Agencia Córdoba Joven y docente de la UNC, para conocer su perspectiva sobre las particularidades y contradicciones que atraviesa la economía popular en Córdoba.
Lucas define a los movimientos de la economía popular como “un sujeto social que no encaja en los parámetros de producción de bienes y servicios tal como se entendía en el siglo XX, y que en la actualidad tiene muy pocos derechos y muy poco reconocimiento institucional, político y social». Esta realidad los coloca, por lo tanto, como un sector “totalmente excluido del sistema”. Frente a esta coyuntura, los vecinos “tienen que invertir su propio trabajo, no desde la lógica neoliberal de ‘ser tu propio jefe’, sino desde una lógica solidaria, colectiva y cooperativa», explica. En este camino, “están gradualmente logrando conquistar algunos de los derechos que les corresponden y fortaleciendo al mismo tiempo sus proyectos comerciales”.
Según datos actualizados hasta el 2022 por parte del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), la cantidad de trabajadores de este sector supera los ocho millones de personas, de las cuales el 58% son mujeres. En el caso de Córdoba, Lucas explica: «los registros están un poco desactualizados, pero se estima que aproximadamente una de cada cuatro personas en condiciones de trabajar pertenece a la economía popular».
LA GÉNESIS DE LA ECONOMÍA POPULAR
Si bien actualmente la categoría de «movimientos sociales» forma parte del vocabulario político argentino y latinoamericano, lo cierto es que, como sujeto histórico, tiene un origen y un punto de partida que, para Lucas Bruno, se encuentra en el progresivo saqueo de las riquezas de los pueblos.
-¿Dónde ubicas el origen de la economía popular?
-En los siglos XVI y XVII, al capitalismo le interesaba abrir fábricas y explotar a los trabajadores. Todo el sistema estaba orientado a que el cuerpo del obrero rindiera mucho más tiempo en la fábrica. Hoy en día, al capitalismo no le interesa explotar a los trabajadores ni abrir fábricas, ni generar empleo, ni producir bienes y servicios de calidad. Lo que le interesa es operar y gestionar en el circuito financiero de los mercados de capitales. Además, como sistema de producción, lo que ha ocurrido desde la dictadura de 1976 en adelante es que se ha fusionado con el neoliberalismo. Estos dos van de la mano, ya que el capitalismo ya no busca generar empleo, y el neoliberalismo propone a la sociedad que seas tu propio empresario, tu propio capital de inversión. Esto conduce a una sociedad altamente individualizada, en la que hay muy pocas redes de colectivización de lo que se produce. Es en este contexto donde surge la categoría de “Economía Popular”.
-Sin embargo, en los 90 es cuando explotan los movimientos piqueteros, antesala de la economía popular…
-Sí, cuando el gobierno de Menem privatizó la empresa YPF y muchos perdieron sus trabajos, se organizaron con ollas populares y puebladas. Fue entonces cuando se constituyeron los llamados MTD, que significa «Movimiento de Trabajadores Desocupados», y que posteriormente se convirtió en el movimiento piquetero. Surgieron también como respuesta a la crisis del neoliberalismo, en la que muchos trabajadores se quedaron desempleados y se vieron obligados a luchar por una mínima porción para poder subsistir. Después de los años 90, la crisis del neoliberalismo se agudizó aún más con la llegada del gobierno de la Alianza, que profundizó las políticas de ajuste. Y, como sabemos, esto desencadenó el gran estallido social, cultural, político y económico de fines de diciembre de 2001, cuando el pueblo salió espontáneamente a las calles.
-¿Cómo subsistían las clases populares en ese momento?
-Y la forma de sobrevivir era, obviamente, en primer lugar, luchar por programas sociales y asistencia estatal, pero también creándose su propio trabajo, como limpiar vidrios en la calle, vender pan y organizar comedores y distribuir leche en el barrio. Todo lo que son trabajos de muy baja estima social. Pero cuando uno se pone a ver, gestionan lo más indispensable de la vida comunitaria, como el alimento y la salud, aspectos indispensables para que la vida en comunidad pueda ser posible.
