Mientras en el Congreso se dilata el tratamiento de la Ley de Alquileres, los inquilinos deben sobrellevar la carga de resolver, mes a mes, el pago de la renta del lugar que habitan, con la incertidumbre de no saber qué sucederá con cada renovación de los montos, o nueva elaboración de un contrato. A la dificultad que implicaría volver al antiguo régimen, se suma la angustia que significa estar atrapados entre los vaivenes del mercado, las condiciones económicas del país, y los caprichos de los propietarios que regulan los montos pretendiendo cada vez menos condiciones.
En este debate subyace una problemática aún mayor: son millones los argentinos que viven en hogares cuya propiedad no les pertenece, y ven cada vez más lejana la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Según INDEC cerca del 30% de los hogares en Córdoba son habitados por personas o familias que no poseen la propiedad de sus viviendas. Virginia y Ana Laura, nos cuentan que esta realidad es resultado de un proceso que se fue agravando progresivamente: “en las últimas dos décadas, el alquiler residencial es la forma de tenencia que más creció en Argentina y en otros países de la región, proceso que se conoce como ‘inquilinizacion’”.
-¿Por qué es tan difícil acceder a una vivienda propia?
-El problema del acceso a la vivienda es de largo tiempo. Sin embargo, las políticas neoliberales lo han acentuado. La mercantilización de la tierra y la vivienda, entendidos como activos económicos para la revalorización del capital, han confluido en el aumento de su valor. Esto también atentó contra la accesibilidad por parte de un gran porcentaje de los hogares. A esto se suman las políticas estatales de poco alcance y coberturas que no representan posibilidades reales de acceso a la vivienda, sea para propiedad o por alquiler.
-¿El problema del acceso a la vivienda en los últimos 20 o 30 años es por un crecimiento del valor de la tierra o una desmejora en la capacidad salarial de los trabajadores?
-Hay un problema en ambos aspectos ya que la inequidad con el valor del alquiler en relación al salario que es verdaderamente complejo. Según la publicación de Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba (IDECOR) la mediana de valor para un departamento estándar de 50m2 estaba en 2021 en $19.500, mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) de octubre de ese año era de $32.000. Es decir que más del 50% de los ingresos se destinarían a alquiler. Si bien no podemos hacer la misma comparación hace 20 años (por falta de datos sobre los precios), en 2001, casi el 20% de la población no alcanzaba el SMVM. Mientras que en el tercer trimestre de 2021, si analizamos los datos de INDEC, más del 60% de la población no alcanza un SMVM. Se triplicó esa problemática. En este contexto, las dificultades para solventar los gastos de vivienda son evidentemente mayores.
En el debate sobre la Ley de Alquileres aparece un silencio por parte de los principales medios en torno a la vivienda ociosa. En argentina son millones los que tienen que resignar gran parte de sus salarios para pagar el alquiler, y se les torna verdaderamente imposible adquirir una vivienda propia. Al mismo tiempo, se multiplica la cantidad de propiedades habitacionales que poseen los más ricos del país.
-¿Hay una concentración de la propiedad habitacional en nuestra región?
-Sí. Evidentemente no hablamos de aquellas personas que tienen una o dos unidades para renta, sino de una concentración en manos de individuos o agrupaciones que pueden manejar los precios. La disponibilidad de unidades residenciales que no se colocan en el mercado vía especulación, evidencia una concentración de la propiedad para alquiler en manos de quienes pueden esperar un mayor precio.
-¿Estas realidades entonces aumentan la inequidad entre propietarios e inquilinos?
-Principalmente dificulta el acceso a ese bien básico e indispensable para la vida que es el hogar. En los últimos años la construcción de viviendas para población solvente, lo que se conoce un poco como “ahorro en ladrillos”, implicó el incremento del parque habitacional sin uso y con posibilidad de sus propietarios de aguardar por un mayor o mejor pago (especular). Según el estudio de Gargantini, el 19 % del parque habitacional está desocupado y a pesar de la disponibilidad de unidades habitacionales, muchas son inaccesibles incluso para la clase media.
-¿Se sabe quiénes concentran en Córdoba?
-Bueno… este creo que es un tema poco estudiado o que poco se puede o se quiere saber… pero va de la mano con la falta de regulación del mercado de alquileres. Es decir, por ejemplo para poder gravar la propiedad vacante, debería saber primero de quien es, cuántas unidades tiene, si están libres o no, etc… relevamiento, diagnóstico, registro y voluntad política de hacerlo principalmente.
Mientras los precios de los alquileres suben al ritmo de la inflación (al menos con la Ley vigente), en tanto los salarios no puedan acompañar dicho ritmo, los inquilinos deben verse en la situación de repensar estrategias económicas para poder acceder a un techo que habitar. Sobre este hecho le preguntamos a Virginia y Ana Laura, para saber cómo impacta en la ciudad.
¿Qué pasa con los que no acceden a una vivienda propia, no pueden alquilar o no tienen dónde vivir?
-Como mencionamos anteriormente, el problema de acceso a la vivienda, desde diferentes modalidades, sea la compra, construcción o alquiler, se viene profundizando desde hace décadas. Los emergentes de esta vulneración del derecho a la vivienda se expresan según las condiciones socioeconómicas de los hogares (en especial, sectores medios o bajos) en intersección con el género. Por ejemplo, muchas familias debieron resignar la localización de la vivienda en alquiler buscando barrios o sectores (e incluso localidades del Gran Córdoba) de menor calidad urbana y más barata. Hay que entender que esto implica mayores tiempos y costos de movilidades y transporte. Otros hogares, por ejemplo, ante la imposibilidad de sostener el pago de alquiler, o por las dificultades a la hora de conseguir los requisitos que establecen las inmobiliarias y propietarios para hacer un contrato de alquiler, como presentar recibos de sueldo o garantías propietarias, terminan alquilando de manera informal. Esto es un problema porque representa acuerdos frágiles y en muchos casos conlleva el pago de alquileres más caros, en barrios periféricos.
-¿Esto implica nuevas formas de segregación?
-Claro, porque otro emergente vinculado a esto es el aumento y/o densificación de los barrios populares, como villas y asentamientos, como alternativa de resolver el problema de un lugar de residencia. O la co-residencia de distintas familias compartiendo la vivienda, lo que marca procesos de condiciones de vida marcadas por el déficit y precariedad habitacional.
–Comentaron recién que el género también es una variable para comprender los problemas habitacionales ¿Cómo sería?
-Las mayores vulneraciones para el grupo de hogares con jefatura de mujeres o población trans. El acceso a la vivienda por alquiler representa mayores dificultades derivadas de las posibilidades de cumplimentar con la documentación exigida (recibo de sueldos, por ejemplo) o frente a una relación desigual de poder contractual, los locatarios pueden elegir a quien alquilar, remarcando procesos de estigmatización hacia la población trans o de mujeres con niñes.
En tanto el acceso a una casa propia sea imposible para la mayoría de las y los trabajadores, en un país con miles de viviendas ociosas y millones de hectáreas en pocas manos, la puja entre inquilinos y propietarios derivará siempre a favor de quienes detentan la propiedad. No sólo es necesaria una ley que proteja a quienes alquilan, sino que resulta fundamental legislar en favor del acceso a la vivienda propia para las grandes mayorías que día a día deben sobrellevar la angustia de ver que buena parte de sus salarios se destinan para garantizarles un techo a sus familias.