CRISIS LABORAL Y LA ECONOMÍA POPULAR
Uno de los aspectos que surge inevitablemente al observar la realidad de los trabajadores de la economía popular es la precariedad de las condiciones en las que realizan su labor a diario, principalmente debido a su situación de estar fuera de la legislación o protección laboral. Lucas Bruno señala este aspecto en particular como uno de los principales problemas que el Estado podría abordar y resolver. Ahora bien, el sistema capitalista, explica, no está resolviendo los problemas de sectores más amplios de la población.
-Actualmente no son solo los trabajadores informales los que están en una situación crítica ¿Qué análisis haces sobre estos aspectos?
-Vemos que muchos trabajadores en relación de dependencia, sindicalizados, que tienen ciertas garantías sociales, viven bajo la línea de pobreza ¡Son trabajadores pobres! Y no es solamente por la crisis macroeconómica que vive el país o por la devaluación de la moneda. Esto pasa en la mayor parte de los países del mundo. Eso, lo que nos muestra es que hay un modelo de producción que no está respondiendo a las demandas de las comunidades.
-¿Qué experiencias o ejemplos rescatas de la economía popular?
-Los artesanos, por ejemplo, son una representación clara de la economía popular: trabajadores independientes en el ámbito cultural que se organizan de manera colectiva. Me gustaría agregar algo más: un monotributista que trabaja de manera independiente, como un repartidor de Rappi, es un trabajador de la economía popular que no siempre se reconoce como tal. Este es un problema de la política y también nuestro, ya que no hemos sabido cómo abordarlo. El neoliberalismo tiende a considerarlo como un empresario que puede valerse por sí mismo, mientras que nosotros no hemos logrado identificarlo como un trabajador que debe luchar por sus derechos.
ECONOMÍA POPULAR Y ESTADO
A lo largo de las últimas décadas del siglo XX y en el transcurso del siglo XXI, estos movimientos sociales se han consolidado gradualmente, tanto en términos de cantidad como de diversidad política e ideológica. Esto les ha permitido conquistar diferentes espacios, incluso dentro del propio Estado. En algunos casos, han logrado situar a sus representantes en los poderes ejecutivos o legislativos, lo que demuestra su creciente influencia en la vida política de Argentina.
-¿Cómo empieza a institucionalizarse el sector?
-A partir de sus instrumentos organizativos. En su momento, la CTEP obtuvo personería jurídica a fines de 2015, y después se estableció la UTEP, con una marcada orientación hacia la sindicalización de los compañeros. Era necesario afiliarse a la UTEP para poder formar parte de un gremio que defendiera y luchara por sus derechos, y que estuviera compuesto por una alianza de muchas organizaciones sociales y populares. En 2017 se logró la aprobación de la llamada Ley de Emergencia Social, a partir de la cual se estableció el Salario Social Complementario, que hoy se denomina Potencial Trabajo. En ese momento, durante la presidencia de Macri, se logró gracias a la lucha. Sin embargo, a partir de 2019, comenzaron a perfilarse políticas orientadas hacia la producción de bienes por parte de la Economía Popular, que incluyeron la entrega de máquinas, la capacitación del personal y otros aspectos. Desde entonces, el INAES (Instituto Nacional de Economía Social) inició un sólido proceso de capacitación y, por otro lado, de institucionalización. ¿Qué implica esto? La creación de cooperativas de trabajo, es decir, la conversión de la mayoría de compañeros y compañeras en cooperativistas para que tengan una cobertura institucional y puedan vender y facturar sus productos.
-¿Por qué el Estado debe sostener la Economía Popular?
-Porque es una deuda social que de otro modo no se resolvería. Los compañeros y compañeras no desean depender de planes y programas sociales. Lo que tenemos en la actualidad es un programa de empleo que proporciona un salario por el trabajo. Por ejemplo, las compañeras que todos los días abren el comedor para ofrecer una política alimentaria en el barrio porque la comida no alcanza, son trabajadoras que dedican su tiempo a producir alimentos. Entonces, el Estado les remunera por un servicio esencial. Si estas compañeras no alimentaran a los niños del barrio, los índices de desnutrición en Argentina estarían en niveles preocupantes. El trabajo que realizan es crucial y esencial para la comunidad, aunque no necesariamente para la estructura productiva del país, sí lo es a nivel comunitario. Durante la pandemia, por ejemplo, muchas trabajadoras del cuidado visitaban casa por casa y llevaban alimentos a las personas en aislamiento. Son trabajos fundamentales, y por eso el Estado debe compensarlos, ya que no hay nadie más que los realice, y se ocupan de cuestiones vitales como la alimentación, la salud y el cuidado.
¿Cómo es el vínculo con el Estado provincial?
En la Provincia de Córdoba, gracias a una decisión del gobernador Schiaretti, en el presupuesto que se aprueba anualmente en la legislatura, se establece que el 5% de las compras realizadas por el Estado deben ser adquiridas a cooperativas o unidades productivas de la economía popular. Además, se ha implementado un programa de fortalecimiento de la economía popular que complementa muchas políticas nacionales que a menudo quedaban a medio camino. La adquisición del 5% es de gran importancia, ya que en muchas ocasiones los obstáculos se presentan en las cadenas de comercialización. Por ejemplo, las cooperativas textiles producen mochilas que luego se distribuyen a los estudiantes al comenzar las clases, o fabrican las sábanas para los hospitales; durante la pandemia, producían barbijos. Todas estas adquisiciones son realizadas por el Estado. Ojalá esta medida no sea simplemente una decisión política del gobernador, sino que se institucionalice y que los proveedores de la economía popular sean reconocidos de la misma manera que cualquier otro proveedor del Estado, como una empresa o una pequeña y mediana empresa (Pyme), dado que los productos poseen la misma calidad que los generados por empresas de primer nivel. Además, son mucho más económicos.
PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS
-¿Qué modos de insertarse en la economía, de comercializar sus productos y servicios, ha encontrado la Economía Popular?
-La forma de comercialización de los productos de la economía popular es muy precaria. No puede ser que en la actualidad, elaborando productos de la misma calidad que una empresa, la única salida sea a través de ferias. Existen muchas ideas y propuestas para mejorar esta situación, como la creación de nodos territoriales. Los métodos más comunes son las ferias, donde se encuentran productos gastronómicos y artesanales, o la venta ambulante en la calle. Es injusto que esto sea la única opción, ya que suele resultar en una disminución de los precios de los productos elaborados por este sector, que insisto, tienen la misma calidad que muchos otros productos de la economía formal. Se han planteado muchas ideas para la creación de nodos productivos en los barrios o la implementación de un ecommerce donde se puedan vender las elaboraciones. Es importante considerar las demandas y particularidades de un sector que, desde 1995 hasta la fecha, ha experimentado una escasa inserción laboral y ha tenido pocas herramientas para integrarse directamente en la comunidad. Por lo tanto, cualquier apoyo brindado a este sector debe ir acompañado de un proceso de capacitación y formación.
-¿Algún ejemplo que valores como positivo?
-Hay una experiencia que es la de “No se mancha”, que es una cooperativa de fábrica de pelotas de fútbol que sí ha podido dar un salto de calidad y un salto de comercialización también porque he tenido mucha repercusión mediática, donde incluso tienen un local.
-¿Cómo proyectas vos a la Economía Popular en el Estado?
-Creemos que es prioritaria la creación de un ente, un organismo autárquico con autonomía, encargado de definir las políticas para el sector, similar a lo que sucede en otros ámbitos, como el de la economía circular, que también está en crecimiento y ha recibido un fuerte apoyo por parte del intendente Martín Llaryora, con un notable éxito. Este ámbito cuenta con un ente encargado de establecer las políticas públicas relacionadas con el sector. En el caso de la economía popular, es esencial que se establezca un ente similar, donde se definan las políticas públicas para este sector. Esto no solo beneficiaría al sector en sí, sino que también sería una contribución a uno de los principales problemas que enfrenta Argentina en la actualidad, que es la promoción del trabajo digno, es decir, el trabajo con derechos.
-¿Qué tiene para ofrecer la economía popular?
-Muchas veces se piensa que la Economía Popular es un fenómeno transitorio, que es un fenómeno que, si se resuelve la pobreza, pasa. Y lo real es que estructuralmente es un sector ya de la economía argentina. Y no digo sólo de lo social porque es un sector productivo es un sector productivo que produce bienes y servicios, y que aportan soluciones concretas de las comunidades donde están. Entonces cuando a mí me preguntan ‘¿qué tiene la economía popular?’, yo creo que tiene la posibilidad justamente de pensar efectivamente la justicia, y la justicia social, para ser más preciso.
